Marina d’Or reclama 407 millones a Marruecos por dos inversiones fallidas

Arbitraje histórico. Comercializadora Mediterránea de Viviendas —antigua Marina d’Or— ha presentado una solicitud de arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) contra Marruecos por una reclamación de 407 millones de euros. Lo ha hecho a través del despacho B. Cremades & Asociados.

Esta disputa llega tras las inversiones fallidas del grupo español en dos nuevos desarrollos urbanísticos marroquíes en 2004. Marina d'Or alcanzó un acuerdo con Marruecos para impulsar dos nuevas ciudades satélites con las que descongestionar grandes capitales: Rabat y Tánger. "Tal iniciativa fue aplaudida por la comunidad internacional y recibió el respaldo de tanto el Banco Mundial como la Unión Europea", señalan los demandantes.

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Pilar Gómez

El primero de estos proyectos fue la Nueva Ciudad de Tamesna, en las afueras de Rabat. Marruecos se comprometió a dotarla de todos los equipamientos e infraestructuras necesarias, que quedaría conectada a Rabat por autovía, tren y demás servicios de transporte necesarios, según el arbitraje. De hecho, parte del campus de la Universidad de Rabat se trasladaría a la nueva localidad, en la que Marina d'Or recuperaría su inversión con la venta de complejos inmobiliarios.

La realidad es que la Nueva Ciudad de Tamesna sufrió un giro radical en su ordenación urbanística, "que ha abocado a que aquella idílica nueva ciudad actualmente se reduzca a unos cuantos edificios aislados, que ni siquiera cuentan con servicio de recogida de basuras, rodeados de mercadillos ilegales", exponen.

La Perla de Tánger

La segunda inversión fallida se produjo en la denominada Perla de Tánger, un complejo inmobiliario cerca de la ciudad marroquí. "Esta inversión fue igualmente concebida para su venta a terceros, financiándose la construcción mediante la venta de los nuevos inmuebles a los nuevos residentes. Durante la ejecución de este proyecto, el inversor español fue víctima de un bloqueo administrativo resultante de conflictos internos entre las autoridades marroquíes, reconocido por el propio Tribunal de Cuentas marroquí en su informe especial de 2014, que se ha traducido en la pérdida irremediable y total de la inversión proyectada", exponen los demandantes.

Los mismos explican que llevan años tratando de llegar a una solución con el Gobierno marroquí, sin éxito. "Todas las negociaciones han sido inútiles y frustradas por las propias autoridades marroquíes involucradas".

Según el socio del despacho, Bernardo Cremades Jr., “en Marruecos se producen preocupantes atropellos a las inversiones españolas”. Por su parte, Jesús Ger García, fundador y presidente de Marina d’Or, muestra su indignación con las autoridades marroquíes por el trato recibido contra su empresa e inversiones.

La solicitud de arbitraje se fundamenta en las garantías de protección de inversiones establecidas en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Marruecos de 11 de diciembre de 1997, el cual incluye una cláusula de arbitraje internacional ante el CIADI. El eventual laudo que dicte el tribunal arbitral es de obligado cumplimiento para el Reino de Marruecos.