Interior tira de CMS Albiñana ante la avalancha de procedimientos por el 1-O

El Ministerio del Interior ha encomendado a CMS Albiñana & Suárez de Lezo que ayude a los abogados del Estado en el asesoramiento legal a las fuerzas de seguridad que participaron en el dispositivo del 1-O, según consta en los registros de la plataforma de contratación pública.

En concreto, según explican desde Interior, se trata de un contrato "temporal" que servirá para "reforzar" la labor que ya realizan los abogados del Estado en la defensa de los policías y guardias civiles que participaron en el despliegue de seguridad del referéndum ilegal.

Interior recuerda que "algunos partidos políticos" y colectivos afines al independentismo como "ANC y Ómnium Cultural" incitaron a denunciar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que derivó en una "posible avalancha" de procedimientos en diferentes juzgados de Cataluña. "Esta estrategia pretendía bloquear a la Administración General del Estado en relación con la asistencia letrada de sus funcionarios", añade el ministerio. De ahí que la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido se haya visto forzada a recurrir a abogados privados para dar soporte a los servicios jurídicos del Estado, que, por el momento, llevan casi todo el peso de los procedimientos.

El contrato, publicado el pasado 15 de marzo, está valorado en 17.975,00 euros y está vigente "hasta el 26 de junio", precisa el ministerio. Dado que es un contrato menor, la ley prevé que pueda adjudicarse sin necesidad de convocar un concurso público, como así ha sido. También ha influido el hecho de que CMS cuente con sedes tanto en Madrid como en Barcelona.

Junto a los abogados del Estado, el despacho que dirige César Albiñana, que ha declinado comentar esta información, deberá articular la defensa de las fuerzas de seguridad implicadas en un dispositivo que costó cerca de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, dietas y desplazamientos. Tal y como reveló el propio Zoido hace unas semanas, el despliegue contó con 4.500 policías y guardias civiles y el día del referéndum el número de efectivos movilizados ascendió a 6.000.