Máxima presión sobre el Gobierno para que regule alquileres y ayudas al comercio

El sector comercial tiene los cinco sentidos pendientes del Consejo de Ministros que se celebra este martes, cita en la que espera que el Ejecutivo lance alguna medida en su apoyo, sobre todo después de quedar fuera de las políticas de alquiler anunciadas la semana pasada. Era entonces cuando, inicialmente, se esperaba que el Gobierno dejara establecido un marco con las reglas de juego para caseros e inquilinos de establecimientos comerciales, pero este limitó a la vivienda su plan.

Siete días después, la presión por parte de los grandes jugadores es máxima, con el añadido de que tampoco el sector empresarial es un bloque unido, sino que los intereses son dispares en función de qué papel juegue cada compañía: propietario o inquilino. Los primeros están especialmente interesados en que se detalle una normativa de alquileres, como se está haciendo en el resto de democracias europeas comparables, mientras que los segundos están siendo más beligerantes en lograr ayudas operativas y fiscales con las que compensar el cierre de sus establecimientos por el estado de alarma, ahora, y la caída del consumo que vendrá después.

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Con estas cartas sobre la mesa, el Ministerio de Industria está intentando encajarlas en una baraja difícil de ordenar. Las medidas que parece más plausible sacar adelante, según las fuentes consultadas, son las relacionadas con el alquiler, paquete que en un primer momento se diseñó sobre la base de establecer quitas a los negocios que habían sido obligados a cerrar, que ahora se espera que puedan inclinarse más hacia una moratoria del pago de las rentas mientras dure esta situación excepcional, y su pago fraccionado en un plazo mínimo de un año.

Desde la cartera dirigida por Reyes Maroto, no han respondido a las preguntas de este medio, un silencio que, según afirman diferentes fuentes empresariales consultadas, está siendo también una máxima en su interlocución, lo que acrecienta todavía más la incertidumbre que se vive en los despachos de estas compañías, cuyas dos grandes patronales, la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y Anged, también han entrado en juego, aunque con diferentes estrategias.

La primera ha pedido abiertamente al Ejecutivo una batería de medidas que van desde créditos fiscales y reducción de impuestos a los inquilinos de los locales hasta la exención de cuotas de la Seguridad Social y mayor flexibilidad para acceder a los avales del ICO. Por lo que respecta a los caseros, han solicitado deducciones fiscales para los que acepten aplazar o bonificar rentas. Una vez se puedan volver a abrir las puertas de parques y centros comerciales, sus peticiones van dirigidas a ampliar el horario comercial así como todos los domingos y festivos, reducir los tipos de IVA e incluso poder lanzar un periodo especial de promoción de ventas sin este impuesto para incentivar el consumo, o ayudas laborales.

Detrás de este amplio espectro de propuestas están los diferentes intereses de los miembros de esta asociación, ya sean propietarios o inquilinos. Además, estos dos grupos no son bloques unidos, ya que mientras por el lado de los comerciantes hay varias sensibilidades en función de si hablamos de grandes cadenas o pequeños comercios y profesionales autónomos, por el de los caseros el desequilibrio viene por el peso de los gigantes galos (Unibail, Klepierre, Carmila o Auchan), cuya sensibilidad hacia la realidad española, según las fuentes consultadas, difiere de la mostrada por los gigantes nacionales, como Merlin, Lar o Neinver.

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Anged, por su parte, ha dado un paso al frente y el próximo miércoles ha convocado a los medios para analizar la situación en que se encuentra el sector de la distribución comercial, especialmente el de no alimentación, que lleva cerrado desde el decreto de alarma, sus perspectivas de evolución y de salida de la crisis. Aunque desde esta asociación han desligado esta cita del Consejo de Ministros de este martes, sí que han anunciado que su presidente, Alfonso Merry del Val, y el director general, Javier Millán-Astray, van a valorar las medidas económicas ya anunciadas por el Gobierno y las propuestas sectoriales.

La tensión se redobla con la amenaza de que, si el Gobierno no da un paso al frente, se corre el riesgo de que sean los tribunales quienes deberán poner orden entre esta divergencia de intereses, enquistando todavía más la situación, al menos, en lo que se refiere a alquileres. Comercio y restauración, al haber sido obligados a cerrar sus puertas desde el primer momento en su inmensa mayoría (salvo alimentación, estancos y farmacias, fundamentalmente), pueden acogerse a la causa de fuerza mayor para exigir ante un juez condonaciones de la renta, un escenario que desde el frente de los grandes propietarios se está intentando evitar con la solicitud del establecimiento de un marco, aunque ellos mismo difieran sobre cuál sería el óptimo.