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Del 5G al 'Juego del calamar': por qué las telecos se atragantan con el tráfico en la UE
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LA NEUTRALIDAD DE LA RED

Del 5G al 'Juego del calamar': por qué las telecos se atragantan con el tráfico en la UE

La disputa entre operadoras y grandes tecnológicas está volviendo a cobrar fuerza, sobre todo de cara a las inversiones del 5G. No se avistan leyes que cambien la situación en Europa

Foto: Foto: Pixabay.
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Es un debate del futuro, pero tiene más de una década. En 2010, César Alierta todavía era presidente de Telefónica y abría la veda contra Google. “Los buscadores de internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros”, zanjaba el exdirectivo en una conferencia. 10 años después, el nuevo presidente de la mayor operadora de España, José María Álvarez-Pallete, continúa con este legado —sin muchos frutos, de momento—. Este noviembre, varios directivos de las grandes telecos europeas reclamaron en una carta abierta que los gigantes de internet de EEUU debían compartir el coste que supone el despliegue y mantenimiento de las redes, ya que también se benefician de estas.

Se benefician con fuerza, de hecho. En octubre, el proveedor de internet surcoreano, SK Broadband, llevó a juicio a Netflix por la carga de tráfico desatada por la serie ‘El juego del calamar’, después de que en junio un tribunal de Seúl le hubiese dado la razón (sentencia que Netflix recurrió). Según SK, el tráfico de Netflix que soporta las redes del operador se disparó 24 veces desde mayo de 2018, llegando hasta los 1.200 millones de bits por segundo en septiembre. La estadounidense empezó a usar en 2018 una red dedicada a proveer de cada vez más contenido en vídeo para la audiencia de Corea a través de servidores en Japón y Hong Kong. Es decir, según SK, el éxito de Netflix supone una carga para el operador que la audiovisual debería de afrontar. Lo que SK quiere es que Netflix le pague como, por ejemplo, hizo en 2014 con el estadounidense Comcast Corp, donde formalizó un contrato para obtener servicios de ‘streaming’ más rápidos.

El caso del ‘Juego del calamar’ es un ejemplo extremo de una realidad más amplia. El quid de la cuestión es que las operadoras llevan años desplegando y mejorando las redes de telecomunicaciones que luego utilizan de forma masiva grandes empresas estadounidenses como Netflix o Amazon para proveer con sus servicios a los usuarios. Estos compromisos entran dentro de un corsé regulatorio que se mueve entre la Ley General de Telecomunicaciones, el Código de Comunicaciones Electrónicas o el Real Decreto 330/2016, entre otros. Todo, en un entorno de fuerte competencia por la proliferación de operadores y de desgaste a los balances de las compañías.

Foto: Escena de 'El Juego del calamar'. (Netflix)

En la última década, Telefónica, Orange, Vodafone y (aunque mucho menos) MásMóvil han invertido más de 30.000 millones de euros en desplegar las redes de nueva generación de fibra y móvil 4G. Una inversión que, según defienden, permitió que los españoles se pudiesen conectar en masa durante el confinamiento. Ahora, el debate de la inversión en redes vuelve a saltar y coincide justo con la llegada del 5G.

Tras la subasta de los 3,5 GHz de 2018, este año se llevó a cabo la subasta del tramo de los 700 MHz por 1.100 millones repartidos entre Telefónica, Orange y Vodafone, quedando todavía pendiente la adjudicación del espectro en la banda ancha de 26 GHz (donde se incluirá el uso del 5G para la industria). Un despliegue que pone, de nuevo, de manifiesto quién se beneficia realmente de la inversión en innovación. En la carta abierta de la semana pasada, operadoras como Deutsche Telekom, Vodafone o Telefónica, entre otras (fueron un grupo de 13) argumentaban que el modelo actual “permite a los ciudadanos de la UE disfrutar de la transformación digital, pero solo será sostenible si las grandes plataformas también contribuyen a los costes de la red”. En la carta, no mencionaron ningún nombre, pero todos los ojos están puestos sobre compañías como Amazon, Netflix o Facebook.

En España, hay varias leyes que afectan al sector y que se están actualizando y trasponiendo desde Europa, como es el caso de la Ley de Telecomunicaciones o la Ley de Comunicación Audiovisual. Ambas intentan nivelar el terreno de juego frente a la nueva economía (con sus consiguientes polémicas), pero ninguna aborda este tema de la inversión en redes.

placeholder El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (EFE/Zipi)
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (EFE/Zipi)

No en vano, en Europa el debate está blindado por lo conocido como ‘neutralidad de la red’. Este concepto, recogido en un reglamento europeo de 2015, establece que todo el tráfico que pasa por la red debe ser tratado por igual, sin tratos preferentes o prohibiciones. “Los operadores no pueden condicionar el acceso a un tráfico o a otro, ni interferir en los contenidos a los que se accede o que se distribuyen a través de sus redes”, explica Leandro Núñez, socio del despacho especializado en nuevas tecnologías Audens. “Por tanto, no existe ninguna normativa europea que obligue a los grandes usuarios a participar en la inversión para la mejora de dichas redes, porque supondría una discriminación para dichos usuarios”.

El concepto de la neutralidad tecnológica ya se incluye en la Ley de protección de datos y garantía de los derechos personales de 2018. Además, este principio se introduce de forma coherente en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, explica Isabel Martínez Moriel, socia del despacho Andersen y responsable del área de Competencia. “El Reglamento no solo exige a los operadores que no discriminen un tipo de tráfico en favor de otro, sino que establece importantes obligaciones de transparencia para identificar cualquier limitación que pretendan imponer para gestionar picos de tráfico en sus redes, y prevé sanciones en caso de incumplimiento”, añade Núñez.

Romper este principio podría traer problemas de competencia. “La razón por la que el principio de neutralidad tecnológica está consagrado en la legislación europea es para evitar que operadores que tienen el poder de cierre del mercado, como son los operadores dueños de las infraestructuras y las redes, puedan favorecer sus servicios y los de las empresas que les favorezcan comercialmente frente a terceros operadores independientes”, explica Martínez Moriel. Sin este principio, los operadores podrían extender “su poder de dominio a otros mercados adyacentes (como es, por ejemplo, el servicio 'streaming' de contenido), limitando finalmente las alternativas para los consumidores, desincentivando la innovación y, en definitiva, generando los efectos adversos de un monopolio a todos los mercados relacionados con las redes de comunicaciones”.

Foto: Foto: Pixabay.

“Por ello, aunque, incluso inicialmente una iniciativa de no computar el tráfico generado con el propio operador parezca positiva para el consumidor, en realidad, lo que se apoyaría es la propia expulsión del mercado de operadores que necesitan las redes para ofrecer sus servicios y que son independientes, reduciendo drásticamente la competencia en favor de servicios integrados y en manos de muy pocos operadores”, argumenta Martínez Moriel.

Los expertos consultados no recuerdan casos como el de SK, pero, según apunta un abogado que ha preferido permanecer anónimo, se trata de un caso con cuestiones “que no tienen cabida en el marco jurídico europeo”. Según esta fuente, la cuestión no es que las operadoras no quieran mejorar las infraestructuras, sino que, por el sector en el que operan, están obligadas a hacerlo, mientras que otros beneficiados (como las 'big tech') no lo están, lo cual supone una asimetría en la carga que soportan unas empresas u otras. Por ejemplo, Netflix o Google también invierten en infraestructuras (ejemplo de ello es el Open Connect o el cable submarino de Alphabet). De hecho, a Netflix le interesa que las infraestructuras sean buenas —tiene un buscador donde apunta a los países con los ISP (Internet Service Providers) más rápidos— y puede cerrar acuerdos de inversión con operadoras para mejorar esas redes, pero nunca en beneficio únicamente suyo. Lo que pasa es que estas empresas pueden acometer estas inversiones por iniciativa propia cuando les sea conveniente, y las operadoras no —las operadoras tienen que afrontarlo obligatoriamente—.

“Pese a que vemos estos mensajes ahora, en Europa no ha cambiado nada a nivel regulatorio que abra la posibilidad de que las grandes tecnológicas inviertan en esta tecnología ahora”, apunta. “Esta es una tensión natural entre operadores y plataformas que viene de largo y surge cuando se dan factores de interés”, matiza, poniendo de manifiesto que ahora, por ejemplo, las operadoras saben que van a tener que invertir mucho en el 5G y, paralelamente, cuentan con la llegada de los fondos europeos.

La discusión sobre quién debe pagar por el tráfico lleva años en el mercado

“Las operadoras saben que a corto plazo el mensaje no va a tener impacto, pero, cuando se dan casos como estos, intentan influir en las nuevas leyes para acercarse a un modelo como el estadounidense”, matiza, apuntando a la estructura impuesta por el republicano Donald Trump en 2018 que acabó con el principio de neutralidad en EEUU. “También es una forma de influir para que, si las grandes tecnológicas no ayudan, el Gobierno ponga de su parte, sobre todo ahora que llegan los fondos”.

En Europa, lo más cercano a casos como el de SK son los conocidos como ‘zero rating’. Se trata de una práctica en la que las operadoras móviles no cobran a sus clientes finales por un volumen de datos que se usa por aplicaciones específicas. El ‘zero rating’ es supervisado en Europa por el BEREC y en España por la rama de telecomunicaciones de la CNMC. Es un caso distinto al de SK porque aquí no se acelera o ralentiza la red, sino que se ofrece un servicio gratuito al usuario. Sin embargo, como apunta Martínez Moriel, “las tres sentencias más recientes del TJUE de 2 de septiembre de 2021, en los casos asuntos derivados de cuestiones prejudiciales respecto al Reglamento 2015/2120 —C‑854/19 (Vodafone), C-5/20 (Vodafone) y C-34/20 (Telekom)— tratan el principio de neutralidad tecnológica y establecen que incluso establecer al usuario tasas de 0 euros, para no computar el tráfico de datos utilizado con servicios propios o de empresas asociadas, es ilegal porque atenta contra la neutralidad tecnológica, esto es, se favorece el tráfico de contenido propio o de empresas asociadas atendiendo a razones comerciales y no puramente técnicas”.

De momento, el debate sigue latente, sobre todo ante la presión de los avances tecnológicos. “Creo que el mensaje a enviar es que los operadores de telecomunicaciones (ISP) y las plataformas digitales (OTT) se necesitan mutuamente y están condenados a entenderse”, zanja Núñez. “Son servicios complementarios: las plataformas necesitan redes de calidad para poner sus contenidos a disposición del público, y aquellos operadores que las ofrecen se ven premiados con un aumento en su clientela. Por ese motivo, la relación entre unas y otras debería basarse en la colaboración, pues es beneficiosa para ambas partes”.

Es un debate del futuro, pero tiene más de una década. En 2010, César Alierta todavía era presidente de Telefónica y abría la veda contra Google. “Los buscadores de internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros”, zanjaba el exdirectivo en una conferencia. 10 años después, el nuevo presidente de la mayor operadora de España, José María Álvarez-Pallete, continúa con este legado —sin muchos frutos, de momento—. Este noviembre, varios directivos de las grandes telecos europeas reclamaron en una carta abierta que los gigantes de internet de EEUU debían compartir el coste que supone el despliegue y mantenimiento de las redes, ya que también se benefician de estas.

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