Sacyr: se desata la guerra en el consejo en pleno verano por las deudas de los dueños

Los deseos del presidente de Sacyr, Manuel Manrique, de abrir una “reflexión tranquila, con consenso” para adecuar el nuevo mapa accionarial de la constructora a la representación en el consejo han saltado por los aires. Según indican fuentes próximas al órgano de gobierno, en la reunión que los administradores celebraron en la última semana de julio se desataron las discrepancias entre el bando que protege al actual primer ejecutivo y la facción que apoya a José Moreno Carretero, que pidió dos asientos más, uno de ellos el que ostenta el hijo del presidente.

Tras amagar y no dar antes de la junta general de accionistas, celebrada el pasado 8 de junio, Moreno Carretero, que en las semanas previas elevó su participación del 5% al 12,8%, exigió oficialmente en el último consejo que su representación fuese acorde a su porcentaje. En concreto, pidió pasar de uno -el que tiene en la actualidad- a tres puestos en el órgano de gobierno del grupo, para igualar los mismos que tiene Demetrio Carceller, dueño del 12,7% de la constructora. Manrique tiene dos, el suyo como ejecutivo, y el de su hijo, como dominical.

Pero Moreno Carretero se encontró con la oposición de Manuel Manrique y de los representantes de Carceller, que le espetaron que su participación no era propiamente suya, sino de Citi. Le echaron en cara en realidad solo era dueño de un 5% y que el resto de las acciones formaban parte de un contrato de derivados firmado con el banco. Por tanto, el presidente y el inversor catalán rehusaron concederle los dos asientos que pidió por considerar que su maniobra no contaba con los recursos propios suficientes para apoyar el envite.

Pero Moreno Carretero respondió que, si su participación estaba apalancada con derivados, las de sus socios y ahora enemigos tampoco están libres de cargas financieras. Empezando por la del presidente, que en los últimos ocho meses ha visto como su paquete del 4,2% -llegó a tener el 6,3%- se ha reducido hasta un 1,5% por las ejecuciones de Banco Sabadell. Más aún, el accionista rebelde hizo saber que no es de recibo mantener a un presidente que tiene su casa en prenda por los créditos que aún tiene. Fuentes oficiales del grupo han declinado hacer ningún comentario sobre esta información.

El inversor, que destinó 112 millones a adquirir su primer 5%, considera que si al presidente se le ha tolerado desde hace años tener dos puestos en el consejo sin ser dueño final de sus acciones -han acabado en manos de la entidad financiera- no entiende cómo a él se le niega disponer de una representación proporcional a sus acciones. Además, argumentó que otros accionistas presentes en el consejo también se apalancaron con créditos para comprar acciones de Sacyr, inversiones que a todos les han supuesto un reguero de pérdidas.

Por ejemplo, el propio Moreno Carretero ha llegado a acumular minusvalías de 65 millones de euros por su primer 5%. Se desconoce cuánto ha pagado por los derivados sobre 20 millones de títulos de la constructora que tenía firmados con Citi y que inicialmente tenían vencimiento a finales de 2017 y septiembre de 2018. A precio de mercado, ese volumen de acciones asciende a 44 millones.

Peor le ha ido a Demetrio Carceller, que ha destinado cerca de 400 millones para ser durante varios años el mayor accionista de Sacyr, en la que ha perdido más de 250 millones. La última corrección del valor la hizo a mediados de 2016, cuando se apuntó un deterioro de 63,56 millones. Por su parte, Tomás Fuertes, presidente de El Pozo y dueño del 6% de Sacyr, ha registrado en sus cuentas pérdidas de 61 millones por una inversión inicial de 120 millones. Solo ellos se han dejado casi 400 millones.

Préstamo al 6%

En el consejo de administración también se debatió la derrota por la primera reclamación judicial en el Tribunal de Miami en relación a los sobrecostes de las obras del Canal de Panamá. Un litigio que altas instancias de Sacyr daban por ganado y que finalmente ha caído del lado de las autoridades de la infraestructura fluvial. La actuación del bufete Cortés Abogados, cuyo presidente, Matías Cortés, es consejero de la constructora, no dio resultado y ha obligado a pagar 25 millones de dólares en costas a la Autoridad del Canal de Panamá.

Además, en algunos accionistas de Sacyr ha llamado la atención la renovación de un crédito de 30 millones de euros con Banco Santander para financiar la construcción de una carretera en Perú. La refinanciación, que se ha hecho en España, se ha firmado a un tipo de interés del 6%, un diferencial muy alto que desde la compañía defienden como normal al explicar que el precio del dinero en Lima está al 4%.