Helms-Burton: los Sánchez Hill disparan su última bala para juzgar a Meliá en España

Los Sánchez Hill disparan su última bala contra Meliá en España. La familia cubana ha formalizado hace unos días un recurso de apelación para evitar que la demanda, en la que reclamaba una indemnización millonaria, quede definitivamente archivada. Como desveló El Confidencial hace semanas, la familia de origen cubano había iniciado una batalla legal contra la cadena hotelera por la explotación de dos hoteles que les fueron confiscados tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959.

A comienzos de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca tumbó las pretensiones de los Sánchez Hill tras aceptar todos los argumentos de la hotelera, que asesorado por Garrigues, presentó una declinatoria de jurisdicción y competencia judicial internacional. En el auto, la jueza decretó el sobreseimiento de las actuaciones y condenó a los demandantes en costas.

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"La demanda contra Meliá pretendía en realidad fundamentarse en la ilegitimidad de la ley cubana por la cual le fueron expropiados (siempre presuntamente) los terrenos de los que dicen ser titulares. En este sentido, el tribunal ha percibido claramente que en realidad el objeto del procedimiento pasaba obligatoriamente por el previo enjuiciamiento de la licitud del acto de nacionalización acordado en su día por el Gobierno cubano, concluyendo con rotundidad que un tribunal español no puede entrar a valorar si la nacionalización acordada por un Estado soberano fue o no lícita", explicó Meliá en un comunicado difundido el día que se conoció el archivo.

Ahora, los abogados de la familia van a tratar de la vuelta al asunto con la presentación de un recurso de apelación, la última opción que les queda para mantener vivo el pleito en España. Este recurso lo resolverá la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Los Sánchez Hill, hoy residentes en Estados Unidos, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una hacienda de 485,6 kilómetros cuadrados localizada en Holguín, al noroeste de la isla de Cuba. Tras la subida de Fidel Castro al poder, el gobierno confiscó a la familia su hacienda en virtud de la Ley 890 del Gobierno Revolucionario que permitía la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales.

Esos edificios, que actualmente pertenecen a la compañía cubana Grupo Gaviota, alojan actualmente dos hoteles que gestiona la hotelera española: Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares. La familia reclamó a la cadena los beneficios obtenidos por la explotación de ambos hoteles alegando enriquecimiento ilícito, el filón disponible para emprender acciones legales en España.

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como Ley Helms-Burton, fue aprobada en 1996 por el Gobierno de Bill Clinton. Desde aquel año, todos los presidentes norteamericanos han mantenido suspendidos los títulos III y IV, los más polémicos de toda la ley.

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Tras la llegada de Donald Trump al poder, las tensiones con Cuba se reactivaron y el pasado abril su Gobierno anunció la activación de ambos títulos, una decisión que fue duramente criticada por la Unión Europea y el Gobierno de España. La Helms-Burton, que solo puede ser conocida por tribunales norteamericanos, no es el sustento legal de la demanda, pero sí es la 'excusa' para iniciar este proceso.

La aplicación del título III permite que los americanos y los cubanos nacionalizados reclamen en los tribunales norteamericanos una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas o confiscadas. El objetivo no pasa por recuperar los bienes, sino por negar el lucro a quienes explotan dichas propiedades expropiadas. Respecto al título IV, la ley permite restringir la entrada a Estados Unidos a quienes hayan confiscado bienes de norteamericanos en territorio cubano y/o hayan comerciado con ellos, lo que abre la puerta a que directivos de las compañías demandadas no puedan pisar territorio norteamericano.