Pedro Sánchez, Telefónica y la acampada sindical ante la SEPI de la ministra Montero

Hace ahora poco más de 20 años, miles de trabajadores abandonaron sus casas y se instalaron en el paseo de la Castellana, frente a la sede del Ministerio de Economía. Unos 1.500 currantes estuvieron allí cerca de seis meses, pasando el frío madrileño de febrero y los calores de julio. Eran empleados de Sintel, una compañía fundada en 1975, propiedad de Telefónica, que fue vendida en 1996 al grupo Mas Canosa, con la gran consultora McKinsey de por medio. Unos cubanos anticastristas, ricos de Miami, cuyos herederos han comprado ahora el Real Zaragoza Club de Fútbol, y que la llevaron a la quiebra en el tiempo récord de cuatro años.

La plantilla montó literalmente un poblado que fue llamado el Campamento de la Esperanza bajo el lema "Sintel no se rinde". La resistencia fue mayúscula y el escándalo público de ver a los obreros sobrevivir en malas condiciones de tal magnitud que obligó a intervenir al presidente del Gobierno, José María Aznar, para que mediase con Telefónica, en busca de un acuerdo de recolocación para los empleados y unas compensaciones para los prejubilados de 55 años. El 4 de agosto de 2001 retiraron la protesta callejera en la confianza de que se aplicaría el acuerdo.

Sin embargo, no llegaron a cobrar las indemnizaciones hasta 2013, gracias a que un juez obligó a los Canosa a pagar a la plantilla unos 35 millones de euros (más de lo que abonaron por comprar la empresa entera a Telefónica) antes de que se celebrara un juicio que retrataba a todas las partes. Aquella fue la última gran batalla sindical que se recuerda y con victoria para los obreros, más allá de los pequeños conatos en alguna factoría de coches o más recientemente en Alcoa. Sobre todo porque algunos de sus líderes, como Pepe Álvarez, el actual jefe asturiano-catalán (antes se hacía llamar Josep) de UGT, se pasaron directamente al bando empresarial, como asesor —bien 'pagao' y sin fular republicano— del propio presidente de Endesa.

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Aquella foto de trabajadores pasándolas canutas, en la calle, con hogueras para calentarse, aún perdura en la mente de cualquier politólogo no cortoplacista, de tertulia y 'tracking' electoral diario, sobre todo de los de izquierdas. Una pesadilla a eludir que ha llevado a Pedro Sánchez a llamar al presidente de Deutsche Bank para que haga todo lo posible con el fin de evitar el concurso de acreedores de Celsa, la mayor compañía siderúrgica española, con una plantilla directa de 4.000 empleados en España y 7.000 en toda Europa.

El presidente del Gobierno, después de que un grupo de sindicalistas se movilizara la semana pasada en Barcelona ante las sucursales de la entidad financiera teutona, tomó una medida tan preventiva como insólita de requerir al primer ejecutivo del banco alemán, acreedor de la compañía catalana, para que aceptase las condiciones ofrecidas —una quita de 1.200 millones más renunciar al derecho de ejecutar la garantía del préstamo— por los Rubiralta, los dueños de una empresa que lleva más de una década con una crisis de deuda —3.000 millones, que se dice pronto— sin solución.

A Sánchez, que se teme lo peor en las elecciones en Andalucía tras los fiascos de Castilla y León y Madrid, lo último que le faltaba era una manifestación sindical. Además, el presidente del Gobierno recibió un mensaje de la Generalitat de Cataluña, donde Celsa tiene su sede social, para que intermediase en favor de su tejido industrial. Un toque de atención de ERC, cuyo apoyo es esencial para cumplir su legislatura, puesta en duda tras el caso Pegasus, y ante el ascenso de Alberto Núñez Feijóo.

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Por eso, aunque nunca había pisado una factoría de Celsa y hasta en Moncloa confundían a la siderúrgica con Cepsa, la de las gasolineras, se afanó en tomar las riendas y presionar a Deutsche Bank para que fuera sensible con la situación. Lo cierto es que el banco alemán apenas tiene el 15% de la deuda de la compañía española, 360 millones de los 2.400 que adeuda a los fondos.

Un pasivo que compraron a los bancos españoles, los cuales la vendieron a derribo en 2019 por el temor a que no la recobrarían jamás. CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander y la antigua Bankia prefirieron perder más de 1.000 millones y vender la deuda al 20% de su valor nominal para quitarse de encima un problema contable y otro reputacional, que ahora se están comiendo los llamados fondos buitre. Como Cross Ocean, SPV Global, Anchorage o Goldman Sachs no tienen sucursales visibles en España, la presión ha ido contra Deutsche Bank, que sí tiene oficinas a pie de calle, donde internamente califican de chantaje la estrategia de los Rubiralta.

Aunque el tiempo se acaba y pese a las descalificaciones que se han dedicado, las partes deberían estar condenadas a entenderse en la madrugada previa al día D, que es el 28 de junio. Porque, en el otro escenario, el del preconcurso de acreedores, todos pierden más de lo que cederían ahora. Un acuerdo que, en cualquier caso, sería una solución a corto plazo, porque la banca española, que durante la pandemia volvió a prestar 500 millones en circulante a Celsa, está obligada a vender de nuevo esta deuda a los fondos oportunistas en cuestión de meses.

Celsa le pide ahora a los fondos que le perdonen 1.200 millones de euros de deuda no sostenible. La banca ya le condonó 1.000 millones en la reestructuración financiera de 2017. Solo una aportación de dinero fresco o la conversión de deuda sería una solución contundente.

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La SEPI, para lavarse las manos, aprobó este viernes el rescate de 550 millones sin la condición 'sine qua non' exigida por ella misma: el acuerdo entre accionistas y acreedores. El organismo oficial incumpliendo su propia cláusula. Un sinsentido, salvo para meter más presión desde un ente público con eficiencia mejorable, que en casi dos años de vida no ha utilizado ni un tercio de los fondos previstos por el Gobierno (10.000 millones). El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero se justificó, para evitar otra Plus Ultra, al indicar que el dinero se ha aprobado, que no concedido, después de "un exhaustivo y riguroso proceso de análisis" al que le han dedicado un año y 10 meses. Tiempo se han tomado.

¿Estaría dispuesta la SEPI a aceptar una quita del dinero público si más adelante Celsa le pide el mismo sacrificio que a los acreedores actuales?

Celsa le pide ahora a los fondos que le perdonen 1.200 millones de euros de deuda no sostenible. La banca ya le condonó 1.000 millones en la reestructuración financiera de 2017. ¿Estaría dispuesta la SEPI a aceptar una quita del dinero público si más adelante la empresa catalana le pide el mismo sacrificio que a los acreedores actuales y anteriores? Solo una aportación de dinero fresco o la conversión de deuda sería una solución contundente.

Pero, si el riesgo sindical de Celsa es importante, en Moncloa no han debido de mirar aún cuántos empleados tiene Ezentis, otra compañía que, como en su día Sintel, vive de los contratos de Telefónica. Ezentis, antes llamada Avanzit y previamente Radiotrónica, ha pedido una ayuda urgente a la SEPI de 70 millones. La empresa tiene 9.000 empleados, más que la siderúrgica y, como esta, necesita dinero urgentemente. La diferencia es que su dueño, José Elías, no ha movido los hilos de la política catalana y nacional para presionar a los acreedores, entre los que están los grandes bancos españoles y el ‘hedge fund’ Muzinich, similar a los de Celsa.

Elías es tan aparentemente noble como demostradamente ingenuo, pese a sus exhibiciones de coches de lujo y helicópteros, más propios del reguetonero Omar Montes que de un ejecutivo de una empresa cotizada. Es así y lo luce con orgullo por haberse hecho a si mismo. Pero, si sus sindicatos se movilizan, el follón estará montado. Telefónica, por si acaso, para no resucitar el caso Sintel, ha asegurado que le mantendrá el contrato de proveedor de infraestructuras por dos años. Todo un alivio para Ezentis, que necesita oxígeno urgente. Y la SEPI solo dos reuniones antes del consejo de ministros del 28 de junio para evitar o meterse en algún que otro escándalo.