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GSMA pretende recibir 10 millones de dinero público este año pese a suspender el MWC
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Las administraciones estudian la situación

GSMA pretende recibir 10 millones de dinero público este año pese a suspender el MWC

Los patronos de la Fundación Mobile World Capital han encargado un informe para valorar la situación legal de los acuerdos dinerarios entre esta entidad y los promotores del Mobile

Foto: El consejero delegado de GSMA, John Hoffman. (EFE)
El consejero delegado de GSMA, John Hoffman. (EFE)

GSMA, la entidad que agrupa a las mayores operadoras de móviles del mundo y máxima responsable de la edición del Mobile World Congress (MWC), pretende percibir este año en curso 10 millones de dinero público pese a que en este 2020 se suspendió la edición del mayor salón de móviles del mundo, que se hubiera inaugurado hoy de no ser por el pánico provocado por el coronavirus. Así lo han confirmado fuentes de las administraciones implicadas, que en este momento están estudiando la posición legal en la que se encuentran ante los contratos leoninos contraídos con GSMA. GSMA ya advirtió cuando clausuró el evento de que no iba a pagar a los damnificados por tratarse de una “causa mayor”. Una causa mayor que al parecer la exime de pagar pero no de cobrar cuando la factura corre a cargo del erario público.

GSMA cobra este dinero cada año a través de la fundación Mobile World Capital. En su día, se vendió el proyecto como un ejemplo de colaboración público-privada. Pero en esta colaboración se establece que hay patronos que pagan —Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, todos públicos— y patronos que no solo no aportan un euro sino que cobran, como es el caso de GSMA. Así, según consta en los presupuestos de la fundación, GSMA percibe 9,5 millones de euros en concepto de “contribución anual” y otros 588.000 euros para “sufragar actividades de soporte del Mobile World Congress”. En total, 10,1 millones de euros.

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Portavoces de la Mobile World Capital han declinado hacer declaraciones al respecto. Pero fuentes de las administraciones implicadas han confirmado que los patronos han encargado un informe para valorar la situación legal de los acuerdos entre la fundación y GSMA; y en paralelo, se está llevando a cabo un análisis de situación, que estudia el marco más general, con factores en juego como la renovación del salón, que se quiere empezar a negociar el año que viene o incluso este. El contrato actual acaba en 2023.

La coordinación de ambos estudios la lleva el primer teniente de alcaldía de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en su calidad de presidente de la comisión ejecutiva de GSMA. Collboni no ha querido responder a las preguntas de El Confidencial sobre esta cuestión. Pero, por ahora, las administraciones no se han mostrado beligerantes con GSMA. Han seguido la senda de Telefónica, que ha pedido que no se demande a este ente para que el MWC siga en la capital catalana.

Fuentes del sector de telecomunicaciones conocedoras de la elaboración de ambos informes han explicado que se ven más posibilidades de no abonar los 588.000 euros, más vinculados a la celebración del Mobile, mientras que los otros 9,5 millones estarían más blindados jurídicamente para GSMA. El contrato, además, prevé que en caso de desacuerdo la jurisdicción competente sea la Justicia británica, donde GSMA tiene su sede operativa, aunque la sede real es GSMA Limited, radicada en Estados Unidos. Por tanto, pleitear para defender ese dinero público sería un proceso difícil y costoso.

Aportación repartida

Cada año, Generalitat, Gobierno central y Ayuntamiento de Barcelona abonan a la Mobile World Capital cinco millones de euros cada uno. En total, 15 millones de dinero público que son la base de los ingresos, que superan los 20,7 millones. De esos 20,7 millones, más de 17 millones corresponden a las aportaciones públicas antes mencionadas o subvenciones de las administraciones. También cuenta con dos millones que aportan patronos privados como Telefónica, Orange, Vodafone, Damm o CaixaBank.

Las administraciones se han mostrado hasta ahora y en público comprensivas con la situación de GSMA, con la esperanza de que el salón se celebre en la capital catalana el año que viene. En privado, se contempla con inquietud que será difícil justificar el pago de los 10 millones de dinero público. La esperanza de los poderes públicos es poder negociar con ventaja que el MWC se quede en Barcelona a partir de 2023.

El análisis de situación podría contradecir el jurídico y llegar a la conclusión de que es mejor pagar los 10 millones para que el MWC siga en Barcelona

Por ello, se admite desde la Generalitat que el análisis de situación podría contradecir el análisis jurídico y que se llegase a la conclusión de que es mejor pagar los 10 millones con la esperanza de mantener el MWC a partir de 2023. El problema radicaría en que se abonen los fondos y luego el Mobile se marche, por ejemplo a Lisboa, ciudad que lleva años trabajando muy duro para atraer la sede del evento. O que el salón no se celebre nunca más, incapaz de superar la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, la misma tensión que este año ha perjudicado tanto este encuentro mundial.

Relación asimétrica

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Publicidad pagada por el Ayuntamiento de Barcelona.

La relación entre GSMA y el resto de los socios en el seno de la Mobile World Capital siempre ha sido un tanto descompensada. GSMA no paga, pero manda como si pagase. Uno de los ejemplos más sangrantes fue la venta del 4YNF, un foro creado por la fundación para apoyar a emprendedores, 'startups', inversores y grandes compañías para que se conecten y lancen nuevas empresas comerciales. Se celebra en paralelo al Mobile. Y GSMA se lo compró por un precio simbólico pese a que facturaba 2,2 millones de euros en 2018, el primer año en que este foro dio beneficios. Colaboración público-privada estilo GSMA: quedarse los beneficios e inhibirse de las pérdidas. Resultó un preludio de lo que luego acabó pasando este año.

GSMA ha contado con gran complicidad institucional, antes, durante y después de la crisis del coronavirus. Esta semana, se han estado publicando en la prensa catalana unos enigmáticos anuncios a toda página que rezan: "Always Mobile. Always Barcelona. See you in 2021". A un espectador poco avisado le podría parecer publicidad de GSMA, ya que el anunciante no aparece identificado. Pero la paga el Ayuntamiento de Barcelona, como parte de una campaña que parece más preocupada por arropar a GSMA que por promocionar la ciudad.

GSMA, la entidad que agrupa a las mayores operadoras de móviles del mundo y máxima responsable de la edición del Mobile World Congress (MWC), pretende percibir este año en curso 10 millones de dinero público pese a que en este 2020 se suspendió la edición del mayor salón de móviles del mundo, que se hubiera inaugurado hoy de no ser por el pánico provocado por el coronavirus. Así lo han confirmado fuentes de las administraciones implicadas, que en este momento están estudiando la posición legal en la que se encuentran ante los contratos leoninos contraídos con GSMA. GSMA ya advirtió cuando clausuró el evento de que no iba a pagar a los damnificados por tratarse de una “causa mayor”. Una causa mayor que al parecer la exime de pagar pero no de cobrar cuando la factura corre a cargo del erario público.

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