La ofensiva de los municipios para recaudar más pone en jaque a las pequeñas eléctricas

Las pequeñas comercializadoras eléctricas se están encontrando con un problema que crece por momentos. Se trata del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un tributo que desde hace algo más de un año los ayuntamientos han descubierto que también se lo pueden imponer a las empresas que venden la luz.

Se trata de una situación anómala, pero que amenaza con dejar en fuera de juego a todas las pequeñas comercializadoras, algo que deja el camino despejado de competencia a grandes como Endesa, Iberdrola o Naturgy.

La problemática surge porque la actividad de comercialización de luz no goza de un epígrafe específico por el que tributar por este impuesto. Tras la liberalización del sector eléctrico en 1997, quedó en el limbo. Sin embargo, la delicada situación por la que atraviesan las arcas de muchos ayuntamientos les ha llevado a agudizar el ingenio. Así, alguna entidad, en su empeño por cobrar este impuesto, colocó a las comercializadoras como empresas ubicadas en el epígrafe 659.9 de 'Venta al por menor de otros productos no especificados'.

Aquí está la clave del problema. Esta categoría obliga a pagar una cantidad fija en todos los ayuntamientos donde se opera, sin discernir el nivel de facturación que tenga. Es un impuesto que grava la propia actividad, sin importar el volumen de la misma. Así, existe un rango que va desde los más de 200 euros anuales de los municipios más pequeños hasta los 400 euros, sin descartar algunas localidades concretas donde existen figuras específicas que eleva este tributo por encima de los 1.000 euros, como Vitoria. Por si esto fuera poco, los ayuntamientos solicitan este abono desde hace cuatro años (máximo período legal por el que pueden reclamar), con los consiguientes intereses.

Las comercializadoras han recibido más de 500 notificaciones de municipios españoles reclamando el pago del IAE de los últimos cuatro ejercicios

Tal y como explica una de las comercializadoras afectadas, "esto no es un problema para grandes empresas con elevados niveles de facturación, pero es insostenible pagar un tributo donde apenas tienes clientes". El problema ahora es la avalancha de notificaciones de ayuntamientos pequeños. "Llegan cada día", apunta una empresa, "hemos recibido más de 500 solicitudes de municipios para pagar el IAE", concluye. Diputaciones provinciales como la de Ourense, Zaragoza, Alicante y más recientemente la de Salamanca centralizan este servicio municipal y han enviado cartas reclamando por el conjunto de todas sus localidades, sean del tamaño que sean.

Cristina Ucelay, abogada de Escandinava de Electricidad, y experta en el caso, asegura que esto ya está obligando a algunas pequeñas empresas dedicadas a esta actividad a desistir en según qué municipios. Pese a los esfuerzos judiciales que están haciendo, ya hay ayuntamientos que están empezando a sancionar por esta causa. Advierte de que hay administraciones con gran fuerza a la hora de imponer medidas coercitivas, lo que complica eludir las multas.

Un problema con respuesta en Bruselas

Esta abogada considera esta situación "una locura", ya que va contra las directivas comunitarias que regulan la venta de electricidad por lo que cree que lo único que tiene que hacer el derecho español es transponer los mandatos procedentes de Bruselas.

Instituciones como la CNMC han advertido en repetidas ocasiones de que esto viola la unidad de mercado, ya que se trata de un impuesto estatal delegado a los ayuntamientos, y es claramente restrictivo para la competencia.

Al margen de lo anterior, "supone un auténtico laberinto burocrático", señala Ucelay. "Es inabarcable para las pequeñas compañías gestionar el pago de impuestos con miles de municipios, que supondría un coste de recursos inasumible", sentencia.

La CNMC ha advertido en repetidas ocasiones de que este impuesto viola la unidad de mercado y es claramente restrictivo para la competencia

En este sentido, el informe de la Comisión de Expertos de Financiación Local señalaba que "para evitar los costes de gestión que a los grandes comercializadores de servicios básicos les supondría darse de alta en todos los municipios en los que ejercen las actividades citadas y satisfacer las cuotas municipales, la Comisión propone la asignación de las actividades de comercialización de servicios de básicos de uso generalizado al por mayor y al por menor, a grupos o epígrafes que contemplan cuotas nacionales".

Para los afectados, detrás de esta situación no cree que haya intereses espurios, sino la "dejadez legislativa, ya que no han abordado este tema". "Está claro que para las grandes este es un tema que prefieren no tocar porque así se encuentran sin competencia en muchos lugares, pero este es un problema que debe arreglar la administración".

Apetito recaudatorio municipal

Estas empresas aseguran que el problema germinó después de que el Tribunal Supremo reconociera a los ayuntamientos que pueden recaudar por la utilización del dominio público a las empresas poseedoras de las redes eléctricas. Sin embargo, las comercializadoras no hacen un uso del espacio físico, ya que su negocio es la compraventa de electricidad.

Esta problemática ya se dio en el sector de las telecomunicaciones, donde Vodafone logró que la justicia europea le diera la razón.

Mientras tanto, el problema no para de crecer, los ayuntamientos cada vez están más coordinados y se han lanzado de cabeza a este terreno, del que depende una parte importante del negocio de las comercializadoras eléctricas, que tratan de hacerse un hueco entre las todopoderosas eléctricas que dominan este mercado.