La Audiencia de Sevilla ordena reabrir la causa penal por el accidente del A400M

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la reapertura de la investigación penal contra Airbus instada por familiares de las seis víctimas del accidente de un avión militar A400M en 2015 a las afueras de la capital andaluza. El caso, archivado en abril del pasado año, investiga el papel de Airbus y de los motores fabricados por el consorcio internacional EPI (en el que participa la española ITP), en la caída de una aeronave al poco de despegar de la fábrica de Sevilla al quedarse parados tres de sus cuatro propulsores.

La resolución, según fuentes jurídicas conocedoras de la misma, fundamenta su petición de reapertura en que aprecia falta de documentación, formación o instrucciones por parte de la tripulación de seis personas, de las que sobrevivieron dos -uno de ellos, reintegrado en Airbus y que ha vuelto a volar en el A400M-. A la apertura del caso, realizada de oficio por el juzgado, se añadió el desacuerdo entre las partes -víctimas y Airbus, junto a su aseguradora Allianz- sobre las indemnizaciones a abonar a las familias. La fiscalía se sumó, con Airbus y EPI, a la petición de archivo que ahora se revierte.

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Los magistrados añaden que sería interesante que la juez María José Moreno realizara las declaraciones que las acusaciones pedían como pruebas, testimonios de trabajadores de Airbus encargados de determinadas labores en el A400M. También pide que se investigue más en profundidad la configuración electrónica del sistema informático que dirige el motor.

En la causa penal están personados Airbus y el motorista EPI, así como las seis víctimas. El informe de la comisión de investigación del Gobierno central detalla problemas de coordinación entre el grupo europeo y el fabricante de los motores, y cómo las salvaguardas ordenadas por la agencia europea de seguridad aérea (Easa) ante síntomas previos de problemas con el software del motor se mostraron insuficientes.

El accidente de mayo de 2015 fue el culmen de toda una serie de problemas de producción y, consecuentemente, de certificación de sus previstas capacidades que se llevaron por delante al entonces presidente de Airbus España, Domingo Ureña. Y que han acabado generando más de 7.000 millones en costes extra para el grupo europeo. Con las únicos 174 unidades pedidas de sus países-clientes lanzadores en cartera, y la fábrica de Sevilla funcionando al mínimo de su capacidad sacando ocho aviones al año, el futuro del programa es su ansiada exportación.