De Bankia a Bankinter: qué papel jugó la banca en la judicializada venta de Torre Cepsa

Sus 243 metros de altura e icónico diseño a nadie deja indiferente. Desde kilómetros de distancia de Madrid se distingue la silueta de Torre Foster. Es imposible no verla. Como imposible era, en el verano de 2016, hacer la más mínima 'due dilligence' del rascacielos sin que saltaran las alarmas en torno a Khadem Al Qubaisi, el hombre de negocios dubaití que, por unos minutos, fue propietario del gigante de acero.

Un millonario paréntesis que permitió al expresidente de Cepsa dar un castizo pelotazo de 100 millones de euros, dinero que podría haber servido para devolver parte del rescate de Bankia, pero que terminó repartiéndose en forma de jugosas comisiones. Por qué la historia se escribió así es lo que investiga la Audiencia Nacional, que esta misma semana ha llamado a declarar como testigos a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad; al consejero delegado del banco cuando ocurrieron los hechos, José Sevilla, y al secretario del consejo, Miguel Crespo.

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Tanto Bankia como Bankinter jugaron un papel crítico en el desenlace final de esta operación, la primera por ser la vendedora, y la segunda por ser la prestamista que facilitó al dubaití completar una jugada que lleva casi seis años bajo investigación. Primero, del Sepblac, que terminó imponiendo una multa histórica a la entidad dirigida por María Dolores Dancausa por su papel en esta historia; y después, por la Audiencia Nacional, que instruye la comisión de los posibles delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal.

A pesar de esta multa, y de que la investigación judicial surgió a raíz de un informe del Banco de España, por el momento, Bankinter no ha sido citada por el magistrado José Luis Calama, que ya había llamado a declarar como imputados a tres intermediarios de Al Qubaisi: Felipe Oriol y Rafael García-Tapia, primeros espadas de Corpfin Capital, el bróker inmobiliario que intermedió la operación, y Ramón Merino Enseñat, uno de sus hombres de máxima confianza en España. El otro, Javier Merino Enseñat, acudió en calidad de testigo el pasado jueves, junto a la cúpula de Bankia

La entidad había heredado la torre de Caja Madrid y tras su nacionalización, obligada por el plan de rescate, incluyó este edificio en el plan de desinversión de activos no estratégico en el año 2013. Aquel verano, Al Qubaisi puso sobre la mesa una singular oferta por el edificio: alquilarlo en su totalidad para Cepsa a un precio muy superior al que había entonces en el mercado y firmar una opción de compra a tres años por unos 400 millones.

Hasta aquí, más o menos normal. Pero el acuerdo incluía un importante matiz: quién tenía la opción de compra.

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Al Qubaisi era un asesor de la familia real dubaití y, como tal, un primer espada del fondo soberano IPIC, que en 2011 había comprado el 100% de Cepsa. Con el poder que le otorgaba el sillón presidencial de la petrolera, firmó el acuerdo con Bankia, pero en vez de hacerlo a nombre de IPIC, lo acordó a través de la sociedad Muscari Property, una instrumental bajo su control.

La antigua cúpula de Bankia explicó este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama que, aunque llamó la atención que la opción fuera a nombre de otra instrumental, como detrás de la misma estaba el entonces presidente de Cepsa, dieron su bendición del acuerdo. Las tensiones llegaron tres años después, cuando se cumplió el plazo para ejecutar la opción.

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En 2016, Al Qubaisi ya no estaba al frente de la petrolera y había sido en arrestado en Abu Dabi por su presunta implicación en un fraude multimillonario relacionado con el fondo soberano de Malasia 1MDB. Suma y sigue, porque el emirato le había prohibido salir del país y le había bloqueado la libre disposición de todos sus bienes, situación que ponía en jaque toda la operación.

Para entonces, el mercado inmobiliario había empezado a levantar el vuelo, tras el descalabro que supuso el estallido de la burbuja, y el mismo rascacielos por el que hacía apenas tres años se ofrecían 400 millones, ahora podía venderse un 25% más caro. De hecho, esta fue la jugada que puso en marcha Muscari a través de Corpfin Capital, bróker inmobiliario que habló con varios interesados en un proceso que terminó ganando Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.

Según han confirmado varias fuentes que tuvieron conocimiento de aquellas negociaciones, en cuanto se empezaba a analizar la operación, saltaban las alarmas sobre la situación de Al Qubaisi y del entramado accionarial a través del cual se propuso a los interesados ejecutar la operación, con pagos a cuentas en el extranjero que despertaron más de una suspicacia entre los interesados, cuyas preguntas se hacían cada vez más incómodas.

Pero tanto los grandes fondos internacionales como las compañías cotizadas están obligados a seguir estrictas políticas de cumplimiento normativo, especialmente en aspectos como el blanqueo de capitales, y la situación en la que se encontraba Al Qubaisi les exigía hacer preguntas cada vez más incómodas. Un escenario que jugaba en favor de un comprador como Pontegadea, empresa privada y con un único accionista.

Opinión

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En aquel delicado momento, consciente del interés que había por la torre y con el respaldo que daba la investigación internacional sobre Al Qubaisi, Bankia podría haber rescindido la opción y haber vendido directamente a Pontegadea o a cualquier otro interesado por los mismos 490 millones, en vez de por los aproximadamente 380 millones que terminó pagando Muscari.

La entidad habría tenido que pagar una penalización de 40 millones al dubaití por rescindir la opción, pero la cuenta le seguía saliendo a su favor en unos 70 millones, ya que habría vendido por unos 110 millones de euros más del precio que pagó Muscari. Las fuentes consultadas aseguran que se analizó esta opción, pero que se terminó descartando por el riesgo de que Al Qubaisi resultara inocente de la situación en la que se encontraba y adoptara acciones legales contra la entidad por haber roto la opción.

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Además, reputacionalmente se contempló como un aspecto muy delicado de explicar el tener que pagar 40 millones a un hombre investigado internacionalmente y, además, por una opción de compra que ya había generador un agujero de unos 400 millones de euros a todos los españoles, ya que esta torre se adquirió por 800 millones en los tiempos de Caja Madrid.

A Bankia todavía le quedaba la posibilidad de que caducara la opción sin que Muscari pudiera ejercerla por el bloqueo de las cuentas de Al Qubaisi. Y fue ahí donde entró en juego Bankinter con la concesión de un préstamo puente de 400 millones de euros, dinero que permitió al dubaití hacerse con el rascacielos a precio de ganga. La entidad siempre ha defendido que se cumplió con la legalidad y que la operación estaba avalada por los fondos de Pontegadea.

Una versión que choca frontalmente con la resolución del Sepblac que le multó por tres graves incumplimientos de la normativa sobre prevención de capitales y financiación del terrorismo: de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, de la obligación de examen especial y de la obligación de abstención de ejecución.

Al margen de si cometió o no algún delito, algo que está en manos de la Audiencia Nacional, la realidad es que si Bankinter no hubiera concedido ese préstamo puente, la historia se habría escrito de manera muy diferente: Bankia habría recuperado más dinero para todos los españoles, Al Qubaisi se habría quedado sin pelotazo exprés, y los intermediarios de la operación, muchos ahora imputados, sin su comisión de oro.