Los jueces europeos cuestionan que España no inyectara más liquidez en Popular

El partido europeo de la resolución de Banco Popular se juega durante estas semanas en Luxemburgo. En los últimos días, se han celebrado cuatro juicios —falta el quinto— en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las reclamaciones de grandes inversores que perdieron su dinero en el rescate de la entidad española. Fuentes próximas a los demandantes valoran positivamente las vistas, ya que los jueces han “bajado a los detalles” y han “expresado sus dudas” sobre algunos aspectos de la resolución, que tuvo lugar hace poco más de cuatro años.

En concreto, dichas fuentes explican que uno de los momentos clave se produjo con el cuestionamiento por parte del tribunal de que no se inyectara más liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) a la entidad entonces presidida por Emilio Saracho.

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Hasta el momento, se han celebrado las vistas por las demandas de los inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, el chileno Luksic, un bonista y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Queda la de los grandes fondos norteamericanos, Anchorage y Algebris. Cada uno de ellos reclama entre 0,7 y 2,57 euros por cada antigua acción del Popular y el principal más un cupón de casi el 7%, en el caso de los bonistas.

Las mismas fuentes explican que los jueces han planteado muchas preguntas sobre el razonamiento de la decisión de resolver Popular, llegando a transmitir que no la entendían bien. “Es una mala señal que tengas que dar explicaciones 'a posteriori' de una decisión como esta a un tribunal”, exponen.

El ELA, incompleto

Respecto al ELA, el tribunal hizo preguntas sobre el hecho de que no se diera más liquidez a Popular, que usó 3.800 millones de los 9.500 millones disponibles como tope. La Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) se desmarcaron de ello, señalando que eso “fue competencia del Banco de España”. De hecho, no respondieron a varias de las preguntas del tribunal. En el pasado, el supervisor español y algunos protagonistas de la operación explicaron que las garantías aportadas por el banco no tenían suficiente información y que el ELA no hubiera sido suficiente ante la fuga de depósitos.

El tribunal también manifestó su extrañeza por que la JUR contratara a Deloitte y Linklaters el 23 de mayo de 2017, medio mes antes de la resolución, y luego alegara que la venta a Santander fue la única opción porque no había margen para otra alternativa.

Otro de los puntos cuestionados por los jueces es que la JUR no tuviera en cuenta el “derecho a ser oídos” de los cientos de miles de inversores que perdieron dinero en la resolución. Según los magistrados, el fondo europeo tendría que haber dado un plazo de alegaciones tras la resolución.

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Las vistas han tenido lugar durante cuatro días en sesiones de entre cuatro y seis horas. En ellas, los defensores de que la resolución de Popular fue correcta —JUR, CE, Parlamento, Consejo, Reino de España y Santander— han acudido con un ejército de 28 abogados.

El representante del primer banco español defendió que no se deshaga la compra del Popular en caso de que hubiera sentencia en contra de la resolución, por la complejidad que supondría. En ese escenario, el tribunal podría comprar los argumentos de la entidad presidida por Ana Botín, imponiendo indemnizaciones para los demandantes, pero no que se anule la venta de Popular a Santander.

Este juicio es clave en Europa, al ser la primera gran decisión de la unión bancaria que es puesta en tela de juicio. Por ello, se espera que los jueces sean cautos en sus conclusiones. Las sentencias se esperan para invierno.