Zandi aprovecha la lentitud de la Justicia: pide la prescripción de su delito de 126 millones

La justicia en España, por falta de recursos técnicos y humanos, no es tan rápida como gustaría a la ciudadania. Una demora en incoar los procesos que aprovechan los presuntos delincuentes para evitar ser sancionados. Ocurrió días atrás con el caso Palau, en el que los directivos de Ferrovial que pagaron los sobornos quedaron exonerados de castigo al haber prescrito sus delitos. Lo mismo sucedió con César Alierta en el caso Tabacalera. Una argucia legal que también quiere aprovechar Massoud Farshad Zandi, el íntimo amigo de Juan Luís Cebrián y Felipe González, para evitar pagar una multa de hasta 126 millones de euros por simular su residencia fiscal.

Según han confirmado fuentes próximas al caso, la abogada del inversor iraní presentó el 15 de diciembre de 2017 un escrito en el que aseguraba que la acusación sobre el fraude fiscal de su cliente tenía un defecto de forma. En concreto, que la investigación sobre el ejercicio 2012 había prescrito debido a que, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 18 de mayo, el juzgado no la tramitó durante los seis meses correspondientes.

El recurso de Ana Rodríguez, la letrada de Zandi, explica que en el caso de que la Fiscalía Anticorrupción vuelva a presentar una denuncia para reactivar la acusación, ya habrán prescrito los posibles delitos del año 2012, por lo que el amigo de Juan Luís Cebrián, Felipe González y gran parte de la 'jet set' madrileña no podrá ser juzgado. El asunto es de gran relevancia porque el juzgado admitió a trámite el recurso de reforma el pasado 9 de enero, lo que significa en la práctica que el inversor podría librarse de pagar una parte relevante de la factura al fisco.

Zandi es uno de los empresarios que aparece en los ‘Papeles de Panamá’ por haber usado los servicios de Mossack Fonseca para ocultar a Hacienda la propiedad de la luxemburguesa Star Petroleum. Como adelantó El Confidencial en diciembre de 2016, la Fiscalía Anticorrupción le acusó de defraudar 3,32 millones “al no presentar en 2010 declaración alguna en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pese a obtener unas rentas inmobiliarias de 15,78 millones y unas ganancias de patrimonio no justificadas de 7,75 millones”.

Tras un registro de su domicilio y de sus oficinas la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid amplió su denuncia contra el empresario iraní por tres delitos en relación con el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al periodo 2010-2013. Una extensión de la demanda inicial que supuso elevar la cuantía del dinero presuntamente defraudado a los 126,48 millones.

Con esta maniobra, el inversor de origen iraní quiere evitar ser juzgado por 100 de los 126 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria

De la información remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se desprende que Zandi Gohorrizi tenía en 2010 y 2011 su residencia en España, por lo que estaba obligado a declarar por el conjunto de las rentas obtenidas a nivel mundial. Sin embargo, diseñó un entramado societario para, además de simular su residencia en Dubái, ocultar la titularidad de los bienes que él mismo poseía tanto dentro como fuera de España.

Así, creó en Luxemburgo la sociedad Zarathustra Olding S.A. que controlaba el cien por cien de otra sociedad llamada Golden Vending S.L. que era la que figuraba como titular formal que el denunciado tenía en España. A su vez, constituyó en dicho país otra sociedad (Trade Petroleum S.A.) con el objetivo de controlar desde España sus negocios petrolíferos. El entramado societario incluía otra sociedad domiciliada en Seychelles (Hypersonic Limited) para controlar los rendimientos de sus empresas dedicadas a la actividad petrolífera y minera.

Con el fin de controlar las sociedades y los movimientos de efectivo de las mismas contaba en Madrid con Cristina Salvador Perucha, cuya tarea era evitar que Hacienda detectara la actividad ilegal de Zandi. En los años que Zandi ocultó tener fijada su residencia en España (2010 y 2011) no presentó declaración al IRPF a pesar de las ganancias obtenidas en ambos ejercicios, por lo que la cantidad defraudada ascendió a casi 25 millones de euros (13.968.514,61 euros y 10.971.494,41 euros, respectivamente).

Si la Fiscalía Anticorrupción vuelve a presentar una demanda para reactivar la acusación, ya habrán prescrito los posibles delitos del año 2012

Las tarjetas a nombre del chófer

En los años 2012 y 2013 el denunciado manifestó haber traslado su residencia fiscal a España por lo que se acogió "indebidamente" al régimen de trabajadores desplazados "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito". Pese a que fue informado por Hacienda de que no cumplía los requisitos exigidos por la normativa tributaria para acogerse a tal régimen, en ambos ejercicios omitió en su declaración del IRPF los ingresos por ganancias de patrimonio por venta de acciones, rendimientos de actividades económicas o ganancias de patrimonio no justificadas. Por tanto, en 2012 la cantidad defraudada fue casi de cien millones de euros (99.542.816,46) y poco más de otros dos millones al año siguiente.

Este importe es que la letrada de Zandi, que después de más de un año fuera de España ha vuelto a pisar Madrid, considera que ha prescrito. Su defensa contra la acusación de la Agencia Tributaria también se basa en los gastos de su tarjeta de crédito, que demostrarían que no simuló su domicilio fiscal. Varias de esas tarjetas estaban a nombre de su chófer particular, José Manuel Cantillo, quien después de explicar a Hacienda para qué utilizada una Visa y una American Express (Banco Popular y Caixabank) -retirada de efectivo que entregaba a Zandi y a Perucha, además de compras para su casa y pagos de multas- falleció en extrañas circunstancias el pasado mes de octubre.