Alcoa ignora al Gobierno y detalla en EEUU el coste de los despidos por cerrar en Lugo

Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, y la Xunta de Galicia presionan a Alcoa para que evite el cierre de parte de su planta en San Ciprián (Lugo) con el consiguiente despido de 524 trabajadores, la multinacional aluminera ya ha transmitido a sus inversores en EEUU el coste que tendrá dicha operación de clausura.

Según especifica la firma presidida por Roy Harvey, Alcoa reducirá su producción de aluminio en 228.000 toneladas al año en la planta que aún le queda en España. Espera tener listo este redimensionamiento en el primer trimestre de 2021.

Asociado a dicha reducción, añade la firma metalúrgica, Alcoa espera costes de reestructuraciones por hasta 40 millones de dólares (casi 35 millones de euros al cambio). Esto supone, según sus cálculos, un coste de 0,22 dólares por acción, que se cargarán contra los resultados del cuarto trimestre de 2020. Dicho gasto está relacionado con los despidos de los empleados, asegura la multinacional, que espera que se pague en efectivo durante la primera mitad de 2021.

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Alcoa enmarca este plan para su planta de San Ciprián entre las "acciones estratégicas para impulsar costos más bajos y una rentabilidad sostenible, incluida la revisión de sus capacidades de producción existentes y activos no esenciales, y otros programas de conservación de efectivo", tal y como detalla en un comunicado enviado a la Securities of Exchange Commission (SEC).

Como ya hizo en España, advierte al mercado estadounidense de que el pasado 9 de octubre anunció el fin de las negociaciones tras un extenso periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. En este sentido, destaca que su actuación se completó de acuerdo a la normativa española.

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Tanto el Ministerio de Industria como la Xunta de Galicia han mostrado abiertamente su malestar con Alcoa en los últimos días por no avenirse a sus pretensiones. La firma americana se ha negado a vender la planta en las condiciones que pretendía su principal interesado, la multinacional británica Liberty House. La aluminera tampoco ha llegado a un acuerdo con la SEPI, que intermedió para que se produjera la venta.

En este contexto, los trabajadores están en pie de guerra, temerosos de que sus puestos de trabajo desaparezcan. En las últimas semanas han convocado diversas manifestaciones y una huelga contra Alcoa, que por ahora desoye sus pretensiones y las de las autoridades.

Mantiene la alúmina y parte del aluminio

Alcoa cuenta con una planta de alúmina en San Ciprián que mantiene activa, en la que trabajan más de 500 empleados. Además, dentro de la planta de aluminio, pretende clausurar la parte de producción a través de electrólisis (la más electrointensiva) y mantener a otros 99 trabajadores en la parte de fundición. Alcoa se ha quejado repetidamente de que los elevados costes energéticos y la falta de ayudas es lo que le ha llevado a millonarias pérdidas. Según sus cálculos, hasta septiembre de 2020 ha perdido 45 millones, a los que habría que sumar otros 126 de los años 2018 y 2019, destaca la compañía.

Por su parte, el Gobierno rechaza esta argumentación y presiona por diferentes vías. El departamento dirigido por Reyes Maroto condicionó las ayudas por la compensación de costes del CO₂ al futuro de las negociaciones sobre la planta. Tras romper las negociaciones, el Gobierno pide ahora que devuelva 50 millones que ha recibido por este concepto.

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En última instancia, el comité de empresa de Alcoa ha pedido al Gobierno que expropie la planta a Alcoa en vista de su decisión unilateral de cerrar. Una medida que algunos miembros del Ejecutivo, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), ve con buenos ojos. No solo hay apoyo desde el partido morado. Respecto de la intervención, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), advirtió que no se podía descartar nada.

La petición de intervención de los trabajadores no se limita a la planta de Lugo. También quieren que se extienda a las fábricas de Avilés y Asturias que Alcoa vendió a Parter Capital en 2019. Esta operación, bendecida por el Gobierno, no tuvo apenas recorrido. El inversor suizo decidió, solo unos meses después de comprar, vender al Grupo Riesgo, con lo que el plan inversor a largo plazo que había prometido se quedó en agua de borrajas.