Endesa, Iberdrola y Kutxabank exigen a los fondos su parte del botín en Euskaltel

Euskaltel, la operadora vasca de telecomunicaciones cotizada en bolsa, se ha convertido en elemento de discordia como sujeto pasivo de lo que puede convertirse en una batalla de altos vuelos en los tribunales de justicia entre los antiguos accionistas de la empresa. Los primeros socios industriales del proyecto, nucleados en torno al Gobierno autonómico, como son el banco regional de Kutxabank, el Grupo Mondragón y las dos principales compañías eléctricas de España, Endesa e Iberdrola, han unido fuerzas para plantear una demanda millonaria contra los fondos de inversión Trilantic Capital Partners e Investindustrial que, a la postre, fueron los que dieron el gran pelotazo con la oferta pública de venta (OPV) materializada el pasado mes de julio.

El conflicto surge como consecuencia de la distinta valoración que ambas partes efectúan sobre los resultados de Euskaltel a lo largo de los últimos años. Las principales diferencias están centradas en la consecución de los objetivos presupuestados en el beneficio bruto de explotación (ebitda) de Euskaltel durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 que condicionaban el pago aplazado de una parte sustancial de la operación. La venta de la empresa fue materializada a finales de 2012 por parte de los socios españoles a los dos fondos internacionales, que hace menos de seis meses dieron el pase en bolsa con plusvalías superiores a los 400 millones de euros.

De acuerdo con la documentación remitida en su día a las autoridades de competencia de la Comisión Europea, la valoración inicial de Euskaltel se fijó en una horquilla de 320 a 407 millones de euros. El precio inicial se estableció en la parte baja del rango atendiendo precisamente a las variables de futuro que deberían adaptar a posteriori el importe final de la transacción. Los socios vendedores entienden que la empresa ha superado las expectativas acordadas, en tanto que Trilantic e Investindustrial discrepan de los cálculos contables y no están por la labor de soltar ni un euro más de lo que pagaron en su día.

Las cantidades en juego suponen un 10% de los 400 millones de plusvalías obtenidos por Trilantic e Investindustrial con la salida a bolsa de Euskaltel

Las reclamaciones que se vienen efectuando desde hace meses no han conducido a ningún tipo de entendimiento, de manera que los teóricos damnificados han decidido trasladar la cuestión al ámbito de sus departamentos jurídicos a fin de coordinar una demanda civil que haga entrar en razón a los dos principales beneficiarios de Euskaltel. No hay que olvidar que Trilantic, antiguo vehículo inversor de Lehman Brothers, e Investindustrial, la firma de 'private equity' fundada por la familia Bonomi, consiguieron con la OPV unos ingresos de 578 millones de euros por su participación conjunta del 48%, que habían adquirido tres años antes. A esta cifra hay que añadir otros 100 millones que se embolsaron como dividendo extraordinario previo a la salida a bolsa.

Las cantidades que están ahora en juego equivalen a cerca de 41 millones, que se reparten entre un total de cinco entidades. Kutxabank es la más interesada, en su calidad de primer accionista de referencia de Euskaltel, donde todavía controla un 30% del capital. La entidad financiera que integra las tres cajas de ahorros del País Vasco vendió a los fondos un 18% de la operadora y cobró entonces 57,6 millones sobre una valoración total de empresa de 320 millones. Al precio más alto de 407 millones, tendría que haber recibido por esa participación cerca de 74 millones, por lo que los fondos le deben otros 15 millones de euros.

Con estos mismos fundamentos, Endesa demanda ahora nueve millones e Iberdrola exige otros 8,5. La filial española de la italiana Enel se desprendió de toda su participación en Euskaltel, que era el 10,6%, y recibió cerca de 34 millones, cuando tendría que haber obtenido 43. La compañía que preside Ignacio Galán tenía el 11,8% de Euskaltel pero solo cedió un 9,7% a los fondos de inversión, que pagaron 31 millones de euros cuando en realidad deberían haber abonado 39,5 millones si se hubiera enfocado la operación sobre la base de referencia del precio más alto de la valoración.

Las muletas del Estado y las ayudas públicas han sido claves en el desarrollo de los operadores regionales de telecomunicaciones como Euskaltel, R o Telecable

El Gobierno vasco también figura en la lista de reivindicaciones, aunque su papel institucional le obliga a permanecer en un segundo plano. No obstante, el Ejecutivo regional, que aglutinaba todas las participaciones públicas en Euskaltel, llegó a disponer de un 7,5% del capital, que vendió a los fondos por 24 millones de euros. Ahora pide los 6,5 millones que le faltan para actualizar el precio de su cuota accionarial. Por último, la Corporación Mondragón se ha puesto a la cola en busca de otro millón y medio largo de euros correspondiente a su participación del 2%, por la que cobró en principio 6,4 millones cuando debería haber obtenido 8,1 millones.

La moraleja de toda esta historia demuestra que, al margen de las consideraciones industriales, Euskaltel ha resultado ser una gallina de huevos de oro que ha permitido a todos sus accionistas hacer un gran negocio, aunque no tan exquisito como el que han degustado los fondos de inversión internacionales. Los socios industriales que vendieron íntegramente su participación de primeras están si acaso más resentidos que los que solo cedieron inicialmente parte de sus acciones. El pelotazo bursátil ha sido de los que hacen época, y por eso unos y otros tratan ahora de hacer valer su parte del botín original con el fin de obtener algún dulce de los muchos que se han llevado después los más avezados inversores financieros.

Euskaltel acaba de cerrar hace unos meses la compra del operador gallego de cable R, y se apresta a hacer lo propio con la asturiana Telecable. Todas estas empresas se han fraguado al calor de subvenciones oficiales destinadas al desarrollo de infraestructuras que se supone han de revertir en una mejora del servicio. En medio del camino, los fondos de inversión han sabido trabajar el ansia de rentabilidad de los promotores industriales, convirtiendo las ayudas públicas destinadas al interés general en una oportunidad de negocio particular. Hace falta saber ahora si el proceso de consolidación de las ‘telecos’ que tantos millones ha producido para sus socios capitalistas permitirá con el tiempo garantizar los niveles de competencia previstos en beneficio de una oferta más amplia y un precio más bajo para el usuario.