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¿Comprar una comercializadora o crearla? El quiero y no puedo de Pere Aragonès con la luz
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¿Comprar una comercializadora o crearla? El quiero y no puedo de Pere Aragonès con la luz

El Ejecutivo catalán ha apartado medio millón de euros en los Presupuestos de 2022 para crear su compañía eléctrica pública, pero habría hueco para comprar una firma ya operativa

Foto: Foto: EFE/Andreu Dalmau.
Foto: EFE/Andreu Dalmau.
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A veces es mejor comprar algo que partir de cero. Es lo que podría hacer la Generalitat que ha apartado medio millón de euros en los Presupuestos de 2022 para crear su propia compañía eléctrica pública. Tal vez le resultaría más barato que invertir en una comercializadora que en un futuro de seis meses tendrá “generación verde”, en palabras del presidente catalán Pere Aragonès. La Generalitat llega tarde y mal a un sector quebrado por la subida de la luz, donde sobran las oportunidades para comprar compañías poco capitalizadas, pero que cuentan con una notable cartera de clientes. Sin embargo, resultaría problemático destinar dinero público que acabaría en bolsillos privados si el objetivo es ganarse el respaldo de la CUP para las cuentas catalanas.

Porque no solo la eléctrica de Colau está en pérdidas. En un país en que el precio medio mayorista, del denominado 'pool', se situaba como media en 50 euros el megavatio/hora, ahora este ratio se encuentra en 200 euros megavatio/hora. En cuatro meses se ha multiplicado por cuatro y ha pillado a buena parte del sector en Cataluña descapitalizado, atrapado en debates como el consumo estratégico que promueve la ANC, y con poco margen si no se cuenta con activos de generación.

No extraña que ERC esté intentando dar algo de oxígeno a las comercializadoras en su negociación en el Congreso. Sin embargo, no será suficiente. Y más cuando la Generalitat plantea desembarcar para añadir más consecuencia a un sector tocado.

Foto: Foto de archivo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat, de ERC, Pere Aragonès. (EFE/Quique García)

Es el caso de Visalia, una compañía del Penedès con más de 100.000 clientes, según la empresa. En octubre, el BOE publicó la apertura de un expediente de inhabilitación. Su presidente, Pablo Abejas, está intentando migrar toda esa clientela a otras filiales, mientras asegura que ha presentado alegaciones. La empresa ha intentado su venta a Holaluz, pero, como explican fuentes del sector, las conversaciones acabaron como el rosario de la aurora. Tanto que Abejas grabó a Carlota Pi, consejera delegada de Holaluz, sin su consentimiento y el contenido de la reunión acabó colgado en internet. En todo caso, quedó claro que a Carlota Pi no le interesaba la compañía, que factura unos 10 millones de euros, sino solo la cartera de clientes.

Holaluz supera los 350.000 clientes y cotiza en bolsa, pero sigue en pérdidas. En el último semestre de 2021 todavía perdía 3,7 millones, después de 11 años de historia, algo sobre lo que la Generalitat debería tomar nota para su nueva aventura.

Resistentes o menos

Otros resisten mejor. Es el caso de la cooperativa de Som Energia, de Girona. Factura cerca de 60 millones anuales si bien cada cliente, más de 69.000, es también socio. Eso hace que la empresa resulte más resistente a un entorno difícil como el actual.

En alguno de los competidores la clave es el pulmón financiero. Es la ventaja con la que juega Joan Font, propietario de la cadena de supermercados Bon Preu. Font impulsó la comercializadora BonPreuEsclat como un modo de aprovechar el millón de clientes con una tarjeta de fidelización. La empresa lleva un año en funcionamiento, pero no está a la venta. Joan Font tiene una fortuna de más de 600 millones. Pulmón suficiente para aguantar unos años malos en su nueva aventura energética. Lo mismo, a otra escala, que Factor Energía, que, en cambio, ha tenido que aplazar su salida a bolsa hasta que mejore la coyuntura, ahora muy difícil para estas empresas.

Los dueños de CatGas han sondeado el mercado para dar el pase a la empresa

Otros empresarios independentistas no lo han tenido tan bien. Es el dilema Pere Gran impulsor de las comercializadoras CatGas y CatLlum, empresas favoritas del consumo estratégico de la ANC. En reuniones con empresarios del sector, Pere Gran pide 20 millones por sus empresas, aunque nada ha prosperado. Se considera un precio muy muy fuera de mercado. Son empresas que han crecido con una base de clientes a caballo del 'procés' y en contra de lo que se denomina oligopolio. Pero que en este momento tienen la caja vacía y unos contratos de APP —acuerdos de suministro a largo plazo— que ya dificultan su operativa a los actuales precios del kilovatio. El subidón de alto voltaje les pide con la caja vacía y un crecimiento basado en una fuerte inversión publicitaria.

Cambio de registro

Pere Aragonès aseguró desde Glasgow que la nueva compañía de la Generalitat tendría activos de generación verde. Cuando se pregunta a la Conselleria de Acció Climàtica la respuesta es que “el plazo de seis meses que dio esta semana el 'president' era para que la oficina técnica del programa defina cómo articular y estructurar la energética pública. A partir de entonces, se podrá constituir esta energética y empezar a identificar y planificar estos activos de generación”. Es decir, esos activos que permitirían acudir al 'pool' tardarán en llegar.

Foto: Mina de carbón en China. (Reuters/Aly Song)
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Como demuestra la experiencia previa, sin activos de generación difícilmente se puede tener incidencia en el mercado. Y con activos, como es el caso de la eléctrica de Colau, tampoco. La Administración catalana podía haber jugado a cazar oportunidades para acelerar su operación, partiendo de una cartera de clientes ya consolidada, el activo más interesante, como reconocía Carlota Pi. Los políticos catalanes quieren influir en el mercado, pero parecen desconocer cómo funciona.

La Generalitat llega tarde y de mala manera a un sector que se encuentra ya muy trinchado. Tanto que a la vez que está lanzando su propia compañía está intentando en Madrid que el Congreso apruebe medidas para un rescate de urgencia de este negocio. Juez y parte. No cabe en este caso hablar de secuestro del regulador. Sí de la paradoja, un tanto extraña, de que al mismo tiempo que se envía un buque de rescate se destine tanto tiempo y recursos para subirse a una patera que en este momento se encuentra a la deriva.

A veces es mejor comprar algo que partir de cero. Es lo que podría hacer la Generalitat que ha apartado medio millón de euros en los Presupuestos de 2022 para crear su propia compañía eléctrica pública. Tal vez le resultaría más barato que invertir en una comercializadora que en un futuro de seis meses tendrá “generación verde”, en palabras del presidente catalán Pere Aragonès. La Generalitat llega tarde y mal a un sector quebrado por la subida de la luz, donde sobran las oportunidades para comprar compañías poco capitalizadas, pero que cuentan con una notable cartera de clientes. Sin embargo, resultaría problemático destinar dinero público que acabaría en bolsillos privados si el objetivo es ganarse el respaldo de la CUP para las cuentas catalanas.

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