el tjue estudia una cuestión prejudicial

RTVE se juega con Hacienda más de 100 millones por la guerra del IVA

RTVE mantiene recurridas dos reclamaciones del IVA que Hacienda le hizo el año pasado. En total, la corporación se juega el pago de más de 100 millones de euros

Foto: La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo. (EFE)
La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo. (EFE)

La guerra del IVA golpea a RTVE. Si hasta ahora han sido las televisiones autonómicas las más afectadas, el año pasado la radiotelevisión pública recibió la visita de los hombres de Hacienda con dos reclamaciones fiscales bajo el brazo, una de 177 millones de euros y otra de 73,4 millones, según consta en las cuentas anuales de la corporación correspondientes a 2018.

La primera reclamación de 177 millones es el resultado de una inspección fiscal por el IVA de los años 2015 y 2016. El 7 de marzo de 2018, RTVE firmó con Hacienda un acta de disconformidad por el citado montante, el cual a su vez se divide en 112,4 millones por las cuotas del IVA no repercutido por la subvención que recibe la corporación y 64,6 millones por el IVA deducido por la sociedad. Una vez detraídas las liquidaciones a devolver, la deuda a pagar asciende a 91,3 millones en concepto de cuota y 7,3 millones por intereses de demora.

La segunda, que se eleva a 73,4 millones, está fechada el 8 de marzo de 2018. Ese día la corporación recibió una notificación de la Agencia Tributaria (AEAT) con una propuesta de liquidación para el periodo de enero a septiembre de 2017 de 73,4 millones de euros. Una vez deducidas las liquidaciones, la deuda a pagar se quedaría en 24,1 millones y 700.000 euros de intereses. Según señala RTVE, ambas reclamaciones ya están recurridas. En el aire, la friolera de 123,4 millones de euros entre cuotas e intereses.

Hacienda justifica estos dos 'hachazos' fiscales en el contexto de la denominada guerra del IVA que enfrenta al fisco con las televisiones desde hace unos años. En 2014, la AEAT hizo un cambio en la interpretación de la normativa fiscal y pasó a considerar a las cadenas de televisión públicas empresas duales. Esto significa que, a ojos del fisco, las televisiones realizan una actividad comercial (venta de publicidad, patrocinios) y un servicio de comunicación audiovisual público (con las subvenciones que reciben de la Administración)

En la práctica, esto implica que las televisiones solo pueden deducirse la parte del IVA correspondiente a su actividad comercial. Hasta entonces, los entes se deducían este impuesto por completo. Este cambio de criterio cayó como una bomba entre las afectadas, que han recurrido a los tribunales todas las reclamaciones que han recibido en los últimos meses.

Según detalla RTVE en sus cuentas, la corporación está gastando todos los recursos legales disponibles para evitar estos pagos millonarios y ni siquiera ha hecho ninguna provisión en sus cuentas por estos pleitos. "En opinión de la sociedad, así como de sus asesores fiscales, existen argumentos para defender que la liquidación del acta y las propuestas de liquidación citadas, que se encuentran todavía en periodo para la presentación de alegaciones por parte de CRTVE, sean anuladas en alguna de las instancias ulteriores, bien sea la económico-administrativa o la vía contencioso-administrativa, por lo cual no se ha constituido ninguna provisión por este concepto en el balance al cierre de diciembre 2018 y 2017".

La guerra del IVA llega a Luxemburgo

En noviembre de 2018, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial a raíz de los pleitos abiertos con las televisiones autonómicas de Andalucía, Asturias, Madrid y Castilla-La Mancha, tal y como adelantó este diario. El tribunal elevó esta consulta a Luxemburgo para saber cómo casa con la normativa comunitaria esta interpretación del IVA.

El pasado enero, el TJUE comunicó a estas cuatro cadenas autonómicas que había decidido acumular las peticiones de cuestión prejudicial y abrió un periodo de dos meses para presentar alegaciones. Aunque este plazo terminaba en torno al 20 de marzo, el 11 de marzo el presidente del TJUE acordó la suspensión del procedimiento, sin trasladar a las televisiones los motivos de esta decisión. A día de hoy, el proceso sigue en trámite.

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