El BCE 'suspende' al 90% de los bancos españoles en gobierno corporativo

La banca española sigue sin superar el 'suspenso' en gobierno corporativo. El Banco Central Europeo (BCE) da una puntuación de entre 3 y 4 —las peores en una escala del 1 al 4— a prácticamente todas las entidades del país, salvo Bankinter, según fuentes próximas al regulador consultadas por El Confidencial.

Estas notas forman parte del examen anual que el BCE hace a todas las grandes entidades europeas (SREP, por sus siglas en inglés), con una nota global y varias asignaturas. Y la que más preocupa al regulador es la gobernanza, ya que sin estructuras sólidas y consejos independientes se podrían repetir escándalos como los que saltaron a la luz durante la crisis.

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Tanto en su revisión global como en la de gobierno, el BCE da una puntuación de 1 a 4, de mejor a peor. El 4 implica medidas correctivas por parte del regulador. El 3, en función del grado con el que vaya acompañado —positivo, estable o negativo—, también puede suponer un grado de preocupación alto por parte del supervisor. Y el 2 y 1 indican que la entidad va en la línea de lo que quiere el regulador.

Uno de los motivos de estas puntuaciones son las presidencias ejecutivas, que el regulador lleva intentando eliminar desde que cogió las riendas de la supervisión bancaria, hace cinco años. Esta figura existe solo en España y no gusta en Fráncfort, que prefiere la estructura de un presidente no ejecutivo ('chairman') con un consejero delegado con más funciones.

Poco éxito

Esta reclamación ha tenido poca acogida, de momento, por parte de la banca española. De las 12 entidades supervisadas por el BCE, solo un tercio tiene presidencias no ejecutivas, y de ellas dos la tenían antes de reportar a Fráncfort —Liberbank y Bankinter—. Las dos que se han adaptado al modelo europeo son CaixaBank, con el nombramiento de Jordi Gual en 2016, e Ibercaja, con José Luis Aguirre elegido como no ejecutivo en 2017.

El resto de entidades ha evitado por el momento pasar por el aro del BCE, aunque algunas hayan tenido que hacer cesiones a cambio. Así, BBVA tuvo que leer una carta en el consejo dejando evidencia de la postura contraria del regulador de que Carlos Torres fuera presidente ejecutivo, como adelantó este medio, y de que su CEO, Onur Genç, reporte directamente al máximo órgano de gobierno. El regulador europeo también supervisó de cerca cambios en el consejo de Sabadell el año pasado, con el nombramiento de David Vegara con responsabilidades de control, como contrapeso de los ejecutivos.

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El resto de bancos con presidentes ejecutivos son Santander, con Ana Botín al frente; Bankia, con José Ignacio Goirigolzarri; Unicaja, con Manuel Azuaga —nombrado ya con el BCE como supervisor—, y Kutxabank, con Gregorio Villalabeitia.

Hay otros dos casos diferentes de presidencias para consejeros dominicales —accionistas principales—, lo que tampoco busca el BCE: Abanca, presidida por el venezolano Juan Carlos Escotet, y BCC (Grupo Cajamar), cuyo primer espada es Luis Rodríguez en representación de la caja rural que lidera el grupo.

El choque del BCE con la banca española por las presidencias ejecutivas no es el único factor que se evalúa año a año en el SREP, y que hace que no pasen del 3 los bancos españoles. También se revisa la independencia del consejo y el nivel de debate que hay al tomar decisiones, algo para lo que incluso sigue habiendo reuniones a las que acuden como observadores los inspectores, algo que escandaliza a los banqueros españoles.

Otro punto importante es la calidad de la información que llega al consejo, sobre todo en cuestiones relacionadas con el negocio, cumplimiento y riesgos. "El BCE quiere que haya cortapisas, para que los gestores no hagamos nada mal", explica el primer ejecutivo de una entidad.

El último ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), presentado el pasado viernes, reflejó que el número de percances de la banca en cuestiones como blanqueo de capitales, fallos tecnológicos y otros problemas legales se situó en máximos en 2018. Para evitarlo, los reguladores quieren asegurarse de que las entidades funcionan bien desde su cúpula. Y no van a parar en el intento.