Las empresas esquivan el abismo: los ERTE del coronavirus serán "fuerza mayor"

“La medida es de mucho calado. Veremos la deuda pública lo que sube y cómo se paga después, pero dada la situación, y a la espera de leer el detalle del real decreto, creo que las medidas tranquilizan tanto a trabajadores como a empresarios”. Esta reflexión, del director financiero de una constructora mediana, resume el sentir de gran parte del tejido empresarial del país, que desde ayer respira un poco más tranquilo gracias a cuatro palabras: causa de fuerza mayor.

A la espera de conocer la letra pequeña de las medidas económicas que aprobó este lunes el Consejo de Ministros, la decisión del Ejecutivo de considerar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) causados por la crisis del coronavirus de fuerza mayor, permitirá a las empresas suspender su actividad y el empleo ligado a la misma en un plazo de cinco días, y con efectos desde el día en que el Covid-19 hizo inviable seguir con el negocio, una celeridad que, en las circunstancias actuales, es crítica.

"La causa mayor no exige un periodo de consultas, solo comunicas el motivo y, automáticamente, presentas los papeles y, en un plazo de cinco días, están suspendidos los contratos", explica Diana Rodríguez, socia de laboral del bufete Ashurst.

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Muchas empresas estaban esperando una medida de este tipo, ya que el estado de alarma no ha significado el cierre de toda la actividad empresarial del país, sino solo de aquella específicamente recogida en la ley, como bares, restaurantes y comercios. El resto de compañías están obligadas a hacer un complejo equilibrio entre el mantenimiento de la actividad y la salvaguarda de las nuevas obligaciones sanitarias. Así, deben ofrecer el teletrabajo en la medida de lo posible, y cuando esta opción sea inviable, seguir operando bajo las nuevas medidas dictadas para evitar la propagación del virus.

Pero ¿qué pasa si en una obra un peón da positivo en coronavirus?, ¿cómo actuar en una planta si los puestos de trabajo tienen menos de un metro de distancia?, ¿qué hacer con un empleado, conductor de una furgoneta de transporte urgente, que teme contagiarse porque tiene familiares vulnerables en casa? La casuística a la que se enfrentan las grandes, pequeñas y medianas empresas de este país va mucho más allá de lo que pueda recoger una ley, de ahí que para estas compañías sea tan importante el reconocimiento de la fuerza mayor.

Bajo esta fórmula, y siempre a la espera de conocer la letra pequeña y su aplicación, las compañías logran aligerar uno de sus principales costes, cuando no el mayor, que es el laboral; mientras que los trabajadores, frente a la amenaza de irse al paro, al menos tienen el 70% de su base reguladora y la promesa de que se trata de algo temporal, que solo se extenderá durante el tiempo que dura la crisis del coronavirus.

A esto se une que las empresas serán exoneradas de pagar las cotizaciones sociales durante el tiempo que dure el ERTE si se comprometen a mantener todo el empleo, otro ahorro crítico para el difícil momento que enfrentan las compañías por el desplome de la actividad económica. Todo ello sin olvidar que esta solución evita también hacer frente a los costes que tiene todo despido.

Además de poder acogerse a ERTE por causa mayor, las empresas no pagarán cuotas sociales si se comprometen a mantener el empleo tras la crisis

La otra gran palanca para las compañías son los 200.000 millones de euros que se han movilizado para intentar regar de liquidez la economía: algo más de 100.000 millones públicos y el resto de la banca, que en los últimas dos semanas ya ha ido lanzando estos planes. Estas inyecciones permiten a las empresas hacer frente a sus pagos, incluso, durante el tiempo que tengan la actividad suspendida y, por tanto, carezcan de ingresos.

Además, al poderse acoger a la causa de fuerza mayor, las compañías también cuentan con una potente arma para renegociar aspectos como el alquiler del local, la nave o la oficina, siempre y cuando el contrato esté ligado a una determinada actividad, según explican desde un bufete legal. Por ejemplo, una peluquería cuyo contrato de alquiler recoja que es para ejercer esta actividad profesional podría alegar la imposibilidad de llevarla a cabo como causa mayor para no estar obligada a pagar la renta.

Arma para renegociar la renta

No obstante, como apuntó el propio presidente, Pedro Sánchez, en la rueda prensa que dio este lunes para explicar las medidas económicas de lucha contra el coronavirus, lo previsible es que caseros e inquilinos se sienten a renegociar condiciones.

Entre otros motivos, porque aunque la causa mayor puede esgrimirse como motivo para quedar libre de la obligación del pago, si el casero se opone, debe ser un juez el encargado de dictar quién debe hacer frente a esta carga, y es muy habitual que concluya un reparto a medias.

Desde una de las mayores patrimonialistas del país, explican que lo razonable en estos casos, y la línea en la que ya se está pensando en actuar, es negociar carencias de la renta, lo que permite a las empresas ganar liquidez, o acordar quitas.