Bankia usará la sentencia de la Audiencia en las demandas pendientes de institucionales

La Audiencia Nacional ha dado una nueva arma jurídica a la defensa legal de Bankia, dirigida por el despacho Cuatrecasas, para afrontar la disputa pendiente con inversores institucionales que acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) en 2011. Nueve años después, el caso Bankia aún no ha terminado, y la sentencia de esta semana contradice en varios puntos la del Supremo en 2016, mientras permanecen pendientes reclamaciones por 30 millones de euros de inversores institucionales y el pronunciamiento de Europa.

El dictamen del tribunal presidido por Ángela Murillo absolvió a los 34 imputados, incluidos Rodrigo Rato, Bankia o Deloitte. La Audiencia Nacional compró la versión oficial y consideró que no hubo fraude ni ningún otro tipo de delito. Esto es compatible con la posibilidad de que las cuentas no reflejaran la realidad adecuadamente y hubiera una comercialización incorrecta, lo que determinó el Supremo en 2016.

Sin embargo, la Audiencia Nacional fue más allá, al señalar que “la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía”. Esto choca frontalmente con el criterio del Supremo, que dijo que había “graves inexactitudes” en la información publicada por Bankia de cara a la OPS.

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Bankia pidió sin éxito que se paralizara la vía civil a la espera de la penal para que, según su argumento, no se viera condicionada. Pero, de hecho, el fallo del Supremo llegó tras el informe de los peritos del Banco de España. La sentencia llevó a Bankia a crear en 2017 un mecanismo para devolver el dinero invertido por los minoristas en la salida a bolsa, tratando así de paliar el daño a su reputación y ahorrarse las costas judiciales. En total, ha devuelto 1.850 millones a 200.000 pequeños inversores que acudieron a la llamada de “hazte banquero por 1.000 euros”.

Sin embargo, quedó la duda en torno a los inversores institucionales, que tenían mayor capacidad para haber evaluado su inversión. Así, por ejemplo, Iberdrola vio rechazada su demanda para recuperar 12,37 millones en un juzgado de primera instancia de Madrid y en la Audiencia Provincial de Madrid. La eléctrica, a la que según la sentencia de segunda instancia “se le presumen conocimientos” para hacerse responsable de su inversión, no acudió al Supremo, algo que sí han hecho Meliá o Porcelanosa. Además, la Audiencia Provincial de Álava dio este año la razón a la sociedad Retos Operativos XXI, del empresario vasco Juan Luis Arregui, accionista de Ence, en su reclamación contra Bankia.

El Supremo elevó al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) una cuestión prejudicial sobre los institucionales. Y en este contexto, con 30 millones de euros en juego por demandas pendientes, ha llegado la sentencia de la Audiencia Nacional contra el criterio establecido hasta ahora. Porque el dictamen recuerda que había “una muy extensa información” en el folleto de la salida a bolsa sobre hasta 36 riesgos detallados y la advertencia de que podrían surgir nuevas amenazas. También descarta un déficit de provisiones.

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La defensa legal de Bankia, según fuentes jurídicas, usará los argumentos de esta sentencia, que critica a la Fiscalía y tira por tierra las advertencias de los peritos del Banco de España, para reforzar la idea de que los inversores institucionales tuvieron capacidad de analizar la situación del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. Aunque técnicamente las dos vías son independientes y no deberían tener influencia una en la otra, la experiencia dice que suelen servir para reforzar criterios o argumentos, según abogados consultados, que es lo que tratará ahora de hacer la defensa del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

La esperada sentencia del TJUE podría ser contundente para establecer una dirección respecto a los institucionales o, como suele ser habitual, dar ciertas líneas para la toma de decisiones que recaerá sobre los jueces españoles. Y es aquí donde los abogados de la entidad, que ya ha acordado su fusión con CaixaBank, pretenden usar el dictamen de la Audiencia Nacional.

Fuentes financieras apuntan a que las demandas pendientes de inversores institucionales ascienden a 30 millones de euros, con nombres de empresas importantes como las mencionadas Meliá o Porcelanosa. Iberdrola no recurrió al Supremo, mientras que otros grandes inversores que acudieron a la OPS nunca demandaron, como Banco Santander, Telefónica, CaixaBank o Mapfre.

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Al terminar junio, según el informe del primer semestre, Bankia mantenía provisiones por valor de 188 millones para cuestiones procesales y litigios por imposiciones pendientes. Asimismo, la entidad aseguraba que “cubre suficientemente los importes a los que tuviera que hacer frente como consecuencia de los procedimientos civiles en curso”.

El mismo documento del banco parcialmente nacionalizado, que vale en bolsa 3.800 millones y ganó 142 millones en el primer semestre, explica que se habían dictado hasta el momento 84 sentencias en primera instancia en relación con las demandas de inversores institucionales, de las que 60 habían sido desfavorables para la entidad. En segunda instancia, se habían dictado 43 sentencias, de las que 30 fueron negativas para Bankia. Mientras que se habían interpuesto 21 recursos de casación, 12 de ellos por parte de la entidad y los otros nueve desde inversores institucionales.