El sector demanda 4.000 M€ para modernizar autopistas y autovías

Cerca de 4.000 millones de euros invertidos para crear 55.000 empleos o 32.000 millones para un millón de empleos. Esos son, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), los umbrales de inversión y generación de empleo que necesitaría el sector viario español para que nuestras vías de alta capacidad se adapten a los nuevos modelos de movilidad conectada a la par que se crea empleo.

Las cifras las refleja el Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas para superar la Crisis Covid-19, elaborado por la propia AEC. Según dicho informe, el gasto necesario para modernizar y optimizar las carreteras de alta capacidad en nuestro país asciende a 3.962 millones de euros y crearía 55.500 puestos de trabajo directos en un entorno de pospandemia. "Así lo respaldan varios estudios de la Unión Europea que señalan que el coste unitario que supondría adaptar una carretera de alta capacidad a la movilidad autónoma es de 230.000 euros por kilómetro", aseguran desde la asociación.

Automatización, tecnología, 5G...

Con dicha inversión, insisten, las vías de alta capacidad españolas podrían contar con un equipamiento y unos niveles de automatización con los que se puede implantar una geometría consistente, una señalización horizontal y vertical adecuada, información meteorológica, sistemas de aviso de incidencias, comunicación y posicionamiento en todo el recorrido -incluso en zonas críticas-, monitorización de la circulación, zonas de parada autónoma de emergencia, cobertura 5G, etc.

Esta inversión se aplicaría a toda la red de doble calzada del país (17.228 kilómetros), por la que circula el 60% del tráfico, pero la AEC tiene también una propuesta más amplia, que abarcaría, además, a la red convencional del Estado y la autonómica de primer orden (50.028 kilómetros), por las que circula. En total estaríamos hablando de una influencia sobre las vías por las que circula el 75% del tráfico en España. En este caso la inversión económica sería mayor, de 7.734 millones de euros, pero también subirían los empleos directos, que entonces llegarían a 108.300 personas.

La AEC va más allá de la adaptación de las vías a la modalidad conectada, que en realidad es solo una parte de su plan completo. En las 20 propuestas trasladadas al Gobierno el pasado mes de abril, la asociación iba más allá y proponía un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas que, según sus cálculos, con una inversión de algo más de 32.000 millones de euros podría generar más de un millón de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, para los perfiles laborales de menor cualificación.

Con una inversión de 32.000 millones de euros se generaría un millón de nuevos empleos

Este plan se estructura en 12 programas de actuación –seis en el ámbito interurbano y otros seis en los urbanos– con una inversión cercana a los 24.700 millones de euros y la creación de 345.000 puestos de trabajo directos en el primer caso y 7.360 millones y 103.000 empleos directos en el segundo. La AEC estima, además, que podría generar otros 577.000 empleos indirectos, sumando un total de 1.025.000 nuevos puestos.

La AEC no es la única que se suma a este tipo de peticiones. También lo hacen la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), quienes presentaron hace unos meses un plan de inversiones susceptibles de ser financiados, en parte, por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas y que incluyen 57.837 millones de euros para movilidad sostenible y segura.

Estas inversiones, según Sepan y Tecniberia, permitirían que las muertes en carreteras se reduzcan al 30% y las emisiones al 6%, entre otros beneficios. Todo ello merced a una profunda transformación de nuestras carreteras que implicaría la generación de energía medioambientalmente limpia y la apuesta por la electrificación.

Este debate se produce en un momento en que la propia Administración reconoce cierta necesidad de mejoras. Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aseguró hace poco en El Confidencial que la situación económica de 2020 ha llevado a una reducción 'de facto' del dinero invertido en el mantenimiento general de carreteras superior al 50%: "No se ha invertido prácticamente nada, salvo en limpieza y asistencia en carretera".

De hecho, según el informe 'Necesidades de inversión en conservación de carreteras en España 2019-20' —presentado este verano—, tanto la red viaria del Estado como la de las comunidades autónomas presenta un "empeoramiento" dentro de su estado de mantenimiento "deficiente", con uno de cada 10 kilómetros en situación "muy deficiente", lo que afecta a deterioros graves en más de la mitad del pavimento.

China, País Vasco y Cataluña, modelos a seguir

Las entidades que impulsan la petición de las inversiones en las carreteras españolas ponen varios ejemplos de los que, en su opinión, el Gobierno debería aprender. Uno de ellos es China, que ya cuenta con más de 300 proyectos de ciudades inteligentes con una fuerte participación de industrias e instituciones públicas. También India ha asignado billones de presupuesto para construir más de 100 ciudades inteligentes.

Dentro de nuestra geografía también hay ejemplos. La Diputación Foral de Bizkaia y Tecnalia, que implantarán un corredor de 57 kilómetros de autopista digitalizados y sensorizados como laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones prácticas para la movilidad del futuro, y que estará totalmente operativo en 2023, convirtiéndose en el primer tramo de autopista inteligente en nuestro país. También Cataluña ha sido el banco de pruebas más importante del sur de Europa en movilidad conectada y autónoma con 5GMed Corridor, un proyecto que garantizará la continuidad del servicio 5G al cruzar la frontera y cambiar de operador de telefonía, ya que la conducción autónoma y conectada no permite alteraciones ni interrupciones del servicio.

Colaboración público-privada

Algunos expertos indican que, para avanzar hacia una movilidad inteligente, en España debe haber colaboración entre empresas y administraciones públicas. Para Ginés de Rus, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "lo más eficiente es que el Estado subcontrate al sector privado mediante concesiones de peaje administrativas para la construcción, mantenimiento y operación de las carreteras". En su opinión, además, esto debe hacerse "con contratos que repartan eficientemente los riesgos entre las partes".

En una línea similar se mueve José Manuel Vassallo, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, que incide en que "el modelo de colaboración público-privada necesita una reforma radical y sustancial", aunque "descartar esta fórmula es como dar pasos y volver al medievo contractual, ya que solo hay que ver cómo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania están apostando por este modelo".