10 AÑOS PACTANDO POLÍTICAS COMERCIALES

Así funciona el cártel de los libros de texto según la editorial 'chivata' que lo denunció

Vicens Vives demandó a Anele, la patronal de los libros de texto, por abusar durante años de colegios y familias al acordar precios y pactos de no agresión. La CNMC le da la razón

Foto: Libros de texto de varias editoriales en una librería. (EFE)
Libros de texto de varias editoriales en una librería. (EFE)

"Tú puedes ser muy torpe y montar un cártel o ser menos torpe y disimularlo", suele decir un experto en competencia. La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), patronal de los libros de texto en España, intentó disimular con la aplicación de un código de conducta para sus asociados, que suman el 80% de la cuota de mercado, pero la jugada le ha salido mal. Durante 10 años, ese código ha regulado los precios, castigado la competencia y repartido geográficamente los centros educativos entre las editoriales sin que las familias, que son las verdaderas víctimas porque son las que pagan los libros de texto y los digitales, se hayan dado cuenta. Hasta que una editorial díscola, la catalana Vicens Vives, se negó a someterse a las ataduras del código, abandó la asociación y denunció a Anele. Y ha ganado, a pesar de las coacciones, amenazas y demandas judiciales que la patronal ha lanzado en su contra desde el año 2012, fecha en que Vicens Vives abandonó Anele y se rebeló, según confirman fuentes del sector.

Todo esto se desprende de la resolución que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió días atrás. En ella, sanciona con 33,8 millones de euros a 33 editoriales de libros de texto y a la propia Anele por la creación e impulso de un mecanismo de colaboración mutua (el código de conducta) que, si bien la CNMC no define como cártel, sí detalla como tal a lo largo de 213 páginas de exposición. Correos electrónicos entre editoriales pactando políticas comerciales, denuncias de una por la intromisión de otra en uno de 'sus' centros, y mucha presión sobre los consejos escolares de los colegios para que compren los libros de esta editorial y no de la otra. Todo ello vulnera, según el regulador, la Ley de Defensa de la Competencia.

Un alumno, en un aula digital en Barcelona. (EFE)
Un alumno, en un aula digital en Barcelona. (EFE)

Las tres grandes editoriales españolas (Santillana, Grupo SM y Anaya) se han encontrado muy cómodas durante 10 años en esas aguas tranquilas, porque les permitía ahorrar dinero al no pincharse unas a otras con ofertas, descuentos y regalo de material tecnológico a los colegios, según se desprende de la multitud de comunicaciones usadas como prueba por la CNMC y aportadas como base de la demanda por el despacho Ashurst, representante de Vicens Vives en este litigio. En cuanto a las editoriales pequeñas, seguían el juego bien por conformidad o porque es inconcebible sobrevivir en este mercado si vives enfrentado a Anele.

Anele estimó en un 10-12% el agujero de facturación que suponía la batalla entre editoriales por regalar soportes tecnológicos a los colegios

La propia patronal, en un documentos interno de 2009, concluyó que el gasto en "elementos promocionales" para seducir a los colegios (pizarras electrónicas, tablets y otros obsequios o cesiones de material) generaba un agujero de entre el 10% y el 12% (en torno a 80 millones) en la facturación de las editoriales, y por lo tanto convenía parar en seco esa escalada. Si yo sé que nadie va a venir a robarme el colegio, argumentaban las editoriales, puedo dejar de equipar sus aulas y mejorar mis márgenes de beneficio. Y así ocurrió, ya que de la noche a la mañana los colegios empezaron a reclamar a las editoriales por qué habían dejado de ofrecerles herramientas tecnológicas gratis sin darles otra cosa a cambio.

El avispero era enorme, según explican fuentes internas del sector editorial: primero, por la paranoia en la que vivían las editoriales, en especial las tres grandes, Santillana, Grupo Anaya y Grupo SM, obsesionadas con que nadie les robara los colegios que cada una controlaba. Cuando detectaban un comercial de la competencia ofreciendo descuentos o beneficios a sus colegios, se advertían entre ellas o le decían a Anele que amenazase al infractor con las sanciones que establecía este código, de hasta más de 100.000 euros, si no dejaba en paz tal colegio. Todas se vigilaban con lupa y con motivo, ya que el sector movió un volumen de negocio de 856,04 millones de euros en el año 2016, un 3,1% más que en el ejercicio anterior, y con un precio medio un 47,9% más caro que el resto de libros del mercado. Un pastel enorme del que los consumidores, en este caso las familias, no pueden escapar.

"El sector de los libros de texto es muy particular porque es un mercado cautivo", resume el experto en competencia consultado. "Las familias han de comprar los libros que les prescriben los colegios, y la digitalización y aplicación de nuevas tecnologías lo complica todo mucho más. La amenaza es doble. Por un lado, si dejan de vender papel dejan de ganar mucho dinero, porque ese soporte es una mina. Y, luego, porque las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación significan que los colegios necesitan el soporte, en forma de tabletas o pizarras digitales, y eso requiere inversión. Ahí algunas editoriales dicen 'yo te doy o te cedo todo ese soporte’ y empieza una batalla comercial entre ellas. Ese gasto duele a las grandes editoriales, quienes se inventan este código de conducta para castigar la competencia y por lo tanto frenar la innovación. ¿Por qué una editorial no puede ofrecer herramientas para trabajar sobre una metodología innovadora que han inventado?", se pregunta el experto.

No son regalos, son sobornos

Anele no ha querido matizar las acusaciones o reaccionar a la resolución de la CNMC más allá del comunicado emitido días atrás, en el que expresa su “estupefacción” ante una resolución que "valida prácticas que podrían dar lugar a situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto, que perjudican a las familias y aumentan el precio del material educativo y, sobre todo, muestra un claro desconocimiento del funcionamiento de un mercado como el de los libros de texto". Anele presentará recurso ante la Audiencia Nacional (AN) para revocar esta condena del organismo regulador de la competencia.

Es más, Anele asegura que su código de conducta "está fundado en recomendaciones de organismos internacionales de prestigio como el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la Unesco, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del 'cohecho, regalos, favoritismo' y que abogan por pactos de integridad, como el aprobado por Anele 'para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio".

Fuentes editoriales comparan lo que ocurría en los colegios hasta la aplicación del código de conducta al despilfarro de las farmacéuticas

Santillana, una de las grandes afectadas, también recurrirá la decisión a la AN. La editorial del Grupo Prisa señala en un comunicado que la resolución "no es firme y contiene errores materiales" y que el código de conducta del sector "propugnaba la libre elección por parte de los centros y docentes de los libros de texto en base a criterios pedagógicos, al tiempo que pretendía acabar con cualquier tipo de prebenda o regalo en la prescripción de materiales educativos". Fuentes editoriales partidarias de Anele sostienen, en esta línea, que regalar pizarras electrónicas y hasta tabletas en colegios públicos es ilícito y puede incurrir en cohecho, y equiparan lo que ocurría en los colegios hasta la aplicación de este código al despilfarro del sector farmacéutico. También advierten de que no se puede dar por zanjada esta polémica hasta que la Audiencia Nacional emita sentencia firme.

Comienzo del curso escolar en un colegio. (EFE)
Comienzo del curso escolar en un colegio. (EFE)

"El problema de Anele para afirmar que actuaba como un cártel es que ha sido protagonista en este mecanismo. La asociación mandaba cartas amenazantes a los centros, coaccionaba a las editoriales que se salían de lo pactado y acosaba a los díscolos, en especial Vicens Vives, hasta el punto de demandarla ante los tribunales en Barcelona en 2014, demanda desestimada en primera instancia y luego por la Audiencia Provincial. Es normal que si como profesor recibes un comunicado de la patronal diciendo que estás cometiendo un delito por aceptar que introduzcan equipamiento tecnológico en tu centro, igual, ante la duda, no te la juegas, aunque tú no estés ganando un céntimo con ello porque quien paga los libros son las familias", indican fuentes conocedoras del caso. Y señalan: "Quienes conocen Anele saben que es una herramienta al servicio de las tres grandes editoriales. En las reuniones de la asociación ya subía a la sala el presidente acompañado de los tres representantes de Santillana, Anaya y SM, con todo ya pactado".

Demandas colectivas de las AMPA

Si la Audiencia Nacional confirma, como señala con todo lujo de detalles la CNMC, que las editoriales han acordado precios y llegado a pactos de no agresión con el fin de no competir y seguir controlando con mano de hierro los centros de educativos, la pregunta es clara: ¿pueden las asociaciones de padres y madres (AMPA) presentar una demanda colectiva contra las editoriales por el precio al que les han obligado a comprar los libros, tanto físicos como digitales? Los expertos son taxativos: "En cuanto a una AMPA, o a un bufete de litigación masiva, se le ocurra demandar por lo que les han cobrado de más en los precios de los libros de texto, tiene todas las de ganar". Todo a pesar de que la resolución de la CNMC todavía no es firme y el fallo de la Audiencia Nacional puede demorarse años.

"No recurren por la multa, que es muy benévola, sino por mantener el código de conducta y seguir ahorrando millones de euros que luego, como se ha visto, no reinvierten sino que van a su cuenta de beneficios. Esta multa, si mantienen el chiringuito, está pagada el año que viene. Si consiguen seguir amedrentando a los centros con sus cartas y a las consejerías, el problema no se va a resolver. La clave es que los consejos escolares tomen nota, sepan que lo que les exige Anele no es legal, y vuelvan a abrirse a apostar por aquellas metodologías que más les convenzan, apretando todo lo que puedan a las editoriales para que las ofertas sean más atractivas y redunden en beneficio de las familias", explican fuentes que han seguido muy de cerca el litigio entre la patronal y Vicens Vives.

Desde que la CNMC emitió su resolución, el código de conducta queda anulado y cualquier editorial puede plantear descuentos en sus libros o equipar colegios enteros si así lo considera. Todavía es pronto para ver cómo moldea la nueva realidad este sector y si redunda o no en beneficios para las familias y los colegios.

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