SERÁ ASUMIDA POR LA AUDIENCIA NACIONAL

La Fiscalía amplía su denuncia contra Zandi y eleva su fraude a Hacienda a 126 millones

La ampliación es por tres delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) correspondientes al periodo 2010-2013

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La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón una ampliación de su denuncia contra el empresario iraní Massoud Farshad Zandi por tres delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al periodo 2010-2013. Además, la Fiscalía sostiene en su denuncia que, dado que la cantidad de dinero defraudado asciende a 126.487.742 euros, el juez debe acordar "inmediatamente" su inhibición en la causa para que sea asumida por la Audiencia Nacional.

Zandi es un empresario español de origen iraní, íntimo del editor de 'El País'​, Juan Luis Cebrián, y del expresidente del Gobierno Felipe González. Tal y como ya informó El Confidencial el pasado año, Zandi ha usado los servicios de Mossack Fonseca para ocultar a la Hacienda española la propiedad de la luxemburguesa Star Petroleum. Hace unos meses, la Fiscalía ya había presentado otra denuncia al atribuirle una presunta defraudación en 2010 de más de tres millones de euros. Ahora, al aparecer nuevos extremos relativos al IRPF de ese año, eleva la cantidad defraudada a 14 millones, al tiempo que le imputa otros tres nuevos delitos correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, lo mismo que a las otras cuatro personas contra quienes dirige la denuncia como cooperadores necesarios de los hechos: Cristina Salvador Perucha, Domingo Ignacio Lacasa Aso, Jorge Luis Reyes y Mónica Acevedo.

De la información remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se desprende que Zandi Gohorrizi tenía en 2010 y 2011 su residencia en España por lo que estaba obligado a declarar por el conjunto de las rentas obtenidas a nivel mundial. Sin embargo, gracias al asesoramiento prestado en España por Lacasa y por Reyes y Acevedo en Ginebra (Suiza), diseñó un entramado societario para, además de simular su residencia en Dubái, también le sirvió para ocultar la titularidad de los bienes que él mismo poseía tanto dentro como fuera de España.

Así, creó en Luxemburgo la sociedad Zarathustra Olding S.A. que controlaba el cien por cien de otra sociedad llamada Golden Vending S.L. que era la que figuraba como titular formal que el denunciado tenía en España. A su vez, constituyó en dicho país otra sociedad (Trade Petroleum S.A.) con el objetivo de controlar desde España sus negocios petrolíferos. El entramado societario incluía otra sociedad domiciliada en Seychelles (Hypersonic Limited) para controlar los rendimientos de sus empresas dedicadas a la actividad petrolífera y minera.

En 2012 y 2013, se acogió "indebidamente" al régimen de trabajadores desplazados "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito"

Con el fin de controlar las sociedades y los movimientos de efectivo de las mismas contaba en Madrid con Cristina Salvador Perucha, cuya tarea era evitar que Hacienda detectara la actividad ilegal de Zandi. En los años que Zandi ocultó tener fijada su residencia en España (2010 y 2011) no presentó declaración al IRPF a pesar de las ganancias obtenidas en ambos ejercicios por lo que la cantidad defraudada ascendió a casi 25 millones de euros (13.968.514,61 euros y 10.971.494,41 euros, respectivamente).

En los años 2012 y 2013 el denunciado manifestó haber traslado su residencia fiscal a España por lo que se acogió "indebidamente" al régimen de trabajadores desplazados "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito". Pese a que fue informado por Hacienda de que no cumplía los requisitos exigidos por la normativa tributaria para acogerse a tal régimen, en ambos ejercicios omitió en en su declaración de IRPF los ingresos por ganancias de patrimonio por venta de acciones, rendimientos de actividades económicos o ganancias de patrimonio no justificadas. Por tanto, en 2012 la cantidad defraudada fue casi de cien millones de euros (99.542.816,46) y poco más de otros dos millones al año siguiente.

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