Sacyr salva un contrato de 2.900 M en EEUU tras un año de tensión con el 'trumpismo'

Hace año y medio, las autoridades de Connecticut, en Estados Unidos, anunciaron a bombo y platillo que habían elegido a Sacyr para llevar a cabo un megaproyecto medioambiental, consistente en la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos en Hartford y la modernización de la actual incineradora.

Para hacerse una idea de las dimensiones de este contrato, la nueva instalación estaba llamada a gestionar, por sí sola, un tercio de todos los residuos del estado de Connecticut, reducir a la mitad la basura quemada y disparar el tratamiento de residuos y su conversión en energía gracias al uso de nuevas tecnologías, convirtiendo esta planta en un símbolo del cuidado medioambiental.

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Sin embargo, para verano, todo este plan quedó en el aire, y con él, la cartera de 3.500 millones de dólares (unos 2.900 millones de euros) que Sacyr esperaba conseguir, debido a que las autoridades defendieron la necesidad de redefinir el proyecto.

El interrogante que se abrió entonces acaba de cerrarse con la firma de un Memorando de Entendimiento entre las dos partes, que si bien salva el proyecto, rebaja sus ambiciones iniciales. La convocatoria de la licitación nació bajo la administración Obama y su apuesta por el cuidado del planeta, una línea con la que después rompió la administración Trump.

Nuevas condiciones

Aunque todavía está por definir la letra pequeña, por el momento, este pacto contempla seguir con la incineradora ya existente, lo que garantiza a Sacyr la cartera de ingresos, pero rebaja el cheque inversor previsto a entre 120 y 140 millones de dólares, casi un 50% menos.

Además, se ha dejado para más adelante la introducción de nuevas tecnologías de tratamiento de residuos que iba a llevar a cabo Sacyr. La compañía está presente en esta contrato junto a su filial estadounidense Manhattan Construction, y aliada con Synagro y CWPM.

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El plan inicial contemplaba, además, un impacto directo en el empleo del personal de la planta, que al ampliarse pasaría de contar con 219 trabajadores a 265, además de otros 150 empleos indirectos y 250 puestos de trabajo durante el periodo de construcción, cifras que ahora se verán también recortadas.

El cambio de guion que ha sufrido este contrato siempre se ha interpretado, desde el consorcio ganador, como una consecuencia de la diferente sensibilidad que se respira hacia la defensa del medioambiente al otro lado del planeta desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

Además, el 'trumpismo' apunto estuvo de dar la sorpresa en Connecticut en los comicios del pasado noviembre, cuando los demócratas consiguieron salvar el poder por un estrecho margen de 20.000 votos, resultado que refleja también el cambio de sensibilidad entre los ciudadanos de este estado.