según jaime ponce, presidente del frob

El Gobierno no hará una venta forzada de Bankia y ampliará el plazo si es necesario

El FROB no piensa vender el 60% que le queda en Bankia a la fuerza si no encuentra ventanas de oportunidad. Y si se agota el plazo (2019), el Gobierno podrá volver a ampliarlo

Foto: El presidente del FROB, Jaime Ponce, este miércoles en el Congreso. (EFE)
El presidente del FROB, Jaime Ponce, este miércoles en el Congreso. (EFE)
La reciente colocación de un 7% de Bankia en bolsa ha puesto sobre la mesa la futura desinversión total del Estado e incluso la posibilidad de que el 60% que mantiene en la entidad sea adquirido por el BBVA. El presidente del FROB, Jaime Ponce, ha dejado claro en el Congreso que no va a acometer una "venta forzada" y que, en caso de que se agote el plazo para la venta, en diciembre de 2019, el Gobierno puede volver a ampliarlo. Asimismo, ha reconocido que la presidenta de la JUR, Elke König, tenía una obligación de confidencialidad cuando dijo que el Popular estaba bajo vigilancia, lo que aceleró la salida de depósitos y el desplome en bolsa.

"La norma dice que tenemos dos años adicionales y que el Gobierno podrá ampliarlos. Hemos hecho una reflexión muy profunda: ¿Significa que FROB podría no hacer nada y esperar al último momento? Ese no es el mandato, es la desinversión. El MOU no fuerza a la desinversión en Bankia, pero la normativa de resolución dice que, cuando hay ayudas públicas con el fin de estabilización de una entidad, deben retirarse siempre que el mercado lo permita. Todos mis colegas europeos están en el mismo proceso. A medio plazo, 2019 sigue siendo nuestro objetivo, pero lo aplicaremos con flexibilidad: no se va a hacer una venta forzada", ha explicado Ponce este miércoles ante la comisión de investigación de la crisis financiera en la Cámara Baja.

Sede central de Bankia en Madrid. (EFE)
Sede central de Bankia en Madrid. (EFE)

El responsable del fondos público de rescate bancario ha justificado la venta del 7% porque "había demanda y la valoración en términos de precio era positiva comparándola con la de entidades similares españolas". "Teniendo en cuenta que ventanas no son ilimitadas, la situación de mercado, el interés y el apetito, parecía adecuado utilizar la ventana para hacer una colocación pequeña. De esta forma, reiniciamos el proceso después de la colocación de 2014, damos más liquidez a la acción y obtendremos una mejor valoración para poder vender la parte mollar, el 60% que nos queda", ha añadido. Asimismo, ha negado que esta operación tenga nada que ver con la pretensión de Guindos de conseguir un sillón en el BCE.

La JUR tiene estrictas normas de confidencialidad

Ponce también se ha referido extensamente a la resolución del Banco Popular y ha reconocido que la JUR está sometida a normas de confidencialidad estrictas cuando los diputados le han preguntado por las declaraciones de König: "Existen protocolos de confidencialidad muy estrictos en autoridades como la nuestra. El FROB es muy consciente de ellos, y lo mismo opera para JUR, los supervisores y cualquier autoridad. Sí, existen normas y protocolos internos muy estrictos que se pusieron en marcha", ha sido su respuesta.

No obstante, no ha querido pronunciarse sobre el caso concreto de su jefa, Elke König: "Ella explicó en el Congreso el contenido y la intención de esas declaraciones, no tengo nada que añadir". La presidenta de la JUR compareció en la misma comisión la semana pasada y se limitó a decir que “no hay indicaciones claras” de que esa información saliera de la JUR, porque “hay más instituciones públicas implicadas”, como el BCE, el propio FROB, el Banco de España o la Comisión Europea.

El responsable de gestionar el rescate bancario de España ha opinado que, cuanto más tarde se actúa en las crisis financieras, peor, y que procrastinación (como la de las autoridades españolas a partir de 2008) siempre es mala. Pero ha matizado que "las pérdidas y el deterioro de los activos ya estaban ahí, lo que fue aflorando entre 2011 y 2015 ya estaba ahí antes. El impacto del retraso no es en las pérdidas, sino en el deterioro de la confianza en el sector financiero que se traslada a la economía. Probablemente, el impacto socioeconómico habría sido menor si se hubiera actuado antes". Ponce ha declinado dar estimaciones sobre cuánto dinero se recuperará de las ayudas públicas y sobre las posibles pérdidas de Sareb.

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