Goiri declara ante el juez que Bankia estaba obligada a vender Torre Cepsa por el rescate

El expresidente de Bankia Ignacio Goirigolzarri ha declarado este jueves como testigo en el marco de la investigación sobre la venta de Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi en 2016. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó su citación para aclarar el grado de control y seguimiento de Bankia en esta operación y, según explican las fuentes consultadas, Goirigolzarri ha defendido que la venta resultaba obligada dentro del plan de desinversiones de la entidad.

Tras la nacionalización del banco, este se comprometió a desinvertir en todos los activos no estratégicos, movimiento dirigido, entre otros aspectos, a devolver el dinero del rescate. Bajo esta perspectiva, la entidad habría podido recuperar más dinero si, en vez de vender la torre por 400 millones a Al Qubaisi, se la hubiera traspasado directamente por 490 millones a Pontegadea, como terminó haciendo el abudabí. El problema es que Bankia estaba obligada por contrato a hacerlo con el primero.

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Además de Goirigolzarri, este jueves también han testificado el expresidente del comité de desinversiones de la entidad, José Sevilla, y el exsecretario del consejo de administración, Miguel Crespo. Los tres han apuntado a que fue en agosto de 2013 cuando el consejo de administración de Bankia aprobó firmar la opción de venta con Muscari Property, sociedad de Al Qubaisi, en vez de con la petrolera: como el hombre de negocios abudabí también era el presidente de Cepsa, lo vieron normal.

Pero, en 2016, cuando empezaron a llegar noticias sobre el arresto de Al Qubisi en Estados Unidos por su presunta implicación en un fraude multimillonario relacionado con el fondo soberano de Malasia 1MDB, sí saltaron las alarmas. La detención llegó, además, un mes después de que el emirato le prohibiera salir del país y le bloqueara la libre disposición de todos sus bienes, lo que ponían en jaque toda la operación.

Fue entonces cuando entraron en juego Bankinter, los hermanos Merino y la sociedad Corpfin Capital, todos ellos figuras clave para que se pudiera ejecutar la opción de compra y revender inmediatamente a Pontegadea. La entidad fue la que concedió el crédito puente de 400 millones que permitió a Muscari, además de salvar el bloqueo de fondos impuestos a Al Qubaisi, superar el control antiblanqueo.

Las fuentes consultadas explican que la Ley Antiblanqueo obliga a comprobar el origen de los activos y, gracias al préstamo puente, el dinero con el que se ejecutó la opción procedía de la entidad controlada por Jaime Botín y, el de la inmediata reventa, de Pontegadea. El papel de los hermanos Merino responde a que son los hombres de máxima confianza de Al Qubaisi desde la juventud y los guardianes de sus intereses empresariales en España.

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Para esta operación, crearon en el año 2013 las empresas Muscari Develpment BV Sucursal en España y Royal Arrow. En esta última, eran administradores Ramón Merino y el empresario Felipe Oriol, ambos citados como investigados junto a Rafael García-Tapia. Se da la circunstancia de que estos dos últimos militaban también en las filas de Corpfin Capital Real Estate, el bróker que llevó la reventa exprés de Muscari a un tercero, que terminó siendo Pontegadea.

El magistrado acordó citar a la antigua cúpula de Bankia a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial apuntaba a la necesidad de aclarar "el grado de control, seguimiento y conocimiento de la desinversión referida". Según recuerda el Ministerio Público, la entonces Torre Foster fue adquirida en 2007 por Caja Madrid, embrión de Bankia, a Repsol por 815 millones de euros, lo que plantea "dudas —anteriores, coetáneas y posteriores— referidas a la conclusión de la operación planteada y los auténticos implicados".

En los interrogatorios de este jueves han estado presentes los abogados de los tres imputados y un representante legal del propio Al Qubaisi. Las fuentes consultadas, de hecho, apuntan a que este último ha tratado de defender la legalidad de la operación durante la comparecencia, pero el magistrado ha terminado por pararle los pies.