Los antiguos fondos de Euskaltel ponen en la diana a la jefa de Kutxabank, Alicia Vivanco

Los fondos de inversión Trilantic e Investindustrial han presentado en los tribunales de justicia su pliego de alegaciones contra la denuncia formulada este pasado verano por los socios históricos de Euskaltel, que en diciembre de 2012 vendieron a aquellos sus participaciones accionariales en el operador vasco. La transacción ha motivado lo que ya se conoce como ‘la batalla de Euskaltel’, en la que Kutxabank, Endesa, Iberdrola y la Corporación Mondragón reclaman a sus compradores un total de 41 millones de euros a cuenta del gran ‘pelotazo’ que representó la salida a bolsa de la compañía regional de telecomunicaciones en julio de 2015.

El contraataque jurídico desplegado por International Cable (IC), la entidad que aglutinaba los intereses de los citados fondos de inversión en el capital de Euskaltel, no tiene desperdicio y supone un disparo a la línea de flotación de Kutxabank como socio original mayoritario de la compañía telefónica del País Vasco. IC considera que todo el litigio responde a una maniobra de distracción de la entidad financiera, que ha visto que el valor de su participación en Euskaltel se ha incrementado en más de 500 millones de euros. Por el contrario, y de acuerdo con el propio escrito de IC, los demás socios históricos vendieron sus acciones siguiendo el consejo impartido por la propia Kutxabank.

La entidad que integra a las antiguas cajas vascas se quedó, en efecto, con un 49,9% de Euskaltel, mientras que Endesa, Iberdrola y Mondragón, además del propio Gobierno vasco, salían del capital de la operadora. IC considera que la venta por parte de los socios industriales fue efectuada a instancias de Alicia Vivanco, la actual directora general de Participaciones de Kutxabank y consejera dominical de Euskaltel en representación de la sociedad instrumental Kartera 1SL. Vivanco llegó a ocupar también el cargo de presidenta de la comisión de auditoría de la operadora, hasta que dimitió poco antes de estallar todo el conflicto en los tribunales.

Los fondos de inversión demandados consideran que el litigio responde a una maniobra de distracción por parte del banco de las antiguas cajas vascas

Los fondos de inversión señalan que la intención inicial consistía en comprar solo una parte de los títulos que poseía Kutxabank en Euskaltel. La entidad financiera tenía entonces un 68% de las acciones y necesitaba poner en valor su inversión. Según la respuesta de IC a la demanda judicial, la transacción se extendió también a los otros accionistas de referencia que fueron convencidos por Alicia Vivanco acerca de la bondad de la operación. Los socios industriales no tenían tampoco muchos argumentos para seguir en el capital de Euskaltel, sobre todo después del contencioso con France Telecom, que terminó costando más de 200 millones de euros a la empresa vasca.

El contrato de compraventa, negociado también por la propia Alicia Vivanco, incluyó una estipulación que condicionaba el precio final al desarrollo futuro de Euskaltel, y que ahora es la base de todo el conflicto. El Gobierno presidido por Iñigo Urkullu, que también participó en la operación, presentó a finales de abril una demanda civil contra los fondos, pero lo hizo por su cuenta y riesgo, al margen del pleito que está provocando un enorme revuelo en los medios empresariales de todo el País Vasco. No conviene olvidar que alguno de los participantes de International Cable, como es Trilantic, mantiene largas relaciones de inversión en empresas emblemáticas de la comunidad autónoma.

La cláusula de 'earn-out' establecía que International Cable, en calidad de comprador, pagaría un complemento económico si se lograba alcanzar al menos el 93% del ebitda o beneficio bruto operativo acumulado de la compañía durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El cálculo de dicha variable del negocio debía realizarse siguiendo la política contable que Euskaltel estaba aplicando a la fecha del contrato, en diciembre de 2012, pero los fondos demandados ahora consideran que la empresa modificó sus criterios contables con la capitalización a partir de 2013 de determinados costes de captación de clientes, que hasta entonces se incluían como gastos en las cuentas de resultados.

International Cable ampara su contraataque en dos informes periciales y un dictamen jurídico del catedrático de Mercantil Juan Sánchez-Calero

Kutxabank y el resto de demandantes entienden que dicha modificación contable responde a la corrección de un error, pero lo cierto es que el ebitda que sirvió para determinar el importe de la compra por parte de los fondos de inversión no es homogéneo con el que ahora sirve de fundamento para reclamar a International Cable el pago de una cuantía adicional. Los compradores abonaron en su día 154 millones y los vendedores piden ahora 195. Los 41 millones de diferencia se reparten en 15 millones para Kutxabank, nueve para Endesa, 8,5 para Iberdrola y dos para Mondragón. El Gobierno vasco, por su parte, recibiría 6,5 millones.

La contestación presentada por International Cable a la demanda está respaldada por dos informes periciales encargados respectivamente a los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad agrupados en la entidad Ayuso, Laínez y Monterrey, así como a la firma de Forensic y de auditoría BDO. Los fondos refuerzan además su contraataque con un dictamen del catedrático de Derecho Mercantil Juan Sánchez-Calero, en el que se analiza la cláusula de 'earn-out' como una garantía a futuro que necesariamente debe fundamentarse en un cálculo equivalente de las variables comparadas. Con estos argumentos técnicos y jurídicos, la entidad demandada arremete contra Kutxabank, señalando que el banco que preside Gregorio Villalabeitia ha decidido llevar a sus antiguos socios a “un litigio sin bases fundadas”.