Andreu rechaza las querellas contra los que sacaron dinero los últimos días del Popular

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la solicitud de ampliar la querella de varios exaccionistas del Banco Populara 68 grandes clientes de la entidad que retiraron sus depósitos en los días previos a su resolución, lo que a la postre provocó su inviabilidad. Los afectados los acusaban de información privilegiada, pero el magistrado entiende que esto no se puede incluir en la causa que instruye contra Ángel Ron por posible falsedad contable y contra Emilio Saracho por hundir supuestamente la cotización. Ahora bien, no cierra la puerta a abrir otra instrucción por esos hechos.

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"El posible uso de información privilegiada por parte de clientes de la entidad para evitar los posibles perjuicios que su resolución pudiera producirles no presenta ninguno de los factores de conexidad que se establecen en el artículo 17 de la L.E.Crim., hechos que pueden ser investigados por separado sin fracturar la continencia de la causa, siendo así que la inclusión en la instrucción del presente procedimiento de tales hechos no supondría más que aumentar exponencialmente la complejidad de una causa ya de por sí muy complicada, con la consiguientes dilación en la tramitación de la misma", argumenta Andreu en un auto dictado este jueves.

Es decir, el magistrado no entra en el fondo de la cuestión (si los depositantes que se llevaron su dinero en masa tenían información privilegiada), sino que se limita a constatar que aceptar esto supondría abrir un nuevo frente en la instrucción que la complicaría todavía más porque no hay conexión . Hay que recordar que con los delitos que se imputan a los dos expresidentes. Andreu ha encargado un informe a dos peritos del Banco de España, al igual que hizo en el caso Bankia, cuyas conclusiones serán decisivas para llevar la causa a juicio o para archivarla.

Además, el auto explica que la solicitud de ampliar la querella se fundamenta en "informaciones periodísticas", si bien no especifica qué medios las han publicado. Los jueces suelen ser reacios a admitir las solicitudes basadas únicamente en noticias de prensa sin pruebas que las apoyen; salvo cuando se trata de delitos especialmente graves, en cuyo caso suelen requerir esas pruebas a los periodistas autores de las informaciones.

No hacía falta tener información privilegiada

Lo cierto es que no hacía falta tener información privilegiada para escapar del Popular en sus últimos momentos. Bastaba con conocer la legislación de resolución bancaria europea, que determina que, en caso de que las autoridades intervengan un banco, antes de inyectarle dinero público deben sufrir pérdidas los accionistas, tenedores de CoCos y subordinada, los bonos senior y, si con eso no es suficiente, los depósitos superiores a 100.000 euros. Los gestores de esos depósitos son profesionales financieros y no estaban dispuestos a correr ese riesgo, por lo que se llevaron su dinero a toda velocidad cuando el valor se hundió en bolsa. El pánico se extendió a los pequeños clientes que también sacaron sus depósitos aunque fueran inferiores a los citados 100.000 euros.

¿Y quiénes fueron los institucionales que retiraron sus depósitos? Pues, para empezar, numerosas instituciones públicas como la Seguridad Social, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Barcelona,la Comunidad de Madrid, Adif o la CNMC, como adelantó El Confidencial. En cuanto a empresas privadas, destacan Mercadona, Mapfre, Santa Lucía e incluso la propia Allianz, accionista del Popular.