REUNIONES TÉCNICAS SOBRE LA CIRCULAR DE PROVISIONES

Objetivo 2020: el BdE fija un plazo de cuatro años para ‘desenladrillar’ a la banca

El Banco de España mantiene reuniones técnicas con los grandes grupos bancarios para detallar la aplicación de la nueva circular de provisiones que entrará en vigor en octubre

El Banco de España ha sugerido a los responsables de los principales grupos financieros del país un estricto calendario de amortización para soltar definitivamente el lastre del ladrillo que han ido acumulando como consecuencia de la crisis económica en España. El lote de lo que en el argot bancario se denomina ‘adjudicados’, procedentes del sector inmobiliario, alcanza en la actualidad los 84.000 millones de euros, una cifra que el regulador se propone llevar a cero en el horizonte del año 2020 a razón de un 25% en cada uno de los próximos cuatro ejercicios.

Los servicios técnicos de la entidad que preside Luis Linde han dejado caer el guante en las reuniones que vienen manteniendo con los representantes del sector para definir la aplicación efectiva de la nueva circular de provisiones que entra en vigor el 1 de octubre. La normativa en cuestión supone la clave de bóveda de la futura contabilidad bancaria en España, y ha sido elaborada después de una intensa fase de consulta pública con el fin de evitar distorsiones que pudieran alterar las cuentas de resultados de los bancos españoles, en un momento especialmente crítico para el sistema financiero.

La circular 4/2016 y su Anejo IX representa, no obstante, a día de hoy el principal caballo de batalla de la banca española, que va a tener que afrontar unos requerimientos mucho más estrictos a la hora de aflorar los deterioros de su balance y establecer unas políticas de riesgo especialmente duras en un marco de escaso margen operativo. Las entidades de crédito están abocadas a lo que, dentro del sector, se empieza a considerar un verdadero ‘ejercicio circense’, algo así como un ‘más difícil todavía’, en el que se precisa mayor disposición de capital para llevar a cabo un negocio que cada vez se antoja menos rentable, dados los actuales tipos de interés tendentes a cero

El Banco de España se propone estimular una política activa de ventas de inmuebles por parte de los bancos que les permitirá liberar provisiones a futuro

A partir de este escenario, reconocido también por las propias autoridades de supervisión, los debates técnicos sobre la normalización de los estados financieros a partir del cierre de 2016 cobran especial trascendencia. Los bancos han conseguido ajustar las provisiones de los créditos dudosos a cambio de asegurar un trasvase de dotaciones que permita engrosar la nueva provisión genérica con la que se pretende cubrir la pérdida esperada de cada préstamo a partir de 2018. El Banco de España ha mostrado su lado más amable, retrasando en dos años la aplicación de esta metodología para que las entidades financieras vayan preparando el terreno sin prisa pero sin pausa.

Con esta misma filosofía, y a fin de evitar un roto de enormes proporciones en el sistema financiero, los responsables de la supervisión están apremiando a los banqueros más ilustres del país para que saquen al mercado de una vez por todas los activos acumulados como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. El Banco de España quiere ‘desenladrillar’ a la banca en cuatro años, y para ello va a introducir elementos de valoración en la nueva circular, de manera que los bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas se valoren con referencia a precios de mercado obtenidos en tasaciones individuales completas.

El ajuste del ‘ladrillo’ acumulado estos años por las entidades de crédito es uno de los motivos que inducen a buscar nueva financiación, como acaba de quedar patente con la ampliación de 2.500 millones aprobada por el Banco Popular. La entidad que preside Ángel Ron es el ejemplo que mejor explica la problemática que genera la nueva circular de provisiones en materia de ‘adjudicados’, pues no en vano su carga de inmuebles en cartera se sitúa en casi 15.000 millones de euros, con un grado de cobertura que a duras penas supera el 40%. La Caixa está más ‘enladrillada’, hasta casi los 17.000 millones, pero su colchón de provisiones se sitúa en casi el 60%.

La ampliación de capital del Banco Popular se inscribe claramente en la nueva orientación contable que el regulador quiere imponer en el sistema financiero

El objetivo final que busca el Banco de España se puede resumir en dos grandes capítulos de actuación. Por un lado, se trata de intensificar los controles sobre la política crediticia, extendiendo el control preventivo para evitar tentaciones que puedan generar una competencia insana mediante prácticas de 'dumping' que supongan la concesión de préstamos por debajo del precio de coste. A tal efecto, la referencia normativa para calcular la base razonable a la hora de otorgar un crédito incluye el coste de financiación más el coste estructural y la prima de riesgo.

En segundo lugar, se pretende estimular una estrategia activa de ventas inmobiliarias que servirá también para liberar provisiones en el sector. Los datos oficiales difundidos por el regulador en su último informe de estabilidad financiera hablan de 212.000 millones de euros en activos improductivos, de los que 84.000 millones son inmuebles adjudicados y el resto corresponde a créditos problemáticos. Son las dos caras de una misma y falsa moneda o, por decirlo más gráficamente, los dos ‘pájaros’ a los que apunta el Banco de España con el disparo de la nueva y temida circular contable de provisiones. 

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