La banca española teme que el Gobierno importe la moratoria hipotecaria de Italia

La banca española se mira en el espejo italiano, y no le gusta lo que ve. La decisión del Gobierno transalpino de imponer una moratoria hipotecaria ha hecho que las entidades españolas pongan sus barbas a remojar. Varios bancos consultados por este medio asumen que la crisis del coronavirus va a provocar movimientos similares por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Fuentes próximas al Gobierno señalan que todavía no hay nada sobre la mesa. Confían en que las medidas anunciadas el martes —las bajas por enfermedad o cuarentena y la moratoria en el pago de cotizaciones— y las que anuncie este jueves el BCE sofoquen los problemas financieros de las familias. Pero no descartan iniciativas extra en caso de que la pandemia se descontrole aún más y haga caer la economía en picado.

Fuentes financieras reconocen que el impacto puede ser mayor de lo previsto inicialmente en el turismo, la restauración, el transporte y los servicios. Hay mucha preocupación, sobre todo por la potencial pérdida de liquidez de familias y pymes. Creen que las tensiones de tesorería quedarían en un momento puntual de 'shock' si la crisis del coronavirus no dura más de dos meses. A partir de ahí, reconocen que se entraría en territorio desconocido.

En este punto, hay varias líneas clave para evitar un colapso de empresas —sobre todo, pymes— y familias. Por parte del Gobierno español, se está preparando una línea ICO para particulares y pequeñas compañías de forma inminente. En el caso de las autoridades europeas, los planes se esperan conocer a partir de este jueves. Y desde las entidades financieras se están lanzando acciones comerciales preventivas para ofrecer liquidez a las empresas y evitar males mayores.

¿Quién paga la factura?

A pesar de esta batería de medidas, no se descarta que se llegue al escenario italiano, con una moratoria en el pago de determinados préstamos. Los bancos tienen actualmente más de 500.000 millones de euros en hipotecas, 180.000 millones en financiación al consumo y otros fines, y 440.000 millones en créditos a empresas, según datos del Banco de España.

El anuncio italiano fue seguido este martes de un informe de Goldman Sachs en el que bajaba la previsión de ingresos de la banca transalpina en un 22%. Por ello, los bancos españoles defienden que el impacto de esta moratoria la pague el Estado, que en el entorno actual tendría la bendición de Bruselas para no computarlo como déficit. Y recuerdan que ya aplican medidas de protección a las familias vulnerables, con el Código de Buenas Prácticas que implantó Luis de Guindos en 2012. Esta normativa facilita el pago y la reestructuración de clientes en situaciones complicadas.

Una posibilidad, reconocen desde las entidades, sería adaptar el Código de Buenas Prácticas a la nueva crisis, añadiendo artículos que incluyan protecciones para otros colectivos que sufran problemas financieros. Cuando se lanzó en 2012, se hizo por las familias que estaban perdiendo el empleo. Ahora, además de este tipo de deudores, también podrían ser objeto de moratorias autónomos y pequeñas empresas, que a menudo respaldan sus créditos con la vivienda particular.

Así lo piden, por ejemplo, desde Asufin, por "el enorme impacto que el freno coyuntural de parte de la actividad económica va a tener en las economías domésticas de trabajadores y profesionales autónomos".

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Conscientes de la presión que pueden tener por parte del Gobierno, y de lo que supondrá para sus cuentas esta crisis, las entidades se han unido para pedir flexibilidad al Banco Central Europeo (BCE) y a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). "Se están estudiando distintas medidas que eviten el estrangulamiento del crédito como consecuencia de un probable aumento de la morosidad", explican.

A la posible bajada de tipos, que aliviaría en parte la carga a los deudores, pero con efectos limitados, ya que el euríbor está en negativo desde hace años, se podrían aliviar las exigencias de capital y retrasar el calendario de provisiones en caso de créditos morosos. Con ello, las cuentas de resultados sufrirían menos y podrían seguir financiando la economía real. Estas negociaciones están siendo lideradas por la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) y la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros (ESBG, por sus siglas en inglés).

Estas asociaciones también están pidiendo que se retrase el calendario de solvencia, el colchón anticrisis (MREL) y se les permita bajar la ratio de liquidez, según fuentes financieras.