Los letrados del Congreso piden excluir la enmienda antidesahucios de los PGE

Los letrados del Congreso de los Diputados han decidido incluir en un listado de enmiendas cuestionables la conocida como enmienda antidesahucios, por considerar que no regula materia puramente presupuestaria y, por tanto, consideran que debería quedar fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha podido confirmar este medio con fuentes políticas.

A pesar de este pronunciamiento, la propuesta que ha presentado Unidas Podemos se va a tramitar, porque la mesa de la Comisión de Presupuestos ha decidido mantenerla, una postura que echa todavía más fuego a esta polémica norma que la formación morada presentó conjuntamente con Bildu y ERC.

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Iván Gil

A la excepcionalidad que ya supone que el partido que gobierna presente una enmienda a sus propios presupuestos, se une la herida abierta por pactar con la formación abertzale y las presiones que desde el lado empresarial está habiendo contra esta medida.

La enmienda busca paralizar todos los alzamientos sin alternativa habitacional y para personas en situación de vulnerabilidad hasta finales de 2022, medida que se une a la propuesta de prohibir los cortes de suministro.

La decisión de los letrados del Congreso llega después de que el PSOE y Unidas Podemos empezaran a analizar la vía de retirar el apoyo de la formación de Pablo Iglesias a la enmienda a cambio de que los socialistas acepten tramitarla como decreto. En estas conversaciones también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de rebajar las exigencias de los morados, que estarían abiertos a reducir la duración de esta medida hasta finales de 2021. Una alternativa que gana cuerpo tras este nuevo pronunciamiento en contrar de su inclusión en los PGE.

Por su parte, ERC presiona para que no se retire. Su portavoz, Gabriel Rufián, se pronunció al respecto este mismo lunes. "Ni puedes decirle a la gente que se lave las manos y cortarle el agua ni puedes decirle a la gente que se quede en casa y desahuciarle, ni puedes autocalificarte de progresista y que algo tan obvio se tenga que luchar tanto. Lo pactamos y debe respetarse", ha escrito en Twitter.

La enmienda nació ya con polémica incluso en el seno del propio Gobierno. Desde el PSOE priorizaban abordar el drama de los desahucios en la futura ley de vivienda, pero para Unidas Podemos se trata de una cuestión de urgencia que no puede esperar. Su empeño es el de acelerar y ampliar el denominado escudo social frente a la pandemia. Cuando se aprobó el primer estado de alarma por la pandemia el pasado mes de marzo, el Gobierno ya prohibió los desahucios y los cortes de suministros, pero estos volvieron a producirse al no prorrogarse ninguna de las dos medidas.

En este difícil equilibrio, los socialistas avanzaron que votarán en contra, por lo que la enmienda no reuniría los votos suficientes para aprobarse. Se produciría, así, una anomalía parlamentaria al mantener posiciones diferentes los socios de la coalición respecto a los Presupuestos del Gobierno que comparten y cuyo proyecto han elaborado conjuntamente. Es lo que intentarán evitar ambos partidos, aunque el gesto de Unidas Podemos enmendando sus propias cuentas junto a otros dos partidos de la oposición ha generado malestar tanto en el grupo socialista como en el Gobierno.

La enmienda se ha interpretado como una estrategia de presión después de que en el Ejecutivo se rechazase ampliar el escudo social en los términos que reclamaba Unidas Podemos. Algunos diputados socialistas han hablado abiertamente de deslealtad por la ruptura unilateral de los acuerdos previos entre ambos partidos, ya que habían pactado que cualquier enmienda se negociaría y se firmaría conjuntamente, no por separado como fue este caso. Desde Unidas Podemos, lo justificaron porque de este modo se visibilizaría que hay más grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa.