Europa cerca a fondos oportunistas y 'servicers' con un marco legal como el bancario

Ofensiva regulatoria sobre las plataformas inmobiliarias ('servicers') y los fondos que compran deuda bancaria. La Unión Europea ha llegado a un principio de acuerdo para aprobar una nueva directiva que fijará un nuevo marco legal para el sector, con normas en algunos casos similares a las de la banca.

Se verán afectadas compañías como Servihabitat, Altamira, Haya Real Estate, Solvia, Aliseda, Anticipa y otras de menor envergadura, que en conjunto facturan más de 2.000 millones de euros anuales.

Esta norma —directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales— lleva atascada en los despachos de Bruselas desde 2018 por un enfrentamiento entre el Consejo Europeo (CE) y el Parlamento. Los primeros querían una normativa que se centrara en profesionalizar este sector, que lleva años en auge tras la crisis financiera e inmobiliaria de hace una década. Pero el Parlamento apostaba por una directiva más social y centrada en frenar los desahucios. Finalmente, ha sido el trílogo —equipo de trabajo formado por la CE, el Parlamento y el Consejo— el que ha resuelto la disputa.

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Jorge Zuloaga

El resultado es una norma que obligará a los 'servicers' a registrarse ante una autoridad y seguir reglas muy similares a las de la banca en ámbitos como el gobierno corporativo, el cumplimiento y la atención al cliente. Cada país miembro tiene dos años para transponer la norma, por lo que las compañías del sector tienen dos años para irse adaptando al nuevo marco.

Será cada país el que decida qué organismo es el responsable de supervisar las plataformas inmobiliarias y los fondos compradores de deuda. Aun así, es posible que el elegido sea el Banco de España. "Es probable que estas tareas recaigan sobre el Banco de España, que ya tiene competencias similares con los prestamistas e intermediarios inmobiliarios", expone Juan Verdugo, socio de Garrigues.

Entre los principales cambios que implicaría esta directiva, hay tres. El primero es la obligación de que los 'servicers' se registren ante la autoridad elegida. El segundo es que tendrían que cumplir normas similares a las bancarias en frentes como la prevención de blanqueo de capitales, la formación y honorabilidad de los consejeros, el almacenamiento de información durante al menos 10 años y tener un registro de reclamaciones.

El tercer cambio es que las plataformas de gestión se comprometerán a partir de ahora a mantener un trato justo con los deudores, ante las polémicas que ha habido en los últimos años, principalmente en otros países europeos. "Se prohíben las prácticas desleales, incluidas aquellas que tienen lugar durante la ejecución de un contrato, mediante las cuales se confunde al consumidor acerca de sus derechos y obligaciones o se lo somete a acoso o coerción, por ejemplo en términos del calendario, la localización, la naturaleza o la persistencia de las acciones de ejecución o las comunicaciones, el empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante o la amenaza de ejercer cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse", señala el texto.

Posibles fusiones

"La norma que viene de Europa tiene potencial suficiente para cambiar varias dinámicas entre vendedores y compradores de créditos fallidos. Desde Garrigues, nos consta que los principales actores de este mercado ya están revisando sus procesos para calibrar el impacto de la norma sobre las operaciones de ventas de carteras que están por llegar. Vienen tiempos interesantes para el sector", añade Verdugo.

En este sentido, el socio de Garrigues añade que las exigencias que va a implicar esta directiva pueden forzar una ronda de fusiones: "Va a haber empresas del sector que no van a poder cubrir los nuevos gastos por escala, lo que puede incentivar una consolidación".