Santander impone duros objetivos a la red del Popular para retener a los 'pillados'

Banco Santander ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de convencer a los 110.000 afectados por la quiebra del Banco Popular para que acepten su oferta de compensación a cambio de evitar una oleada de demandas en los juzgados. Una operación 'comercial' en la que la entidad se juega la confianza de miles de clientes del banco adquirido, motivo por el cual ha impuesto a la propia red de sucursales del Popular, la misma que les vendió las acciones que acabaron valiendo cero, unos objetivos muy agresivos de aceptación.

Así se lo trasmitieron el pasado lunes los directores territoriales de Banco Popular a los empleados de las oficinas tras unas reuniones previas con Rami Aboukhair, consejero delegado de Banco Santander. La mano derecha de Ana Botín en la banca para particulares comunicó a los responsables de zona la necesidad de convencer a los pequeños ahorradores que compraron acciones en la ampliación de capital de 2016 y obligaciones subordinadas en 2011 y no vendieron esos títulos en ningún momento, pese a la incertidumbre sobre el futuro del grupo financiero presidido hasta el último día por Emilio Saracho.

La orden se difundió aguas abajo a los directores de oficina y estos a su vez a los empleados de las sucursales con tres objetivos concretos. El primero es que, una semana después del inicio de la comercialización de estos bonos perpetuos al 1%, deben conseguir que 55.000 afectados por la quiebra del Popular hayan aceptado lo que internamente Santander define como un ‘regalo’, ya que consideran que no tienen obligación de ofrecer ninguna compensación. Es decir, el próximo día 20 debe de haberse conseguido el 50% de las adhesiones.

Según indicaron algunos directores territoriales en las reuniones mantenidas el lunes, Aboukhair quiere poder comunicar al mercado la próxima semana este dato, que se considera esencial para hacer ver a los inversores más indecisos que se trata de una buena solución para su bolsillo. Un mes más tarde, el 12 de octubre, Santander confía en tener el sí del 75% de los ahorradores afectados por la que ha sido la primera intervención de un banco en la zona euro desde que el Banco Central Europeo (BCE) se encarga de la supervisión.

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Aunque en la alta dirección de la entidad con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) se considera complicado que todos los inversores acepten la suscripción del bono a cambio de no emprender acciones legales, en lo que se ha incidido a la plantilla es en alcanzar el 100% de asentimiento cuando acabe el periodo de suscripción, el próximo 7 de diciembre. Según fuentes internas, se han fijado objetivos de captación oficina por oficina y empleado por empleado.

Miedo al ERE de 2018

Algunos de los directores de sucursal del Popular entienden que del éxito de esta colocación de los bonos de fidelización dependerá en gran parte su futuro dentro de la entidad posteriormente fusionada. Porque en la plantilla del banco adquirido se da por seguro que el Santander aplicará el próximo año un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 3.000 y 4.000 trabajadores, entre el 20 y el 33% de la fuerza laboral. Un duro ajuste que fuentes cercanas a la alta dirección del dueño del Popular dan por seguro para obtener las sinergias previstas.

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Otro problema del que advierten es que ahora tienen que convencer a unos clientes a los que ellos mismos les vendieron las acciones de la ampliación de capital de 2012, posteriormente las de la emisión de 2016, y las obligaciones convertibles de junio y octubre de 2011, valores que hoy en día no valen nada. A esos inversores tienen que atraerlos de nuevo para explicarles que esta es la mejor opción para recuperar entre el 68 y el 75% de lo perdido, que es la tasación que le han asignado al bono de fidelización dos asesores independientes (Analistas Financieros e Intermoney).

De los 110.000 inversores pillados en la quiebra, 90.000 proceden del Popular y cerca de 20.000, del propio Santander. Para que puedan beneficiarse de esta oferta, deben mantener todas las restantes posiciones que tenían previamente con el Popular, con el Pastor o con la división de banca privada. O lo que es lo mismo, no podrán haber retirado depósitos, cerrado cuentas corrientes o de valores, fondos de inversión, de pensiones, amortizado créditos, contratos de 'factoring' o 'leasing' con el banco intervenido. Relaciones comerciales que valen mucho más que los 980 millones de euros que Santander debería devolver si todos firmasen el 'regalo'.