Defecto de forma, no de fondo: la razón de que el TC anule la medida estrella de alquiler

Como un jarro de agua fría ha caído en el sector inmobiliario nacional la noticia de que el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso que interpuso el año pasado el PP contra el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Por una parte, el alto tribunal ha dado luz verde al grueso de esta norma, en concreto, a medidas que cuentan con la oposición del sector, como ampliar de tres a cinco los años de vigencia del alquiler, e incluso a siete si el casero es un inversor institucional.

Pero a este revés se ha sumado la anulación de la disposición adicional primera, a la sazón, la medida estrella del plan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para sacar al mercado 20.000 viviendas con las que combatir el problema del alquiler, lo que ha puesto en alerta al sector, inquieto hasta conocer los motivos de fondo que han llevado a este fallo.

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Como apunta un alto directivo de una de las mayores inmobiliarias del país, "es en esta disposición donde está realmente la solución al problema de la vivienda, en movilizar terrenos para sacar más pisos al mercado, ahí está el problema y la solución, en ampliar el parque de vivienda en alquiler. De ahí que sea tan importante esta disposición adicional".

A la espera de que se termine de redactar la sentencia, la cartera dirigida por José Luis Ábalos ha quitado hierro al asunto, destacando que el cuerpo general del real decreto ha sido avalado, y minimizando la anulación tanto de esta disposición adicional como de otra relativa a la duración de los convenios en materia de infraestructuras.

Fuentes jurídicas aseguran que lo que ha considerado el Tribunal Constitucional es que se trata de una disposición con enunciados genéricos, pero no con medidas reales y concretas, de ejecución inmediata, como corresponde a una norma de urgencia.

Además, en su fallo, el alto tribunal ha debido de considerar que el Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un decreto ley para adoptar estas medidas, las cuales los magistrados han estimado que no se ajustan a lo requerido por el artículo 86.1 de la Constitución.

Es por ello que el alto tribunal ha anulado esta disposición, porque estima que esta materia no puede ser nunca regulada por un real decreto ley, pero deja abierta la puerta a que el Gobierno lo articule en el futuro por la vía correcta.

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"Es un error de bulto del Ejecutivo, que debería haberlo llevado como una ley, no como un real decreto. Se ha extralimitado y eso ahora nos va a hacer perder un año", señala otro ejecutivo del sector, que pide mantener el anonimato. Un perfil bajo que las empresas prefieren mantener hasta conocer el cuerpo final de la sentencia.

Desde la Secretaría de Estado de Vivienda niegan la mayor y aseguran que este pronunciamiento no va a retrasar en absoluto sus planes y que van a seguir trabajando igual que hasta ahora.

De hecho, en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Transporte tras filtrarse el fallo del Constitucional, se subraya que "las medidas contenidas en este programa, incluido el plan de 20.000 viviendas en alquiler social o asequible, continuarán implementándose en su totalidad". Aunque, ahora, con otra figura reglamentaria.