La tasa Tobin podrá recaudar hasta 700 M con un riesgo de expulsar inversores

El Ejecutivo trabaja contrarreloj para elevar su capacidad recaudatoria. Y a la vez, trata de no dejarse en el tintero algún tipo de penalización fiscal sobre el sector financiero, aunque finalmente se haya decantado por gravar las transacciones en vez de a la banca tradicional. Hacienda sustituyó el impuesto a la banca por la tasa Tobin en su negociación presupuestaria con Podemos, y ha seguido avanzando con este plan.

La capacidad recaudatoria sería cercana a los 700 millones de euros, según los técnicos de Hacienda de Gestha, aunque los expertos alertan del riesgo de que haya una caída en los volúmenes negociados en la bolsa española. Dicho de otra manera, una expulsión de grandes inversores. Eso sí, los brókeres consultados aseguran que no hay gran preocupación entre los inversores porque ven difícil que una mayoría del Congreso lo apruebe. El volumen negociado entre enero y septiembre fue de más de 450.000 millones de euros, con 34.953 millones negociados en septiembre a través de 2,98 millones de negociaciones, según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). El volumen de acciones negociadas está cayendo este año un 8% interanual. Fuentes del mercado lo achacan a la incertidumbre fiscal que se ha producido con el cambio de Gobierno.

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En cualquier caso, con el impuesto sobre transacciones financieras (ITF, FTT en el argot financiero internacional), Hacienda podría conseguir ingresos extra desde el sector financiero, aunque sea a través de otra rama de la cadena de valor, Moncloa contentaría a Podemos, cumpliría parcialmente con la promesa fiscal de Pedro Sánchez en enero y, por último, se implantaría una tasa a imagen y semejanza del modelo francés, que sí le gusta a Nadia Calviño. De hecho, la banca confiaba en que la ministra de Economía fuera un freno a la amenaza fiscal.

La tasa Tobin sería un nuevo impuesto, con lo que debería aprobarse por ley orgánica. El objetivo de Hacienda es presentar la propuesta antes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que tiene previsto para finales de noviembre. Antes, el Gobierno enviará el próximo 15 de octubre a Bruselas su plan presupuestario, con líneas generales sobre la capacidad recaudatoria y el gasto público.

Para entonces, aunque no se conozcan los detalles, Hacienda debe tener estimados los números. Fuentes de Hacienda apuntan a una tasa del 0,2% sobre la compra de acciones —excluyendo bonos o derivados—, como informó 'El País' este fin de semana, con un objetivo de recaudación cercano a los 1.000 millones de euros. No obstante, técnicos de Hacienda apuntan a cifras inferiores.

Francia aplicó una tasa del 0,2% a las operaciones con acciones cotizadas entre 2012 y 2016 —en 2017, subió al 0,3%—. Los cálculos de Gestha a partir del volumen negociado en España y Francia y el peso sobre el mercado europeo apuntan a una recaudación potencial de entre 630 millones y 680 millones al año, suponiendo que no caiga el volumen de negociación, algo de lo que avisan en el sector.

Decepción recaudatoria

La idea de aplicar una tasa Tobin se lleva hablando en Europa desde hace una década. En 2013, la Comisión Europea presentó una propuesta que solicitaron 11 países, entre ellos España, Francia o Alemania, aunque no fructificó. La directiva comprendía un 0,1% para la negociación de acciones y bonos y el 0,01% para derivados y otras posiciones, recuerda José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Reino Unido cuestionó la legalidad, mientras que Francia e Italia lanzaron sus propias iniciativas.

Desde Hacienda, aseguran que queda por definir si afectará a todas las empresas o habrá límites por capitalización, y qué operaciones se gravarán

El caso francés es el más cercano al desarrollo técnico que está llevando a cabo Hacienda. El impuesto se dirige a todas las compañías cotizadas con oficinas en Francia, aunque se negocien en otros mercados. “El comprador es el responsable del impuesto, que se basa en el precio al que se venden las acciones”, señala Mollinedo, que recuerda que la tasa se basa en el precio al que se compran o venden las acciones, con exenciones como transacciones de mercado primario (emisión), transacciones intragrupo, creación de mercado, o las operaciones de cámaras de compensación.

“Tanto en Francia como en Italia hay muchas excepciones, por eso será clave conocer la letra pequeña de la propuesta de Hacienda. Si se grava todo, sería perjudicial a corto plazo para el volumen negociado, aunque se disiparía a medio plazo, y si no podría haber arbitraje entre distintas operaciones”, arguye Javier Domínguez, socio-responsable de Auriga. El sistema habitual es que se imputen en todos los centros de negociación (también si se compran acciones de una cotizada española en un centro en el extranjero) a través de las cámaras de compensación y los bancos depositarios.

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Desde Hacienda, aseguran que aún queda por definir si afectará a todas las empresas o habrá límites por capitalización, y qué operaciones se gravarán, lo que será determinante para la estimación de recaudación. Por ahora, la experiencia francesa ha mostrado que es fácil que haya decepción respecto a los objetivos recaudatorios. La tasa se introdujo el 1 de agosto de 2012, con una previsión de ingresos de 530 millones para ese año, pero solo se recaudaron 198 millones con el impuesto sobre las acciones y un millón con el tributo sobre los CDS, apunta Mollinedo. En 2013 se revisó a 700 millones, y en 2014 a 741 millones después de la primera experiencia, aunque finalmente la recaudación fue mayor, de 870 millones en 2014. En 2015 alcanzó los 1.057 millones y en 2016, los 975 millones.

La imposición de una tasa a las transacciones financieras fue propuesta por el célebre economista John Maynard Keynes como una forma de evitar la especulación sobre las divisas, mientras que el Nobel James Tobin la conceptualizó en 1972, aunque acabó renegando de que se usara esta idea desde algunos movimientos que atacan el libre comercio mundial. En cualquier caso, la tasa Tobin ha evolucionado hacia el gravamen de operaciones financieras más allá de la propuesta inicial.

Durante las últimas semanas, varias voces han criticado las intenciones del Gobierno de Sánchez, incluyendo al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, que cree que solo tendría sentido si se implanta en toda Europa. Por su parte, desde BME señalan que “la aprobación de una tasa a las transacciones financieras es una mala idea tanto para las empresas cotizadas como para los inversores”. “Va en contra de la neutralidad fiscal y la unión del mercado de capitales, genera incertidumbre regulatoria y compañías cotizadas. Se ha implantado en algunos países de nuestro entorno (como Francia), que no son los mercados contra los que compite España (Alemania y Luxemburgo), en los que la tasa no se aplica. Además, su impacto recaudatorio es limitado”, añaden.