tiene una semana para evitar el embargo

La Caixa y Mutua niegan a Artur Mas el aval para abonar la fianza de 5,2 millones

SegurCaixa Adeslas, la aseguradora del banco y de la firma madrileña, rechaza la petición del 'expresident' de la Generalitat de hacerse cargo de la sanción del Tribunal de Cuentas

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas vota en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas vota en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. (EFE)

Mientras todos esperan la intervención de Carles Puigdemont para conocer si finalmente declarará la independencia de Cataluña, Artur Mas, el que fuera presidente del Govern, cuenta los días y el dinero para presentar la fianza de 5,25 millones de euros que el Tribunal de Cuentas le impuso como multa por el uso de fondos públicos para la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014. El que fuera líder de Convergencia i Unió ha visto cómo CaixaBank y Mutua Madrileña le han negado el apoyo financiero para evitar ser embargado el próximo 20 de octubre.

Según han confirmado fuentes oficiales, Artur Mas pidió días atrás a SegurCaixa Adeslas, la aseguradora participada al 50% por el banco catalán y la compañía madrileña, la ejecución del seguro de responsabilidad civil que la Generalitat tiene suscrito con el grupo financiero para proteger a todos sus funcionarios de posibles riesgos. El que fuera presidente del Govern requirió a la aseguradora que le cubriese la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas, ya que le indicó que no contaba con fondos suficientes para hacer frente a la sanción.

La respuesta de la compañía participada por CaixaBank y Mutua ha sido negativa, según confirman fuentes oficiales. El motivo es que la póliza de responsabilidad civil firmada con la Generalitat no incluye entre los riesgos la organización de lo que se llamó un proceso consultivo sobre la independencia de Cataluña. En consecuencia, Mas no puede usar este producto financiero de SegurCaixa Adeslas para cumplir con sus obligaciones dinerarias. Desde la compañía añaden que el grupo tiene firmados seguros de responsabilidad civil con distintas administraciones públicas españolas, además de con la Generalitat.

Otras fuentes señalan que el expresidente de la Generalitat también ha intentado que CaixaBank le diera un aval para cubrir los 5,2 millones que adeuda al Estado. Pero distintas fuentes señalan que el expolítico del PDeCAT, que ha iniciado una colecta entre los miembros de su partido y las personas afines al independentismo para recaudar el dinero, no dispone de garantías suficientes para que el banco le facilite una línea de financiación. En concreto, agregan que Mas tan solo cuenta oficialmente con un piso en una calle céntrica de Barcelona, insuficiente para llegar a la cantidad requerida.

La negativa de CaixaBank y Mutua Madrileña a Mas y a la Generalitat se produce pocas horas después de que el Grupo la Caixa haya decidido trasladar fuera de Cataluña la mayoría de sus sociedades por el riesgo que suponía sobre sus cuentas, clientes y empleados una declaración unilateral de independencia (DUI). El 'holding' ha aprobado en las últimas 72 horas la mudanza del propio banco minorista (Valencia), de Criteria CaixaCorp (Mallorca), de la Funcación la Caixa (Mallorca) y hasta de SegurCaixa Adeslas (Madrid). Lo mismo ha hecho con algunas de sus participadas, como Gas Natural, Abertis y Cellnex, que también han movido su sede social a la capital de España.

Un embargo para la guardia de corps

El Tribunal de Cuentas comunicó el pasado 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat que deberá hacer efectiva una fianza de 5.251.948 euros derivada del uso de fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Disponía para ello de un plazo de 15 días hábiles, hasta el 20 de octubre, o se procedería al embargo de sus bienes, aclaran fuentes jurídicas.

El acta de liquidación de las conclusiones de la instrucción judicial por las diligencias abiertas contra el 'expresident', tres 'consellers' y siete funcionarios concluye que Mas es responsable directo de todos los gastos que supuso el 9-N y debe compartir con cada consejero y los empleados de estos departamentos, también investigados, la caución de la partida que asumió cada uno. La cantidad incluye el gasto real, 4.831.599,03 euros, más otros 420.349,14 euros que responden a los intereses. Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la fianza, solidaria, solo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.

A recoger el dictamen a la sede del Tribunal de Cuentas acudieron los representantes legales de Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega y los 'exconsellers' Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como otras cinco personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N. Además de la cantidad impuesta a Mas (que responde por todo), la mayor fianza corresponde a Irene Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles (3.044.399,09 euros), seguida por Francesc Homs (2.127.580,09 euros) y Joana Ortega (839.439,75 euros).

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