CRISIS DEL CORONAVIRUS

Guerra por el alquiler: las pymes encargan demandas contra los centros comerciales

Los pequeños comercios ven insuficiente el real decreto del Gobierno y exigen que se adapten las rentas a la caída de la facturación que se espera en los centros comerciales

Foto: Centro comercial con las tiendas cerradas en Tenerife. (EFE)
Centro comercial con las tiendas cerradas en Tenerife. (EFE)
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Batalla por los alquileres de los centros comerciales. Decenas de pequeños negocios se han agrupado para forzar una rebaja de sus rentas a las grandes superficies, tras el impacto generado por el covid-19. Ya hay cerca de 50 pymes en torno a la Plataforma de Afectados por el Covid-19 en centros comerciales de España (PAC), que ha encargado al despacho Fieldfisher Jausas el diseño de una ofensiva legal.

Esta plataforma persigue que los centros comerciales adapten los alquileres a la nueva realidad, en la que se va a reducir drásticamente el número de consumidores que irán a sus establecimientos. "La base sobre la que se estableció la renta es que habría un flujo medio de peatones de 14 millones, y que estos podrían comprar libremente, y la realidad es que el tráfico en muchos centros bajará a 6-7 millones", expone Jordi Ruiz de Villa, presidente de Fieldfisher Jausas.

Este despacho y sus representados creen que la moratoria de los alquileres es insuficiente, ya que solo resuelve los problemas a muy corto plazo de los pequeños y medianos negocios. El martes pasado, y tras mucha presión por parte de todo el sector, tanto propietarios como grandes inquilinos, el Gobierno aprobó un aplazamiento en el pago de las rentas por un plazo de cuatro meses, alquileres que se devolverán sin intereses en hasta dos años. Sin embargo, limitó esta medida a profesionales, franquiciados y pequeño comercio (menos de ocho millones de facturación), colectivo que, precisamente, es el que ha decidido ahora acudir a los tribunales.

Al haberse determinado una moratoria, se les permite aplazar el pago del alquiler, pero sin condonación alguna de deuda. Además, una vez vuelvan a abrir sus puertas, lo harán con unos protocolos de sanidad que cercenarán la afluencia y, con ella, las ventas. A esto se une una crisis económica que tiene siempre como primera víctima al consumo, terminando de dibujar así un escenario de desplome de ingresos que, sostienen, hace inviable mantener la misma renta.

Cláusula 'rebus sic stantibus'

La PAC critica que la medida del Gobierno no haya tenido en cuenta que prácticamente todos los locales comerciales van a sufrir un desplome del 50% en sus ventas. "Si no se reequilibra la renta, casi todos los comercios van a entrar en barrena. Lo lógico es que si la facturación cae un 50%, la renta se adapte a ello mientras dure la pandemia", señala el presidente del bufete.

Ruiz de Villa explica que su estrategia será "recurrir a la claúsula 'rebus sic stantibus' [cambio de circunstancias del contrato] para reequilibrar la relación comercial" con demandas individuales. Esta estrategia permite al demandante "disuadir a los centros comerciales de ejecutar desahucios por falta de pago, fianzas y garantías". El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene en cuenta que puede haber un repunte de este tipo de demandas dentro de las diferentes medidas que estudia el Gobierno para reabrir los juzgados, por lo que propone agilizar este tipo de procesos.

La moratoria de los alquileres ni siquiera pone de acuerdo a los propios arrendadores. Esta medida ha generado un cisma en el seno de la Asociación de Centros Comerciales, que hasta ahora recogía los intereses de propietarios y comerciantes como bloque unido, pero cuya unidad se ha agrietado por el impacto de la crisis del coronavirus. De hecho, los grandes ‘caseros’ —Carmila, Unibail, Klepierre, Lar, Merlin, Neinver, Eurofund, Castellana Properties, Nuveen, HMC, General Inmobiliaria— han creado su propia plataforma, desde la que han defendido que todos han adoptado diferentes medidas en apoyo del comercio.

Unas iniciativas que distan mucho de unos a otros. Quien más lejos ha ido ha sido Merlin, que ha condonado el 100% de las rentas mientras dure la obligación de cierre, mientras que Castellana también ha bonificado el alquiler, pero solo en abril, y Lar apostó por aplazar rentas, pero en ningún caso condonar. Aunque, oficialmente, tanto desde la AECC como desde la plataforma de los grandes propietarios han declinado hacer comentarios, las fuentes consultadas por este medio aseguran que, entre los arrendadores, existe satisfacción por el marco establecido por el Ejecutivo, y piden poder volver a abrir cuanto antes.

No obstante, también existe el convencimiento general de que habrá que sentarse a negociar con los inquilinos, ya que la suma de cierre de actividad, crisis sanitaria y económica va a desplomar los ingresos del comercio, pero quieren hacerlo partiendo de la base de reconocer la validez de los contratos actuales, justo la máxima que PAC pone en cuestión.

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