Los rusos buscan países 'puente' para invertir en ladrillo y esquivar un posible veto de la UE

El próximo paquete de sanciones que la Comisión Europea está perfilando contra Rusia por la invasión de Ucrania ha puesto el foco en el control de las exportaciones de combustibles fósiles para tratar de castigar la principal fuente de divisas del Estado que preside Vladímir Putin. Pero la batería contempla, también, la posibilidad de ampliar las restricciones a los movimientos de los capitales rusos que ya se pusieron en marcha cuando estalló el conflicto bélico. Además de sanciones a personas específicas [los oligarcas], las primeras rondas punitivas incluían la prohibición de aceptar depósitos de más de 100.000 euros de ciudadanos rusos, el bloqueo al acceso al sistema SWIFT a siete bancos rusos o la limitación de entrada de entidades rusas al mercado comunitario.

Ahora, la Unión Europea pretende ir un paso más allá y vetar la compra de inmuebles a ciudadanos rusos en territorio comunitario. El ladrillo como inversión refugio ya se ha visto tocado con los controles sobre las trasferencias de fondos desde Rusia, pero la prohibición de compra pretende poner coto a las operaciones con recursos procedentes de otros países lideradas por ciudadanos rusos. Ante esta perspectiva, despachos de asesoría financiera y de inversión han comenzado a buscar posibles vericuetos con los que abrir ventanas a sus clientes con el fin de mover capitales rusos con destino a países como España, pero usando mecanismos pantalla a través de Estados con una posición mucho más laxa en su respuesta a la invasión.

Despachos con presencia en la costa valenciana que trabajan con ciudadanos rusos admiten a El Confidencial que se están perfilando fórmulas para sortear las sanciones de la UE, empleando estructuras societarias o financieras en lugares como Kazajistán, Armenia, Dubái (Emiratos Árabes Unidos) o Singapur. No es nada nuevo. Hay antecedentes. El empresario ruso Alexei Mordashov, accionista ruso del turoperador TUI, transfirió en marzo sus participaciones a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes días después de la invasión y cuando su nombre apareció en la lista de oligarcas rusos afectados por las sanciones de disposición de participaciones en empresas europeas.

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Pero escapar de los controles no es de entrada un mecanismo fácil. Los bancos europeos están exigiendo certificados de trazabilidad de los fondos y de titularidad de las entidades ordenantes cuando se producen trasferencias para operaciones en el mercado europeo, además de estar sometidos a las normas de vigilancia y alertas antiblanqueo del Sepblac, que exigen saber quién está detrás del dinero.

La inversión inmobiliaria rusa en España no es determinante en comparación con otros países. Vivió un pico importante en 2012, cuando copó más del 9% del conjunto de las operaciones de extranjeros. Desde entonces, las cifras han ido en descenso. El año pasado se cerraron 1.280 operaciones en todo el país, según datos difundidos por la Agencia EFE a partir de datos del Colegio de Registradores. El veto de la UE cerraría este mercado.

Algunos promotores están advirtiendo también de las situaciones de incertidumbre que generan las sanciones en operaciones que ya estaban planificadas de antemano o con anticipos de compras de inmuebles sobre plano, que podrían verse afectadas por las nuevas restricciones. "Los no residentes están teniendo muchos problemas. Hay inversiones a medio hacer, con compras señalizadas o pendientes de escritura, por no hablar de los inversores que habían comprado suelo para promover obra", señala un asesor inmobiliario de Alicante especializado en clientes rusos. Las sanciones están propiciando la resolución de contratos.

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Roxana Salinas, responsable de MG Villas, una inmobiliaria que comercializa viviendas 'prime' en la zona de Xàbia (Jávea) y otras localidades de la Costa Blanca, explica que ciudadanos rusos con permiso de residencia en España tienen muchos problemas para transferir fondos desde su país a España. Obtener la residencia, para quien todavía no la ha tramitado, se perfila como una misión casi imposible. "El ciudadano normal no tiene la culpa de lo que deciden los de arriba", se queja Salinas.

No obstante, desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia) relativizan el impacto del freno a los inversores rusos. En esta provincia, las nuevas sanciones pueden afectar a unas 200 o 300 operaciones al año. Jesualdo Ros, secretario general de la patronal, afirma que se está produciendo un proceso de sustitución con inversores ucranianos y de otras nacionalidades, como polacos, y que la lógica es que las promotoras hagan las devoluciones correspondientes y paguen las indemnizaciones pactadas en caso de resolución de contratos con compradores rusos. Legalmente, estas rupturas pueden encuadrarse en razones de causa mayor.