Las constructoras exigen cláusulas antiinflación para seguir haciendo viviendas

El alza de la inflación y de los costes de construcción que ha obligado a parar las obras de miles de viviendas en España también está provocando un plante de las constructoras, que están empezando a exigir a las promotoras la inclusión de cláusulas en los contratos que les permitan ajustar el cobro de sus trabajos a la evolución real de los precios.

Tras haber cerrado 2021 con un incremento del 23,5% de los costes directos de construcción, el sector esperaba una estabilización de precios este 2022. Nada más lejos de la realidad. Según las cifras que dio Seopan el pasado marzo, en esos primeros meses la electricidad se disparó otro 90%, el gas un 70%, el petróleo un 60% y el gasoil un 18%.

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A la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania se une que algunos materiales, como el acero, se producen mayoritariamente en los países en conflicto, una guerra que a su coste en vidas suma el económico, que ha llegado para quedarse, ya que Europa necesitará tiempo para digerir las sanciones al régimen de Vladímir Putin, lo que ha convencido a las constructoras de la necesidad de cubrirse ante un duro escenario cuyo fin nadie sabe predecir ahora.

"En los acuerdos entre empresas privadas están empezándose a pactar cláusulas de revisión de los precios de los contratos y huyendo de los acuerdos a precio cerrado, que no le vienen bien ni al constructor, ni al promotor ni a ninguno de los agentes intervinientes en la obra", reconoce Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Varias empresas consultadas por este medio, que piden guardar el anonimato, reconocen que están exigiendo a las promotoras indexar sus contratos a la evolución de los precios y tratando de diseñar un indicador a partir de una cesta de materiales seleccionados para que sirva de referente en el sector. En el fondo, se trata de orquestar un sistema similar a la actualización de los alquileres o los salarios al IPC para el poder adquisitivo.

En este caso, lo que se pierde es margen de beneficio, con la amenaza de perderlo todo si los costes de las obras se disparan, como está ocurriendo, muy por encima de la ganancia estimada cuando se firman los contratos.

Las constructoras están tratando de diseñar un indicador a partir de una cesta de materiales seleccionados para que sirva de referente

El problema es que los márgenes de la construcción son ya bastante ajustados, del 4% o 5%, insuficientes para hacer frente a subidas de costes de dos dígitos. A esto se une que a partir del próximo 30 de junio, salvo que el Gobierno vuelva a dar otra prórroga, caduca la moratoria que impide forzar un concurso de acreedores, toda una espada de Damocles sobre la cabeza de estas compañías que, según confiesan a El Confidencial, están en muchos casos rechazando contratos por la resistencia de las promotoras a asumir las nuevas condiciones.

"Ya en junio del año pasado advertíamos, sin imaginar que iba a suceder lo que ha terminado pasando, de la escalada de los precios en algunos materiales y de la importancia de tratar de incluir cláusulas de revisión de precios en los contratos de un sector en el que se trabaja con escaso margen", señala Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, patronal de la reforma y la rehabilitación.

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R. Ugalde

En el fondo, lo que están pidiendo las constructoras al promotor privado es lo que ya ha hecho la Administración en sus licitaciones. "En el sector público, estamos poniendo en marcha la aplicación del real decreto 3 y 6 que buscaba una revisión de precios de los contratos públicos de obra y que busca adaptar el incremento de precios y los vaivenes del mercado a la realidad de una obra", señala Fernández Alen.

Seopan estima que el coste anual de suministros para las obras de edificación en España supera los 38.000 millones de euros, siendo los productos siderúrgicos la principal porción de la tarta, al representar el 25,1% de los suministros totales, seguidos de cemento (13,3%), áridos (9,7%), madera (9,5%), materiales electrónicos (8,5%) y aluminio (6,3%). Una cesta que puede terminar convirtiéndose en el nuevo indicador de los contratos de obra residencial.