Tensión entre los pequeños comercios y los gigantes franceses de centros comerciales

Los gigantes franceses de los centros comerciales y sus inquilinos toman rumbo a los juzgados. La crisis provocada por el covid-19 ha hecho que todas las grandes superficies tengan que renegociar temporalmente las rentas con los comercios que ocupan sus espacios, conversaciones que en la mayoría de los casos se están consiguiendo encarrilar por la vía de la negociación, pero en los casos de Unibail Rodamco, Klépierre y Carmila se están mostrando posiciones más duras.

Así lo explican desde la Plataforma de Afectados por el Covid-19 en centros comerciales de España (PAC), una asociación creada para defender los intereses de más de 350 tiendas, con el asesoramiento legal del despacho Fieldfisher Jausas. "Unibail, Klépierre y Carmila tienen la posición de que hay que cumplir el contrato y como máximo bonifican al cliente un mes o mes y medio. El resto de centros comerciales son más comprensivos, con propuestas que llegan hasta diciembre (en el caso de Merlin), y el resto hasta otoño, con condonaciones y descuentos en los alquileres", expone Jordi Ruiz de Villa, presidente de Fieldfisher Jausas.

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Este medio ha tenido acceso a los burofaxes enviados por algunos de estos grupos a sus arrendatarios, dándoles un plazo de varios días bajo amenaza de ejecutar el aval bancario e iniciar "cuantas acciones judiciales pudieran corresponder". Esta postura más beligerante de los grandes tenedores galos de centros comerciales ha marcado la situación desde el principio de la crisis de la pandemia, hasta el punto de producirse una escisión en el seno de la Asociación de Centros Comerciales, que hasta ahora recogía los intereses de propietarios y comerciantes como bloque unido.

Con la crisis del coronavirus, y ante la divergencia de intereses, los grandes ‘caseros’ del país —Carmila, Unibail, Klépierre, Lar, Merlin, Neinver, Eurofund, Castellana Properties, Nuveen, HMC, General Inmobiliaria— han creado su propia plataforma, aunque esto tampoco ha derivado en unidad de acción, ya que según afirman fuentes implicadas, las compañías españolas están siendo más sensibles que las extranjeras.

Además, en el caso concreto de los grandes grupos galos, juega en su contra el estar especializados en el negocio comercial, que, junto al hotelero, ha sido el más golpeado de todo el sector inmobiliario, lo que les deja menos margen para ofrecer soluciones como las propuestas por otros grandes tenedores, como Merlin, que destaca como la compañía que más flexible está siendo con sus clientes.

Como adelantó El Confidencial, nada más declararse el estado de alarma, el pasado marzo, Merlin lanzó una iniciativa para condonar el 100% de la renta a los comercios obligados a cerrar, ayuda que, tras levantarse esta excepcional situación, ha decidido prorrogar hasta final de año con una reducción de rentas, medidas que tendrán para la socimi un impacto de 70 millones de euros.

Oleada de demandas

La PAC está intentando negociar condonaciones para los meses que hubo confinamiento y una renegociación de los contratos de alquiler para el periodo 2020-22, adaptándolos a los ingresos de los locales. Desde el despacho que representa a la plataforma, avisan de que ya tienen perfiladas las primeras demandas de respuesta a los tres grupos galos y que llegarán pronto salvo que estos suavicen sus posturas.

Fieldfisher Jausas y sus clientes sostienen que el coronavirus ha cambiado por completo las bases sobre las que se alcanzaron acuerdos de alquiler en los centros comerciales, por lo que defienden que tanto el dueño de la superficie como el comercio tienen que repartirse el coste del covid-19. Otros bufetes consultados por este medio, y que están intermediando en otros procesos, reconocen que la situación excepcional que ha supuesto la pandemia abre la puerta a defender judicialmente un reparto de las pérdidas por la cláusula claúsula 'rebus sic stantibus' (cambio de circunstancias del contrato) para reequilibrar la relación comercial.

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Además, desde la PAC también se está mostrando oposición a las cláusulas y letras pequeñas que se están intentando incluir en las propuestas de acuerdo, que exigen que se renuncie a acciones judiciales a cambio de bonificaciones en el alquiler hasta final de año. Según Ruiz de Villa, estas ofertas hacen que el pequeño comercio se exponga a asumir las consecuencias de que haya un nuevo confinamiento y de la crisis que va a sacudir al consumo los próximos años.

Por ello, aunque sus primeras demandas podrían centrarse en Unibail, Klépierre y Carmila, esta plataforma tampoco está aceptando las condiciones del resto de superficies si incluyen este tipo de condicionantes. No obstante, fuentes tanto legales como inmobiliarias consultadas por este medio afirman que se está llegando a pactos en los que se renuncia a tomar acciones legales en lo que respecta al estado de alarma ya concluido, pero que de volver a darse una situación excepcional, esto no aplicaría.