El 'crash' bursátil deja a tiro de OPA a las grandes compañías del Ibex 35

"No sabemos dónde va a acabar este desplome". Con esta crudeza definía la situación esta semana el presidente en España de una entidad financiera, obligado a enviar mensajes de calma a sus clientes y empleados. Una aseveración con la que respondía a un 'crash' de los principales índices bursátiles del mundo. Muchos de ellos han visto como en una semana han perdido un 20% de su valor y cerca de un 30% en el último mes. Un batacazo histórico que deja a muchas empresas del Ibex 35 a tiro de OPA de competidores con dinero en caja y poca deuda.

Diez compañías del índice selectivo español han perdido más de un 40% en lo que va de año, desplome que supera el 50% en el caso de ACS. La primera gran constructora española, y una de las más grandes del mundo, apenas vale ahora 5.200 millones, arrastrada por su filial australiana y el derrumbe de Hochtief, su grupo europeo, que ha pasado de cotizar a más de 140 euros hace un año —llegó hasta los 170 en 2017— a poco más de 60.

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A diferencia de cuando en su capital estaba Corporación Financiera Alba, que fue dueña del 22%, hoy el accionariado de ACS apenas cuenta con un inversor destacado: su presidente, Florentino Pérez, propietario de cerca del 12% del capital. Cualquier competidor con capacidad financiera suficiente o algún fondo de infraestructuras que gestiona miles de millones, podría hacerse con su control para aprovecharse de que cotiza al nivel más bajo desde finales de 2012. Solo Ferrovial, que ha bajado un 21%, vale tres veces más.

Algo parecido ocurre en Repsol, que capitaliza algo menos de 12.000 millones, tras perder un 45%. La compañía presidida por Antonio Brufau se ha visto afectada por el desplome del precio del petróleo y las previsiones de una caída más que previsible de la demanda mundial. Las revisiones de las estimaciones del PIB global son ya una realidad. La petrolera española, que solo tiene como accionista de referencia a Sacyr, con un 8%, vale casi siete veces menos que la francesa Total.

Precisamente, el batacazo de Repsol ha arrastrado a la constructora dirigida por Manuel Manrique, que el año pasado ya se apuntó pérdidas de 297 millones por la depreciación bursátil de su participada. La empresa controlada por la familia Carceller, dueña de Damm y de un 'holding' petrolero canario, tiene contabilizadas sus acciones de Repsol a cerca de 14 euros, casi un 100% por encima de su cotización actual.

Una coyuntura que puede empeorar si la multinacional energética se ve forzada a cortar el dividendo por las pérdidas operativas que registrará si el precio del barril continúa a poco más de 30 dólares, muy lejos de los 50 a partir de los cuales el negocio de Repsol es rentable.

La tesitura en Telefónica también es delicada. La operadora de telecomunicaciones ha visto como su cotización ha roto los soportes de los 6, 5 y 4 euros por acción. Unos precios nunca vistos en la historia del grupo. La capitalización ha quedado reducida a 20.000 millones. Todo un caramelo para cualquier competidor estadounidense, que quiera tomar una posición en España, o un fondo oportunista que quiera sacar provecho de una situación inédita.

Elliot, que ya sondeó la cuestión a finales de 2018 y recientemente ha entrado en el capital de AT&T y hasta de Twitter, es una amenaza permanente para Telefónica. De hecho, la aprobación del plan de reestructuración anunciado a finales en noviembre de 2019 responde a la conclusión de José María Álvarez-Pallete de ejecutar 'motu proprio' una reordenación de la compañía "antes de que nos obligaran otros", según ha reconocido en círculos próximos a su equipo directivo.

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La gran defensa de Telefónica es que el reglamento de su junta general de accionistas establece que ningún inversor puede votar por más del 10% del capital, con indiferencia del número de acciones que tenga en sus manos. Lo mismo que ocurre en Indra, donde Corporación Financiera Alba acumula millones de pérdidas tras más de una década de inversión. La empresa propiedad del Estado, que tiene un 18% del capital, apenas vale 1.300 millones. Dada su división de Defensa y de Tecnología, se trata de una de las compañías consideradas estratégicas para el Gobierno.

La debilidad de la banca es igualmente alarmante. La suma de Bankia, Bankinter y Sabadell no llega ni a 10.000 millones de euros, que es lo que apenas capitaliza CaixaBank. La brusca caída de estas entidades las deja desamparadas ante cualquier fondo que quiera comprarlas para utilizarlas posteriormente como moneda de cambio en una potencial fusión o integración sobre la que sus actuales gestores no quieren oír hablar.