El Gobierno activa el pleito millonario contra la aseguradora del Prestige

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio de Fomento, ha cerrado hace unos días la contratación de Squire Patton Boggs (SPB), un importante despacho de abogados internacional, para pleitear en Reino Unido con The London Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club), la aseguradora del Prestige. En juego, la friolera de casi 900 millones de euros de indemnización al Reino de España por la catástrofe del buque petrolero.

Según explican fuentes jurídicas, Sasemar contactó con reputadas firmas de abogados internacionales con oficina en Londres y les invitó a presentar una propuesta para apoyar a la Abogacía del Estado en el inminente pleito contra la aseguradora The London P&L, que según publicó 'La Voz de Galicia' no está dispuesta a pagar por las buenas la póliza que tenía suscrita con el armador.

El fichaje de este despacho, que se ha hecho a través de una licitación confidencial al afectar a los intereses del Estado, se ha cerrado después de que el pasado 20 de diciembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictase la sentencia clave en materia de responsabilidades civiles derivadas de la catástrofe. En total, el alto tribunal confirmó indemnizaciones por un valor total superior a los 1.500 millones de euros para España, Francia, la Xunta de Galicia y más de 200 particulares y empresas como principales afectados por el vertido. Previamente, fue la Audiencia Provincial de A Coruña la que estableció las cuantías, si bien las partes recurrieron en casación.

En el lado de los responsables figuran el capitán del barco, Apostolos Mangouras, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) y la citada aseguradora como responsables directos de las indemnizaciones. Mare Shipping, dueña del barco, lo hará en calidad de responsable subsidiario. Tras este pronunciamiento del Supremo, el pasado 6 de febrero la Audiencia Provincial dictó una providencia para instar a todas las partes a efectuar los pagos de manera voluntaria en un plazo de 20 días, algo que parece poco probable.

De ahí que el Gobierno, vía Sasemar, se haya reforzado con el citado despacho norteamericano, un viejo conocido en la causa. El año pasado, esta firma trabajó para el Estado en dos pleitos en Nueva York a instancias del capitán Mangouras, tal y como publicó 'Vozpópuli'. En esta ocasión, la Justicia norteamericana investigaba, por un lado, la información que usó el perito para preparar el caso Prestige y, por otro, la información que SPG conserva tras su trabajo como asesor legal de España ante la demanda que se presentó contra la American Bureau of Shipping (ABS), la compañía que certificó el buen estado del Prestige hasta el día del hundimiento.

El origen de la catástrofe del Prestige se remonta al 19 de noviembre de 2002, cuando el buque petrolero se hundió tras un fuerte temporal frente a las costas de Galicia y contaminó cerca de 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa. Más de 15 años después, el asunto todavía vive en los tribunales a la espera de dirimir a cuánto asciende la factura del que es uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España.