el escándalo estalló el 1 de julio de 2014

Indemnizaciones y últimas salidas para 'celebrar' el segundo aniversario de Gowex

La impaciencia de los afectados por el 'caso Gowex' no deja de crecer. El enfado con Jenaro García no ha remitido pero a su lado emerge el malestar con el juez Pedraz

Foto: El expresidente y exconsejero delegado de Gowex, Jenaro García. (Reuters)
El expresidente y exconsejero delegado de Gowex, Jenaro García. (Reuters)

Javier Solsona ha sido casi de todo en Gowex. Durante los años de -supuesto- esplendor de la compañía de conexiones inalámbricas a internet, que desembocaron en un valor bursátil que rondó los 2.000 millones de euros en la primavera de 2014, fue el responsable del área corporativa, el auténtico encargado de las relaciones institucionales y con inversores de la empresa y miembro del consejo de administración. También fue apoderado de Alvasebi, firma que figuró entre los principales accionistas de Gowex, y administrador de Icox Web Consulting, una de las sociedades del grupo.

Luego, una vez destapado el escándalo tras la publicación del polémico informe de Gotham City Research, del que este viernes se cumplieron justamente dos años, fue elegido administrador judicial por parte del juez encargado del caso, Santiago Pedraz, titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Y ahora, como un trabajador más, figura en la última remesa de empleados de Gowex que, dentro de la situación concursal en la que se encuentra la sociedad, ha logrado un acuerdo para resolver su contrato y recibir la correspondiente indemnización. Las condiciones, de 23 días por año trabajado con un máximo de una anualidad, conducen en su caso a que recibirá 23.000 euros.

Logo de Gowex. (Reuters)
Logo de Gowex. (Reuters)

Solsona, como otro de los directivos fundamentales de Gowex en los dos últimos años, Gerardo Lanzas, tenía contrato laboral. Y no puede haber excepciones: le corresponde una indemnización. Pero, aunque sea así, aunque sea su derecho, esta resolución, notificada a mediados de junio, añade una gota más al ya rebosante vaso de la paciencia de los afectados por el 'caso Gowex'. Tras dos años de espera, están al límite. Y más allá. Tanto es así, que el enfado con Jenaro García, auténtico líder de Gowex como presidente, consejero delegado e ideólogo de lo que fue -en realidad, no fue- la compañía de wifi, no es que haya remitido, pero sí ha quedado matizado por el malestar que sienten con la instrucción que está practicando Pedraz. "No entendemos la actuación del juez", se queja uno de los accionistas. 

"Dentro de una semana... o 15 años"

"La instrucción puede terminar dentro de una semana... o de 15 años. Tal como trabaja la Audiencia, todo puede ser", expresa con crudeza una persona próxima al desarrollo del caso en los juzgados. "Si Pedraz le hubiera dado prioridad, la instrucción hubiera estado terminada en un año", asegura otro abogado conocedor de la situación. Por el contrario, sí valora positivamente la actuación del fiscal, Antonio Romeral. "Está haciendo un buen trabajo, muy meticuloso", precisa. 

Manuel Marchena, abogado de Legálitas que aglutina la acusación particular, reconoce la dificultad de prever un calendario. Señala que "se siguen practicando diligencias", aunque matiza que "no deberían quedar muchas por hacer". Sobre esta premisa, calcula que la instrucción podría estar finalizada a final de año y que, en el supuesto de que todo siga adelante, el juicio podría celebrarse a mediados de 2017. "Pero es casi imposible predecirlo, solo es un calendario tentativo", insiste. 

El antiguo número tres de Gowex, Javier Solsona.
El antiguo número tres de Gowex, Javier Solsona.

Además de la percepción de que la instrucción está yendo muy lenta, el malestar de los afectados alude igualmente al perímetro que Pedraz está investigando. "No solicita toda la documentación que está pidiendo la acusación particular tanto a los imputados como otros involucrados, como los rectores del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o el asesor registrado, EY", denuncia un afectado. Entre los accionistas existe la sensación de que la investigación debería ir más allá de Jenaro García, el exdirector financiero de Gowex, Francisco Martínez Marugán, el auditor, José Antonio Díaz Villanueva, y los otros ocho imputados, para ocuparse también del grado de responsabilidad del MAB y EY, principalmente, e incluso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Agencia Tributaria o el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Insisten, sobre todo, en que la cuestión no va sobre los riesgos implícitos de la bolsa, en la que se puede ganar o perder, sino sobre la contabilidad falsa diseñada por los directivos de Gowex y sobre la incapacidad del auditor y los vigilantes del mercado para descubrir el engaño. Lamentan, particularmente, que las sospechas existentes ya en 2010, a partir de un supuesto informe emitido por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), sobre la contabilidad de la compañía se limitaran a un cruce de cartas entre la CNMV, el MAB, EY y Gowex y no condujeran a una investigación más profunda que, tal vez, hubiera permitido desmontar la estafa varios años antes.

El consejero de Gowex, Francisco Manuel Martínez Marugán, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)
El consejero de Gowex, Francisco Manuel Martínez Marugán, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)

Sin embargo, fuentes del caso manifiestan que es muy difícil que estas peticiones, que buscan incidir en la responsabilidad civil que podría existir en el caso junto con la responsabilidad penal, prosperen o resulten pertinentes por las costas que pueden representar posteriormente para los clientes. "Habrá que ver lo que ocurre con EY o el MAB, pero con el resto es poco probable que pase algo", aseguran esas fuentes.

"Lo más pronto posible"

¿Y Jenaro? ¿Qué es de él? Como el resto de los imputados, se encuentra a la espera de acontecimientos. Fuentes de su entorno aseguran que tampoco está cómodo con la situación actual. "Desea que lo que tenga que ocurrir pase lo más pronto posible", afirman.

El expresidente de Gowex, que en la madrugada del 6 de julio de 2014 confesó ser el responsable de que las cuentas de la compañía no reflejaran su imagen fiel, sigue sometido a medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar el país. "Muchas veces, esta situación es la peor. Las medidas cautelares son una pena anticipada para alguien que ni siquiera ha sido juzgado todavía", añaden esas fuentes próximas.

Por el momento, y en las diligencias que está siguiendo el juez y está instigando el fiscal, se sigue investigando el rastro de su dinero, que ya ha conducido a Bélgica, Luxemburgo, Costa Rica y Panamá. A la espera de cómo evolucione el caso, el expresidente de Gowex se expone a una pena de más de 10 años de cárcel por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores y un delito de uso de información relevante. Hasta la fecha, la única persona que ha pisado la cárcel -ya no está en ella, eso sí- por el 'caso Gowex' ha sido el auditor, Díaz Villanueva, de quien el juez ha pedido nuevas diligencias esta misma semana para conocer mejor cómo trabajaba en realidad y por qué no fue capaz de destapar la falsa contabilidad de Gowex.

Sin timbre, teléfono... ni trabajadores

Los que sí se sienten liberados son los trabajadores de Gowex, que en 2016 ya se están desvinculando por completo de la compañía, que sigue en concurso de acreedores. "Ya es una empresa sin trabajadores", dicen fuentes próximas a ellos. Nadie responde al teléfono ni al timbre de la última dirección que sirvió como sede de lo que quedaba de Gowex.

En febrero, el administrador concursal, Pablo Albert, de BDO Abogados y Asesores Tributarios, aceptó la solicitud de despido de 17 de los empleados de Gowex a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y lo amplió a toda la plantilla existente entonces. "Siendo que la plantilla estaba formada por 26 trabajadores, y siendo que ante la inexistencia de actividad procede iniciar la liquidación de la compañía, el citado ERE debe extenderse a la totalidad de los trabajadores", expuso Albert al Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid. 

"Creo que si hay justicia en este país cobraremos hasta el último euro", dice un accionista. Mientras tanto, duele seguir viendo el logo en los quioscos

El primer grupo de empleados ya quedó 'liberado' de su contrato y está a la espera de cobrar los atrasos pendientes, que atenderá el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). "La mayoría de ellos está trabajando ya en otras empresas", aseguran fuentes conocedoras de su situación. Otro grupo de empleados, entre los que figura Solsona, han conocido en junio las condiciones para la extinción de su contrato. El siguiente paso es ya la liquidación. El administrador concursal ya la ha solicitado. Ahora corresponde al juzgado aprobarla. 

Mientras, los accionistas se sienten cada vez más atrapados tras dos años de espera. Los títulos quedaron congelados a 7,92 euros en la mañana del 3 de julio. Y ahí siguen sin cotizar ni posibilidad de que vuelvan a hacerlo. Como recurso, el ofrecido en distintos foros de internet, donde, como ocurre siempre en casos de este tipo, existe un mercado gris con ofertas -unas supuestas, otras reales- para quitarse las acciones de encima. 

"Soy optimista por naturaleza. Creo que si hay justicia en este país cobraremos hasta el último euro", manifiesta uno de los accionistas afectados. Dos años después, es justamente eso lo que piden los afectados: justicia. Para que no duela tanto ver todavía los carteles de Gowex, con el pulgar de su logo apuntando hacia arriba y con la palabra gratis en mayúsculas, en lo alto de los quioscos.

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