La Justicia europea amenaza con tumbar las demandas contra el Santander por Popular

Giro clave en el caso Banco Popular. El abogado general de la Unión Europea (UE) se ha inclinado a favor de Banco Santander para tumbar a partir de ahora todas las demandas que reciba la entidad presidida por Ana Botín de antiguos accionistas del banco que se quedó en resolución en junio de 2017.

"La Directiva sobre la Reestructuración y la Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se opone, por un lado, a que quienes adquirieron sus acciones unos meses antes del inicio del procedimiento de disolución, con ocasión de una ampliación de capital con oferta pública de suscripción, puedan promover contra la entidad emisora o contra la entidad resultante de una fusión por absorción posterior, con posterioridad a la decisión de disolución, demandas de resarcimiento o demandas de efecto equivalente basadas en que el folleto de la emisión contenía información defectuosa", expone el abogado general.

TE PUEDE INTERESAR

Santander reconoce ante Luksic que tiene 16.000 demandas por Popular

Jorge Zuloaga

Este es un frente en el que Santander se juega mucho. Desde que se quedó Banco Popular hace más de cuatro años se ha encontrado con una avalancha de demandas de antiguos accionistas y bonistas de la entidad que presidió Ángel Ron. Prácticamente todas las que proceden de inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 —de 2.500 millones de euros— están siendo perdidas por Santander, incluidas las de inversores institucionales, a raíz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de junio. Antes incluso de esta sentencia, Santander reconoció hace algunos meses que tenía en marcha 16.000 demandas.

Este frente legal supone para el primer grupo español un riesgo de que dejen de salir los números que hizo cuando compró Popular y un desgaste a su equipo jurídico y a nivel reputacional. De ahí que la opinión del abogado general haya sido una de las mejores noticias recibidas en la Ciudad Financiera desde hace tiempo.

Otras implicaciones

El abogado general también niega que los tribunales españoles puedan tener "obligaciones de restituir el contravalor de las acciones suscritas y de abonar intereses como consecuencia de la declaración de nulidad, con efectos retroactivos, del contrato de suscripción de las acciones, en virtud de demandas promovidas con posterioridad a la resolución de la entidad".

Este órgano de la Justicia europea responde así a una cuestión prejudicial elevada por un tribunal de A Coruña, ante el planteamiento que hizo Santander ante el mismo. La opinión del abogado general de la UE no es vinculante, aunque el TJUE sigue sus criterios en un 70% de los casos.

El abogado general justifica esta decisión en la Directiva de Resolución, que justifica todo tipo de acciones para mantener la estabilidad financiera: "El interés de los inversores no prevalece en todo caso sobre el interés consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero".

Junto a ello, su escrito sostiene que hay objetivos de interés público que permiten restringir el derecho a la propiedad de los accionistas en el ámbito de la disolución bancaria y que los accionistas cuyas acciones hayan sido canceladas en el marco de un procedimiento de disolución bancaria "disponen de otras vías para obtener una indemnización o para que se imponga una sanción". Hay varios accionistas que tienen en marcha procesos en contra de la resolución en el TJUE.