El juez prohíbe a Aena ejecutar a los 'Duty Free' por los alquileres y le hace otro roto de 274M
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El juez prohíbe a Aena ejecutar a los 'Duty Free' por los alquileres y le hace otro roto de 274M

Un juzgado de Madrid ha aceptado las cautelarísimas solicitadas por Dufry y Canariensis, principal inquilino de Aena, a quienes facturó el año pasado 274 millones en rentas sin acuerdo

placeholder Foto: Dufry y Canariensis son las dueñas de las Duty Free de Aena. (Reuters)
Dufry y Canariensis son las dueñas de las Duty Free de Aena. (Reuters)

Nuevo revés judicial para Aena. El juzgado de primera instancia número 39 de Madrid ha aceptado las cautelarísimas solicitadas por Dufry y su socio en Canarias, Canariensis, para evitar que el operador aeroportuario ejecute los avales que tienen entregados por las rentas de las tiendas Duty Free de todos los aeropuertos de la compañía española.

Este auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, marca un punto de inflexión en la disputa que desde hace meses enfrenta a la empresa pública con gran parte de sus inquilinos, ya que la compañía suiza y la canaria son los principales arrendatarios de Aena, al sumar rentas superiores a 376 millones de euros al año, de las cuales, 274 millones de euros se han facturado por parte de Aena sin acuerdo en 2020 (230 a la primera y 44 a la segunda).

Foto: Ninguna empresa de restauración ha suscrito la oferta de Aena.

Este pronunciamiento se une a los recientes de Áreas y SSP, los otros dos grandes clientes de Aena, que juntos suman otros 150 millones en avales. En total, según las fuentes consultadas, las cautelares que se están aceptando suponen 440 millones de euros de rentas mínimas garantizadas (RMGA) que el operador aeroportuario no va a poder ejecutar.

La disputa entre estas tres compañías y Aena se remonta a finales del pasado ejercicio, cuando el grupo controlada por Enaire rompió unilateralemente las negociaciones que estaba manteniendo con los inquilinos de sus espacios comerciales y, a la vuelta de Navidad, les presentó una oferta que su propio presidente, Maurici Lucena, ha definido como inamovible.

placeholder Maurici Lucena, presidente de Aena. (EFE)
Maurici Lucena, presidente de Aena. (EFE)

Ésta consiste en cobrar el 100% de la renta mínima garantizada (RMGA) desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del año pasado, el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio, ya que a partir del 21 de ese mes y hasta el 31 de diciembre de 2020, su propuesta es una quita del 50%, que mantendrá hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%.

Cerca de medio centenar de arrendatarios se han negado a firmar este acuerdo, entre otros motivos, porque la propia Aena ha reconocido públicamente que el tráfico aéreo tardará mucho en volver a los niveles precovid y, por tanto, a las cifras de pasajeros con las que se acordaron estas rentas. Entre todos, suman 620 millones de euros en RMGA que Aena se anotó en su cifra de ingresos de cierre del ejercicio 2020, gracias a que al ser una renta garantizada el auditor dio el visto bueno.

Los fallos judiciales contrarios a los intereses de Aena tienen un impacto de 440 millones

La propia empresa indicó en su presentación de las cuentas anuales que "el impacto en caja de un desenlace en su contra de esta disputa se produciría en 2021. En el ámbito de ingresos, la diferencia entre ambas cantidades (440,7 millones de euros) se ajustaría como un menor ingreso de manera lineal desde la fecha de los acuerdos y durante la duración de cada uno de los contratos afectados".

Aena siempre ha defendido que esta propuesta supone dejar de cobrar casi 800 millones de euros, cifra que la operadora ha subrayado en numerosos foros, como muestra del alcance que tiene la propuesta sobre la mesa, así como el esfuerzo que está haciendo con el empleo, ya que asegura no haberse acogido a ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para ninguno de sus 8.000 puestos de trabajo.

Foto: Aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid. (EFE)

Los inquilinos, por su parte, defienden ligar los ingresos a la caída del tráfico, el cual se desplomó el año pasado más de un 70%, y éste seguirá estando un 50% por debajo de las cifras registradas en 2019, según las estimaciones que la propia Aena ha recogido en el nuevo DORA (el marco tarifario que determina los ingresos regulados).

En esta hoja de ruta, la compañía pública retrasa hasta 2026 la vuelta a los niveles prepandemia, guante que los inquilinos toman como argumento para defender que no se les puede cobrar a ellos el 100% de las rentas a partir de septiembre, como incluye Aena en su propuesta. Ésta, además, exige renunciar a adoptar acciones legales en el futuro, incluso si vuelve a producirse un giro en la crisis (por ejemplo, que no funcionen las vacunas), algo que Dufry, Áreas y SSP rechazan categóricamente.

Este nuevo fallo también ha sido in audita parte, es decir, que el juez ha tomado su decisión sin escuchar los argumentos de Aena, con lo que lo previsible, a partir de ahora, es que el operador aeroportuario solicite esgrimir ante el tribunal su posición.

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