Unipost presenta un ERE para 2.200 trabajadores, toda su plantilla en España

El operador postal Unipost, que está en concurso de acreedores, presentó el pasado 11 de octubre un expediente de regulación de empleo (ERE) para 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica en la que se encuentra. Unipost fue registrada por la Guardia Civil el pasado 19 de septiembre, encontrándose las notificaciones para las mesas electorales del 1-O.

Este miércoles, el despacho de abogados Jausas, que actúa como administrador concursal, ha comunicado que planteará al juez un primer ERE para 560 trabajadores.

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Unipost: del desastre financiero de una rama de los Raventós al delito electoral

Marcos Lamelas. Barcelona

La dirección de Unipost presentó la solicitud de despido colectivo ante el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, según informó el bufete Jausas. En un comunicado, el bufete aseguraba que su objetivo es buscar un comprador para la unidad productiva, que podría ser tanto otra compañía del sector como un fondo de inversión, lo que permitiría mantener los puestos de trabajo de parte de la plantilla, que está repartida por todo el territorio español.

Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado 12 de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana, con una deuda de 47,4 millones de euros y unos activos de 40,6 millones. La administradora concursal Laia Folguera se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de encontrar un comprador, ya que "en este momento hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa".

En 2014, en la organización del 9-N, Unipost fue requerida por la Fiscalía por su contrato con la Generalitat para el buzoneo de propaganda

Los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores, según han apuntado fuentes sindicales. De hecho, Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.

Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y, a principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda. La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su web, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial.

Vinculación con la independencia

En los últimos años, a la empresa que preside Antón Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista. El pasado septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

El grupo de mensajería alegó que en ningún caso conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez sopesa que se desprenden "claros indicios" de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.

En el año 2014, coincidiendo con la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre, Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.