Aena rechaza negociar con sus inquilinos y opta por judicializar el futuro de la empresa

Aena se mantiene firme en su negativa a sentarse a negociar con los inquilinos de sus tiendas y restaurantes, posición de la que tampoco se ha movido tras los reveses judiciales que está recibiendo en las últimas semanas. El más importante, por su importe, fue el adelantado ayer por este medio: la decisión del juzgado de primera instancia número 39 de Madrid de aceptar las cautelarísimas solicitadas por Dufry y Canariensis, dueños de las tiendas 'Duty Free' en España, para evitar que Aena pudiera ejecutarles 274 millones de euros.

Este auto se suma a los conseguidos, en el mismo sentido, por Áreas y SSP a principios de mes, pronunciamientos que ya dejaron en el aire 150 millones de euros que la empresa presidida por Maurici Lucena se ha apuntado en sus cuentas del pasado ejercicio. El siguiente hito podría conocerse en las próximas horas o días, y tiene que ver con las cautelares solicitadas por Ibersol, dueño de EatOut Group, petición cuyo impacto económico es de otros 40 millones y que ya solo está pendiente de conocer el fallo después de la vista celebrada el pasado martes.

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Estas cinco empresas representan cerca del 90% de los ingresos comerciales de Aena, de ahí la transcendencia de estos primeros pronunciamientos en los tribunales. Una balanza que, a la espera de conocer el desenlace en el caso de Ibersol, se inclina en su totalidad hacia el lado de los arrendatarios, marcador que abriría la puerta a confiar en un cambio en las posiciones de la compañía pública. Sin embargo, a consulta de este medio, desde el operador aeroportuario han seguido mostrándose firmes en su decisión de mantener como única opción la propuesta que se presentó el pasado enero.

Esta se resume en cobrar el 100% de la renta mínima garantizada (RMGA) desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del año pasado, el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio, ya que, a partir del 21 de ese mes y hasta el 31 de diciembre de 2020, su propuesta es una quita del 50%, que mantendrá hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%.

Para estos cinco grandes arrendatarios, resulta imposible aceptar el pago de la totalidad de la renta tras el verano, cuando la propia Aena, en el nuevo DORA (marco de referencia de los ingresos regulados para los próximos cinco años), contempla que el tráfico aéreo no volverá a los niveles precovid hasta 2026.

Además, la propuesta de Aena conlleva para los inquilinos renunciar a emprender acciones legales en el futuro, algo que ninguna de estas grandes cadenas está dispuesta a aceptar, especialmente, después de que Aena haya anunciado su decisión de acogerse al artículo 27 de la ley 18/2014, que recoge una figura comparable a la fuerza mayor, para solicitar a Aviación Civil el reconocimiento de una compensación por causas extraordinarias.

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En este contexto, el futuro que se vislumbra para Aena, si su negativa a negociar es firme y no una estrategia de negociación, podría resumirse como una judicialización de la empresa, ya que deja en manos de los tribunales resolver este conflicto, lo que se dilatará años. Esta postura choca con la vista en el resto de grandes operadores aeroportuarios mundiales, que en todos los casos han llegado a acuerdos con sus inquilinos.

Desde la compañía se defiende que su propuesta supone ya renunciar a 800 millones comprometidos en las RMGA y que los autos de Dufry, Canariensis, Áreas y SSP han sido 'inaudita parte', es decir, sin escuchar las posiciones de la empresa pública, que encuentra en este punto un argumento para defender que la balanza todavía puede inclinarse a su favor en lo que a la ejecución de las RMGA se refiere.

Una débil esperanza, a tenor de la redacción de estos autos, que permite a la empresa seguir ganando tiempo. Por el momento, el operador aeroportuario se ha anotado en sus cuentas del pasado ejercicio 620 millones de euros de ingresos que, en realidad, no ha cobrado, porque son las RMGA de los inquilinos, que a fecha de cierre del año 2020 no habían aceptado el acuerdo de Aena.

Entonces, el auditor emplazó a la empresa anotarse estos ingresos porque se trataba de rentas garantizadas. Frente a ello, los inquilinos han esgrimido que la pandemia activa la cláusula 'rebus sic stantibus', que permite revisar las obligaciones y contratos por causas sobrevenidas como el covid-19. De hecho, solo las cautelares ya aceptadas dejan en el aire 440 millones de esos 620 y, si Ibersol logra un pronunciamiento en el mismo sentido, la cifra se elevaría a casi 500 millones.

La propia Aena, consciente de este riesgo, ya reconoció en sus cuentas de 2020 que un escenario de este tipo le impactará en la caja del año 2021. Aena tiene actualmente caja y facilidades crediticias por importe de 2.894 millones de euros.