La CNMC juega con los 'tiempos políticos' para bajar las tarifas de Aena hasta un 10%

La CNMC ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil el informe preceptivo sobre el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que fijará el importe de las tasas que va a cobrar Aena a las compañías aéreas que operan en España durante el periodo 2017-2021. El organismo de regulación solicita una bajada del 2,1% en cada uno de estos cinco años, lo que supone un recorte lineal del 10,5% en clara desproporción con el planteamiento de la empresa. No en vano, el consejo de administración del gestor aeroportuario ha propuesto al Gobierno que, en el peor de los casos, las tarifas se mantengan congeladas a lo largo del próximo quinquenio.

El plazo establecido para que la CNMC formalice su dictamen finaliza oficialmente el 1 de septiembre pero la institución que preside José María Marín Quemada ha acelerado los trabajos con el fin de forzar un acuerdo con el Ministerio de Fomento antes de la formación del nuevo Gobierno. La pretensión del departamento que dirige en funciones Ana Pastor consiste en trasladar la decisión final a la vuelta del verano, lo que podría generar una especie de vacío regulatorio que favorecería los objetivos de Aena. La propuesta de la CNMC no tiene esta vez carácter vinculante y su informe corre el riesgo de convertirse en papel mojado cuando en septiembre se cierren los Presupuestos del Estado para 2017.

Los ‘tiempos políticos’ han condicionado claramente la estrategia de las autoridades de competencia que tratan de hacer valer sus galones regulatorios sobre Aena en una nueva disputa con el Gobierno. El propio titular del organismo único ha significado públicamente sus quejas por el hecho de que los dueños mayoritarios de Aena actúan como ‘juez y parte’ en decisiones estratégicas de una empresa regulada y que es clave en la ordenación de la actividad económica de España. A fin de cuentas las tarifas del gestor aeroportuario son aprobadas por Aviación Civil, un departamento del propio Ministerio de Fomento que, a su vez, actúa como socio de control en calidad de titular del 51% de las acciones del gestor aeroportuario.

La CNMC se ha erigido en un ‘martillo pilón’ para la sociedad que preside José Manuel Vargas y ha cuestionado sucesivamente la mayor parte de las iniciativas de Aena, empezando por la propia salida a bolsa en febrero de 2015, que de acuerdo con la opinión del regulador se tradujo en “una ganga colocada a precio demasiado barato”. A partir de ahí subyace un enfrentamiento que, en primera instancia, puso en tela de juicio el propio modelo de separación de costes entre las actividades aeroportuarias y las comerciales que realizan los aeropuertos de Aena. En último término, el conflicto ha estallado con la definición de la política tarifaria como elemento básico para la generación de ingresos de la compañía.

La primera colisión por todo lo alto tuvo lugar con motivo de la fijación de las tasas para este ejercicio de 2016, que a fin de cuentas constituyen la base de referencia a partir de la que ahora se va a aplicar el primer DORA para los próximos cinco años. Aena perdió la primera partida en su intento de asegurar el crecimiento cero de los precios que ya habían sido congelados en 2015 tras una subida del 0,9% en 2014. La CNMC salió al quite y planteó de entrada una reducción de los precios del 3,5% que después de un serio tira y afloja con el Ministerio de Fomento quedó fijado en un 1,9%.

La propuesta del regulador no es esta vez vinculante y Aena confía que el Gobierno acepta su propuesta de congelación de tarifas para los próximos cinco años

Todo este enfrentamiento ha dado lugar a un pleito por la vía contencioso-administrativa en el que tanto Aena como su primer accionista privado, el fondo The Children Investment (TCI), han demandado a la CNMC. Ambas denuncias representan poco más que un recurso al pataleo por cuanto el organismo regulador tenía bien amarrada la sartén por el mango para pronunciar la última palabra sobre las tasas aeroportuarias de 2016. De ello se encargó el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando otorgó al organismo regulador plenos poderes para establecer las tarifas aéreas de este año a través de una disposición transitoria introducida en la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Dicha normativa, aprobada en julio de 2014, exigía que el Ministerio de Fomento asumiera sin rechistar la propuesta de tránsito de la CNMC, pero no vincula para nada a la Dirección General de Aviación Civil en la determinación de los precios a partir de 2017. El organismo supervisor carece ahora de poderes efectivos sobre esta materia y su papel es solamente consultivo, lo que desdibuja la capacidad regulatoria de la institución. Marín Quemada se ha quejado amargamente en las últimas semanas del deterioro de competencias que la CNMC está sufriendo a manos del Gobierno en distintos segmentos de mercado, principalmente en telecomunicaciones y energía.

La pérdida de atribuciones para fijar las tarifas y el hecho de que el Ministerio de Fomento satisfaga directamente, sin mayor contrapeso, la congelación de los precios que pide Aena es una cuestión que no termina de asumir la CNMC. De ahí el interés en elevar una propuesta de bajada de tarifas al Gobierno con plazo suficiente para abrir un debate que ponga de relieve los desafíos que hoy por hoy existen en España para una libre competencia en mercados regulados. El gestor aeroportuario se saldrá previsiblemente con la suya pero el ‘Supevisor mayor del Reino’ quiere aprovechar el especial momento de tensión electoral y lanzar un grito de socorro que permita vender cara la presumible derrota.