España afronta una sanción europea por demorar una directiva 'profintech'

La Comisión Europea llevará a España ante la Corte Europea de Justicia por los retrasos en la aplicación de la Directiva de Cuentas de Pago, una normativa pensada entre otras cosas para facilitar el desarrollo de los servicios financieros 'fintech' y la banca 'low cost'. La Comisión ha decidido proponer una sanción inferior a la anunciada anteriormente, pero ratifica que España aún no ha cumplido en la transposición de la directiva, que tendría que haber estado lista el 18 de septiembre de 2016 a más tardar.

Según la UE, esta normativa está pensada para garantizar que los consumidores "disfruten de unas cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e inclusivo". La directiva concede a todos los residentes legales de la UE el "derecho a poseer una cuenta de pago básica con un coste razonable, independientemente de su lugar de residencia", que mejora la transparencia de las comisiones y facilita la comparación entre cuentas y el cambio entre unas y otras.

Bruselas advierte de que en caso de que la transposición quede incompleta y el Tribunal de Justicia de la UE confirme el punto de vista de la Comisión, la multa diaria tendría que pagarse desde la fecha de la sentencia o una fecha posterior establecida por el Tribunal de Justicia hasta la transposición completa de la directiva. El importe final de la multa diaria será decidido por el Tribunal de Justicia, pero no podrá exceder del propuesto por la Comisión.

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Según expertos consultados, la directiva facilita el camino a un tipo de cuentas de ahorro más flexibles y baratas que las tradicionales, alternativa que debería servir como instrumento de inclusión financiero y que potencialmente podría perjudicar a los grandes bancos en beneficio de las nuevas iniciativas tecnológicas. No es la primera vez que España recibe quejas de la Comisión por no aplicar la normativa financiera europea. Por ejemplo, en abril de 2017, la Comisión denunció a España ante la Corte Europea por retrasos similares en la transposición de la Directiva de Crédito Hipotecario.

El Gobierno español tampoco está avanzando al ritmo esperado en la que está considerada piedra angular del 'fintech' europeo, la llamada FSD2 o Segunda Directiva de Servicios de Pago, que entró en vigor el 13 de enero de 2018 en países como Francia, Alemania o Reino Unido. Por ahora, se ha elaborado un anteproyecto aprobado a mediados de mayo que aún tardará meses en ser tramitado.

Las 'fintech' españolas denuncian que la situación les plantea problemas, toda vez que necesitan convalidar las licencias otorgadas en base a la primera directiva de servicios de pago a la luz de las disposiciones de la segunda directiva. Esta situación supone que las empresas españolas que han pasaportado su licencia a otros países podrían tener dificultades para seguir actuando, ya que en el resto de Europa rige la segunda directiva. Eso, sin contar con todos los servicios que, entretanto, no podrán desarrollar las empresas españolas, pero si podrán ofrecer las de otros países europeos.