Sacyr: la mitad de los inversores desligados del núcleo duro se opone a Manrique

Manuel Manrique exhibió en la pasada junta general de accionistas de Sacyr la mejoría del negocio, especialmente por la aportación del área internacional, lo que le ha permitido consolidar el pago de un dividendo creciente. Una hoja de servicio que le facilitó sacar adelante la mayoría de los puntos del orden del día con solvencia. Sin embargo, una parte relevante de los inversores que acudieron al encuentro anual votaron en contra de su reelección como presidente ejecutivo, así como la política de remuneración del consejo de administración y el informe consultivo de retribuciones.

Según los datos oficiales de las votaciones de la junta, que tuvo un quorum de votos válidos del 55% del capital (312,92 millones de títulos), la renovación de Manrique como presidente y primer directivo de Sacyr fue respaldada por el 70,09% (230,78 millones de acciones) de los asistentes, que representaron al 40,5% del capital social. Sin embargo, esos datos esconden que la mayoría de los que le apoyaron eran los miembros del núcleo duro y consejeros. Entre ellos se encontraban Demetrio Carceller, con el 14,5% del capital compartido con los dueños de Satocán; José Manueol Loureda, con el 8,3%; y Grupo Fuertes, con el 6,3%.

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En total, un 29,1%, que sumado a su propio 1,5% que aún mantiene, elevan la participación de control al 30,6%, paquete de 173,40 millones de acciones que representó el 54,45% de los que fueron a la junta. Por tanto, de los 230,78 millones de títulos que votaron a su favor, el 75% eran de Carceller, Loureda, Fuertes y Satocán, por lo que solo un 24,8% de los asistentes ajenos al órgano de control se puso de su lado. Por el contrario, el 24,94% de los que acudieron a la junta sin participación en la gestión, propietarios del 14,44% de las acciones en circulación, lo hicieron en contra. La mitad de los accionistas calificados como libres.

La renovación del resto de consejeros obtuvo un respaldo mayor, ya que el 82,37% del total y el 70,67% de los inversores sin asiento en el consejo votó a favor de la continuidad de Isabel Martín y de Elena Jiménez de Andrade, ambas como independientes. No tuvieron apenas ningún voto en contra y solo un 12,32% de abstenciones, un 29% de los accionistas liberados.

Si los registró José Manuel Loureda, uno de los fundadores históricos de Sacyr, como Manrique, que consiguió el apoyo del 78% de los asistentes, incluido su paquete del 8,3%, pero tuvo que digerir una oposición de casi el 17%, 55,63 millones de títulos, casi el 40% de los presentes no consejeros. Se da por hecho, aunque la compañía no lo detalla en el informe de la junta, que parte de estas acciones se corresponden con el paquete del 7% que está en manos de José Moreno Carretero, el constructor que ha intentado tomar el control de Sacyr y que fue expulsado el pasado año del consejo de administración.

Los otros puntos del orden del día que tuvieron más oposición fueron el 6, relativo a una nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, tras el vencimiento de la anterior. La nueva política establece en un máximo de 2,9 millones la retribución a los consejeros no ejecutivos y en un máximo de 2 millones para el consejero ejecutivo, es decir, Manuel Manrique. Pero el presidente podrá tener además de tres bonus variables: un bonus anual, que será de hasta el 200% del sueldo fijo; otro a largo plazo, que también puede ascender al 200% del salario fijo: y un tercero de carácter extraordinario que obtendría en caso de oper11aciones singulares.

Manrique, que ya fue premiado con un millón de euros adicional por la venta de Testa, la filial patrimonial de Sacyr, a Merlin en 2016, ganó 3,7 millones en 2018. Ejercicio en el que también recibió 1,05 millones en concepto de aportación a su plan de pensiones, en el que ya acumula 4,21 millones. Además, va a recibir otros 3 millones extraordinarios por el Plan de Incentivos 2016-2018, al haber alcanzado con antelación todos los objetivos del Plan Estratégico 2015-2020.

Separación de poderes

Este punto sexto, que incluye una indemnización de 1,5 veces su sueldo fijo en caso de destitución o cese, fue apoyado por el 65,72% de los asistentes a la junta de accionistas, representativos del 38% del capital social. Pero descontado el paquete que está en manos de los miembros del consejo, solo el 30% de los accionistas libres votaron a favor y el 70% restante se opuso a esta nueva política de retribuciones. Lo mismo ocurrió con el punto séptimo relativo al Informe de Remuneraciones del ejercicio 2018, que contó con el 65,12% de los votos a favor y el 29,89%,en contra sobre el total, pero apenas con un tercio de los inversores de fondos y aseguradoras de pensiones..

Según distintas fuentes, la oposición a la renovación de Manrique y a la política retributiva se debe a dos aspectos básicos del gobierno corporativo que los asesores de voto o 'proxys' critican en casi todas las juntas. Por una parte, la excesiva concentración de poder en el presidente y a la vez primer ejecutivo, que no tiene como contrapeso un consejero delegdo. Un poder que da al consejo una libertad discrecional a la hora de fijar el sueldo del directivo y que va en contra de los estándares internacionales de gobierno corporativo, que defienden la separación de poderes entre el presidente instituciónal o 'chairman' y el consejero delegado.